Este fallecimiento se suma a una larga lista de trabajadores afectados por el material cancerígeno, que desde 2018 comenzó a ser identificado en los vagones del subte. Francisco Ledesma destacó que, hasta la fecha, son 107 los trabajadores afectados, de los cuales cinco están luchando contra el cáncer provocado por la inhalación de fibras de asbesto.

El reclamo de los Metrodelegados no es nuevo. Desde el descubrimiento del material en 2018, el gremio exige con urgencia la retirada del asbesto y la renovación de la flota de trenes, un problema que se agudiza con cada nuevo caso de afectación. «Estamos expuestos todos los días a un material que puede generar cáncer en las vías respiratorias. Las autoridades no tienen la misma urgencia que nosotros», lamentó Ledesma, quien también criticó la falta de decisión política del gobierno de la Ciudad para resolver la situación.

Además, el gremialista recordó que, aunque el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, prometió un plan de recambio de flota, la situación sigue siendo alarmante. «Nos dijeron que en diciembre anunciarán qué empresa ganará la licitación para la compra de nuevos vagones, pero todavía falta mucho para que se eliminen los 300 toneladas de asbesto que siguen en los trenes», añadió.

La lucha no se limita a las denuncias públicas y los paros. Ledesma detalló que, tras una acción judicial, la justicia obligó al gobierno porteño a realizar controles médicos periódicos a los trabajadores afectados y a los jubilados. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para acelerar la eliminación del asbesto, y la cifra de afectados sigue en aumento.

El caso de Jorge Navarro, quien falleció tras meses de tratamiento paliativo en terapia intensiva, es sólo un ejemplo del sufrimiento que viven los trabajadores. «Es una enfermedad cruel que consume a la persona lentamente. El pulmón se convierte en un cartón y la muerte llega por asfixia», explicó Ledesma.

Para el gremio, la solución está clara: la eliminación inmediata del asbesto, la renovación de la flota y un control médico riguroso para los trabajadores y jubilados. «No podemos seguir esperando. Todos estamos expuestos, tanto trabajadores como pasajeros. Esto es un problema de salud pública», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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