La Cámara Federal de Casación confirmó el archivo de una causa en la que se investigaba al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el supuesto desvío de $1.600 millones provenientes de fondos públicos de la provincia para el financiamiento del Partido Justicialista.

El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la disidencia del juez Juan Carlos Gemigniani. Los jueces de la mayoría dijeron que no existió delito en las millonarias transferencias cuestionadas.

La causa se originó a raíz de una denuncia que apuntaba a la transferencia de más de 1660 millones de pesos desde una cuenta del gobierno de la provincia de Formosa en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista.

Estos movimientos se registraron entre el 2 y el 7 de octubre de 2024.

El querellante, que es el abogado David Ezequiel Gamarra, denunció que esta maniobra era ilegal y vulneraba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Argumentaron que el gobierno formoseño había dicho que había descontado a 90 funcionarios jerárquicos sumas de dinero hasta conformar esa suma como aporte al partido, cuando, según un organigrama oficial aportado por los denunciantes, solo existían 38 cargos de ese rango, sospechando que se obligaba a empleados de menor jerarquía a financiar al PJ.

Una ley provincial permite financiar al PJ con estos descuentos.

El archivo de la causa, que ya había sido dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal, se fundamenta en la “inexistencia de delito”.

La Justicia determinó que “el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias” practicadas a los haberes de los funcionarios públicos con rango jerárquico afiliados al PJ.

La justicia estableció que la operatoria estaba respaldada por normativas vigentes: las leyes nacionales de partidos políticos (23.298 y 26.215) y una ley provincial.

Pero además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio del partido se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.

Además, estas retenciones estaban amparadas por un “convenio de descuentos de haberes” firmado en 2007. Las transferencias estaban bancarizadas, documentadas y auditadas por la Justicia Electoral.

Insfrán gobierna Formosa desde hace 30 años de manera ininterrumpida. Asumió el 10 de diciembre de 1995, tras ganar las elecciones ese año. Antes fue vicegobernador entre 1987 y 1995.

Fue reelecto en 2023 con el 69,9% de los votos de los formoseños que apoyaron al PJ. Su campaña se basa en la presencia del Estado en todos los aspectos de la vida social, aunque la provincia mantiene altos índices de pobreza. Hay 167 trabajadores estatales por cada 100 privados.

La decisión de Casación se resolvió por mayoría, que declaró inadmisible el recurso de la querella.

El juez Carlos Mahiques fue el primero en votar y propuso rechazar el recurso. Mahiques consideró que los argumentos de la querella eran “insustanciales e inconducentes” y que el fiscal Javier De Luca no logró demostrar que las decisiones de las instancias anteriores fueran arbitrarias o infundadas.

Destacó que las transferencias tenían total “trazabilidad bancaria” y apoyatura legal.

El juez Borinsky adhirió plenamente a la postura de Mahiques. Argumentó que la querella solo se limitó a “reiterar su propia perspectiva sobre el caso” y evidenciar una “disconformidad”, pero sin desarrollar una crítica jurídica sólida que demostrara un defecto grave en las sentencias anteriores.

Subrayó además que no había medidas de prueba pendientes que fueran determinantes para cambiar el rumbo de la causa y que a la parte querellante se le garantizó debidamente el derecho a la “doble instancia judicial”.

El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que el recurso de casación interpuesto resultaba “formalmente admisible” y propuso continuar con el trámite procesal fijando una audiencia para analizar el caso en profundidad, aunque aclaró que esto no implicaba abrir juicio sobre el fondo de la cuestión.

Con dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar la inadmisibilidad de la queja y dar por cerrado el expediente.

Según la investigación, entre los días 2 y 7 de octubre de 2024, se transfirieron 16.000 millones de pesos en concepto de pago de haberes desde una cuenta bancaria del gobierno de la provincia de Formosa, radicada en el Banco de Formosa SA, hacia una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.

Esta última cuenta receptora pertenecía al Partido Justicialista, Distrito Formosa, presidido por el propio gobernador Gildo Insfrán.

La parte querellante denunció la operatoria como una maniobra de aparente legalidad pero “absolutamente ilegítima”. La sospecha radicaba en una diferencia de números: el Ministerio de Economía provincial informó que los descuentos aplicados a esos haberes correspondían a 90 funcionarios jerárquicos, pero la querella aportó un organigrama oficial donde figuraba que la dependencia solo contaba con 38 funcionarios con ese rango.

Ante esta discrepancia, los denunciantes aseveraron que se habría obligado a personal que no contaba con rango jerárquico a realizar aportes forzosos al Partido Justicialista local, lo que infringiría la ley.

La Justicia desestimó la denuncia al comprobar que el movimiento de los fondos tenía justificación y origen lícito, pues las sumas transferidas tenían su origen en las deducciones efectuadas voluntariamente sobre los haberes de determinados funcionarios públicos afiliados al partido, y no de un desvío ilegal.

Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios.

“Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no”, dijo Goyeneche a . Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.

Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.

Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.

Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad”.

La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.

Los jueces que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia.

Ahora los jueces que fallaron son los camaristas, que actuaron como conjueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.

La justicia entrerriana dio marcha atrás, declaró nula la resolución del 30 de noviembre de 2021 del Jury y anuló la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.

Los jueces que fallaron hoy dijeron que “se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, principalmente porque el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial”.

El fallo detalla que varios jueces del jury debieron ser apartados, por ejemplo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que ya habían intervenido como jueces en distintas etapas de una causa que originó la denuncia contra la fiscal.

El fallo señala que esta participación previa comprometía su objetividad y que, según la ley, debieron haberse inhibido por “haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa”.

En el caso del juez Juan Smaldone, dijeron que el nivel de parcialidad detectado es “patente y grave”. Por un lado, Smaldone intervino en una causa de amparo, en la que se discutió exactamente el mismo tema que luego tuvo que resolver como jurado.

Además, existía un conflicto de intereses, pues el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone por corrupción en un caso de negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, donde la fiscal intervino.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la integración de este jurado al considerar que “se violó la garantía constitucional del juez natural”.

Además de la falta de imparcialidad de los jueces, el fallo subraya que se eligió a un fiscal a dedo para la acusación contra Goyeneche. Recordó: se apartó a todo el Ministerio Público Fiscal como acusador por falta de objetividad y lo reemplazó por un fiscal “ad hoc” sacado de una lista de conjueces.

El superior tribunal de Entre Ríos resolvió que “esta decisión fue manifiestamente ilegítima y arbitraria”.

Al constatar que “el proceso nació viciado por un jurado parcial y un órgano acusador ilegal”, anuló todo y ello permitió reponer a la fiscal en su cargo.

Goyeneche dijo a que continuará con las investigaciones de corrupción, que coordinará los juicios en marcha y no descartó intervenir ella misma como fiscal en algunos de los juicios por venir.