En una nueva muestra de descontento y desacuerdo dentro del Concejo Deliberante, la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento de Transporte dejó en evidencia las crecientes tensiones entre los ediles y los empresarios del transporte urbano de pasajeros. La situación se agravó tras la reciente oferta de los empresarios de reducir la tarifa en un modesto 5%, a pesar de haber recibido un subsidio provincial retroactivo destinado a compensar la falta de fondos por parte del Gobierno Nacional.

Julián Kristiansen, concejal de Unión por la Patria, expresó su frustración. Kristiansen, junto a otros concejales de su bloque y del radicalismo, criticó duramente la respuesta de los empresarios, considerándola insuficiente y desalentadora. El subsidio provincial, que se ha entregado en forma retroactiva para cubrir el déficit dejado por el gobierno nacional, parecía no haber sido un factor decisivo en la propuesta de reducción tarifaria.

Kristiansen anunció que Unión por la Patria presentará un Proyecto de Resolución para derogar la declaración de Emergencia en el transporte, argumentando que la medida ya no tiene sentido dado que la provincia ha cubierto en su totalidad los subsidios necesarios, incluso de manera retroactiva. La emergencia había sido implementada para enfrentar la crisis de financiamiento y garantizar un mínimo de servicio durante la falta de apoyo federal.

Sin embargo, el ambiente en el Concejo Deliberante no es tan uniforme. Kristiansen indicó que otros bloques no respaldarían esta propuesta de derogación y prefieren que la emergencia se mantenga hasta completar los seis meses originalmente previstos. Esta postura refleja una división en la estrategia a seguir, entre quienes creen que la situación justifica una continuidad de la emergencia y aquellos que opinan que las nuevas circunstancias invalidan su necesidad.

La controversia plantea una pregunta crucial sobre la eficacia y el propósito de las medidas de emergencia en contextos cambiantes. Mientras la provincia ha tomado medidas para mitigar el impacto económico en el transporte, el desacuerdo sobre si continuar con la emergencia o no refleja una falta de consenso sobre el mejor camino a seguir.

Este conflicto entre concejales y empresarios subraya un problema más amplio en la gestión del transporte urbano: la dificultad de alinear las necesidades del servicio con las realidades económicas y políticas. La resolución final sobre la emergencia y la respuesta empresarial podrían tener implicaciones significativas para la forma en que se abordan los desafíos del transporte urbano en el futuro cercano. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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