WASHINGTON.- Mientras la administración de Donald Trump avanza con su nueva estrategia arancelaria en respuesta al duro revés que le propinó la Corte Suprema al anular un emblema de su política económica, el gobierno argentino mantuvo en las últimas horas contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse sobre el impacto en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones sellado entre ambos países este mes.

Así lo señalaron a dos fuentes al tanto del asunto. Uno de los consultados indicó que se están programando reuniones entre las partes, pero aclaró que aún es prematuro para tener precisiones sobre cómo podrían afectar al acuerdo tanto el fallo del máximo tribunal norteamericano como el nuevo arancel global temporal del 15% anunciado por Trump.

Está previsto que ese arancel -basado en una norma conocida como Sección 122, de la Ley de Comercio de 1974– entre en vigor a las 0.01 de este martes (hora de la costa este de Estados Unidos, las 2.01 en la Argentina). Estará efectivo por un período de 150 días, según establece la norma, a menos que se prorrogue a través del Congreso.

El domingo, la administración republicana había dado señales de que no desmantelará los acuerdos bilaterales alcanzados con sus socios comerciales en los últimos meses. Como la Argentina, otros países rubricaron pactos de distinta índole con Estados Unidos, negociados luego de que Trump lanzara su guerra arancelaria global en el llamado “Día de la Liberación”, el 2 de abril pasado.

En ese sentido, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el funcionario que selló junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo bilateral, señaló que esos pactos siguen vigentes y buscó separarlos del arancel global del 15% que Trump anunció el sábado.

En medio de la incertidumbre global sobre el impacto que tendrá la nueva tarifa de Trump, en el Gobierno destacaron que el contacto con los funcionarios del USTR es permanente.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. No se basaron en si el litigio arancelario de emergencia escalaría o caería. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios los respeten”, dijo Greer el domingo a la cadena CBS, y agregó que ninguno de los países que alcanzaron acuerdos comerciales con Estados Unidos había anticipado planes de retirarse tras la histórica decisión de la Corte Suprema.

En la misma línea, uno de los funcionarios consultados por explicó que la negociación del acuerdo fue “de buena fe” por parte de ambas administraciones, y que por eso hay confianza en que será respetado. El 5 de febrero, cuando se firmó el pacto en la sede del USTR en Washington, el gobierno del presidente Javier Milei anunció que sería enviado al Congreso para su tratamiento.

Este lunes, Quirno reposteó en su cuenta de X un mensaje del USTR en el que remarcó que “la administración Trump tomará medidas para garantizar la continuidad del programa arancelario recíproco y los acuerdos negociados con nuestros socios”.

El trascendental fallo de la Corte norteamericana y el contraataque de Trump generó confusión entre los socios comerciales de Estados Unidos. Ecuador, que firmó un acuerdo de comercio recíproco el 13 de febrero pasado, también inició contactos el fin de semana pasado con la administración republicana.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, señaló en X que su gobierno había activado “de inmediato los canales formales de comunicación” con sus contrapartes del USTR.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó a los transportistas que cancelará a partir de esta medianoche los códigos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (Ieepa, por sus siglas en inglés) que usó Trump. En su fallo, la Corte determinó que el presidente no tenía la autoridad para imponer esas tarifas globales bajo la Ieepa, que data de 1977.

Desafiante, Trump amenazó este lunes con aumentar los aranceles a las naciones que decidan sacar provecho con el fallo de la Corte.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión de la Corte, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, amenazó en su red Truth Social.

La ONG Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) advirtió acerca de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura apruebe un Código de Ética para Magistrados a raíz de la situación del juez Carlos Mahiques, que supuestamente celebró su cumpleaños en una quinta adjudicada a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ahora debe dictar sentencia en ese caso.

Sin nombrarlo, la organización dijo que los jueces “deben actuar con decoro, independencia e integridad y deben conservar sus más altos estándares de moralidad institucional”.

“Frente a las recientes noticias que ponen en tela de juicio la conducta de magistrados en ejercicio de su función y en ámbitos extrajudiciales, FORES reitera con firmeza que el comportamiento de quienes administran justicia debe ajustarse a los más altos estándares de decoro público y moralidad institucional”, señaló la organización, que preside Pablo Pirovano.

En una declaración firmada junto con la secretaria María Julia Fornari, desde la ONG advirtieron que “la confianza ciudadana en el sistema judicial no solo se decide por el contenido de las sentencias, sino también por la actitud de los jueces tanto en su función pública como en su vida privada”. Y reiteraron que “apariencia de imparcialidad es, en muchos casos, tan relevante como la imparcialidad misma”.

Por eso es que FORES hizo esta declaración con la idea de hacer “un llamado urgente a los actores institucionales”, y en particular “al Consejo de la Magistratura de la Nación”, para que avance sin dilaciones en la aprobación de un Código de Ética para Magistrados.

Este proyecto está en tratamiento y contó con adhesiones del ámbito jurídico.

“La existencia de un código ético claro y obligatorio para magistrados federales y nacionales constituye un instrumento indispensable para fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la legitimidad institucional”, dijo FORES.

Remarcó que un catálogo de este tipo establece “pautas de conducta exigentes que rijan tanto el ejercicio de la función como la vida privada” de los jueces y que “su aprobación es una condición de gobernanza democrática y de protección del Estado de Derecho en la Argentina”.

La dirigencia política y judicial reaccionó a la revelación de sobre el último cumpleaños del juez Juan Carlos Mahiques, que celebró en una quinta de Pilar presuntamente ligada a Pablo Toviggino, número dos de la AFA.

Mahiques negó los hechos, aunque otros jueces invitados confirmaron haber asistido al festejo.

La información adquiere relevancia porque el magistrado, junto con los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico, donde se inició, o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados.

Los trascendidos hasta ahora señalan que con esa integración hay pocas chances de que los jueces admitan que la causa quede en el fuero penal Económico y todo hace pensar que se quedaría en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, está vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

La defensa de Tapia y Toviggino hizo presentaciones para que el caso quede en el juzgado federal de Campana.