Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron el aumento salarial del 3% propuesto por el gobernador Axel Kicillof y convocaron a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha en la que estaba prevista en inicio de clases en el distrito. Según registros de septiembre de 2025, la provincia contaba con uno de los salarios brutos más bajos de la región centro del país, aunque, a nivel nacional, es la región noroeste la que presenta los peores montos.

El dato surge de comparar el salario bruto de un maestro de grado sin antigüedad para cada provincia para el tercer trimestre del año pasado, la última información publicada por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. El monto no incluye descuentos, es decir, no representa lo que cobra en mano un docente.

En septiembre pasado, el haber de un maestro bonaerense sin antigüedad fue de $883.734, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, esa cifra ascendía a $904.326. Otras provincias de la región centro contaban con salarios incluso más elevados: en Córdoba, el monto equivalía a $1.090.466, mientras que en Santa Fe era de $952.765.

En la zona centro del país, el salario bonaerense solo superaba al de Entre Ríos, donde el haber bruto era de $798.285.

En el distrito gobernador por Frigerio habrá una audiencia paritaria el próximo 23 de febrero.

El haber bonaerense era más elevado, sin embargo, que el salario de la mayor parte de la región de Cuyo y el noroeste argentino. Esta última es la región que presentaba, a septiembre de 2025, los peores ingresos docentes sin descuentos.

En Mendoza y San Juan, el salario bruto de un docente sin antigüedad se ubicaba a fines del tercer trimestre del año pasado en $806.322 y $822.887, respectivamente. Esos montos guardaban una brecha significativa con San Luis, donde la remuneración llegaba a $922.972.

Jujuy, por su lado, contaba con un salario de $837.898, mientras que en La Rioja y Tucumán, los valores trepaban a $869.950 y $844.539, respectivamente. Santiago del Estero lideraba la región con un haber sin descuentos de $888.351 -el único mayor al de la provincia de Buenos Aires- y, en el extremo contrario, se encontraban Catamarca ($741.186) y Salta ($673.758).

En Misiones, por su lado, la remuneración alcanzó en septiembre del año pasado $773.735. Tanto Formosa ($893.585) como Chaco y Corrientes -donde los salarios brutos superaban el millón de pesos ($1.028.737 y $1.085.931) contaban, según la última medición oficial, con haberes superiores a la provincia de Kicillof.

“Las provincias del sur tienen salarios un poco más altos”, señaló Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), a . El ranking lo lideraban Neuquén y Santa Cruz con montos brutos que, de acuerdo a los registros de septiembre, llegaban a $1.762.190 y $1.449.138. Le seguía de cerca Tierra del Fuego, con montos de $1.414.994, pese a que la provincia enfrentó varias protestas docentes en reclamo por actualizaciones salariales en 2025.

La comparativa provincial se completa con Río Negro ($1.217.131), La Pampa ($1.059.944) y Chubut ($874.641).

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A través de una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y el desalojo sería inminente.

Si bien las diversas causas vinculadas a la comunidad están en la Corte Suprema, lo cierto es que la queja presentada por su abogado ante el máximo tribunal no suspende la ejecución de la sentencia del año pasado, que ordenaba el desalojo. Una de las acciones había sido iniciada por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por una propiedad que compró en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.

En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino consideró acreditado el título de propiedad de Ginóbili y dio un plazo de 30 días para el desalojo de la comunidad mapuche. Cuando se quiso ejecutar esa sentencia, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente y el abogado del lof Paicil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa competencia. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó Sánchez.

Sumó que, en paralelo, mantenían una instancia de diálogo con el municipio de esa localidad neuquina, que “a esta altura parece que está quebrada”. De todas formas, está pendiente que el abogado de la comunidad mapuche presente un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.

El conflicto con Ginóbili comenzó por un terreno de alrededor de 20 hectáreas. Según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Ginóbili “fue estafado” al comprar los lotes. De acuerdo con el lof Paicil Antriao (que administra un camping en el lago Correntoso), esas tierras fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.

El juez Bonorino sostuvo en su sentencia que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.

“La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, señalaron desde la comunidad tras conocerse el fallo.

Las comunidades mapuches también consideraron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con diversos desalojos, como los que enfrentan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.

En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto se originó a finales de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que las personas de esa comunidad ingresaron en su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero la ejecución se encuentra frenada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.

Finalmente, Sánchez advirtió que la comunidad Paicil Antriao enfrenta millonarias multas por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no se las quiere dar), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para que no puedan llevar adelante actividades y también apelé esa clausura”.