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Otra caja negra: en 2023, el Gobierno giró sin control más de US$1000 millones a 16 fondos fiduciarios

Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso que regula los fondos fiduciarios. (Foto: Juan Pablo Cháves / TN)La caja negra de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: Presupuesto Abierto. La caja de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo.

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Los fondos fiduciarios son una caja multimillonaria que desde hace décadas los gobiernos utilizan a su gusto y sobre los que no hay prácticamente ningún control. Tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia se abre un interrogante sobre el uso discrecional que se le podría dar a esta herramienta, que en 2023 recibió miles de millones de pesos de parte del Estado.

Según un análisis de TN del sitio Presupuesto Abierto, este año el Estado Nacional les giró a 16 de estos fondos unos U$S1.037.615.477 ($858.108.000.000 millones) que se destinaron a diversas áreas: desde Infraestructura del Transporte hasta el Fondo de Integración Socio Urbana para urbanizar barrios populares. La cuestión radica en que los controles sobre estos fondos son laxos y que las revisiones que efectúa la AGN y la Sindicatura General de la Nación es a posterior de la utilización de los recursos, es decir, no se auditan en la previa sino después.

Los fondos fiduciarios (como se conoce a los fideicomisos que son públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza, pero que expertos en materia de anticorrupción y finanzas tienen en la mira por la falta de auditorías sobre el dinero que a estos se les transfiere y la manera en la que se utilizan los fondos.

Qué son los fondos fiduciarios

La caja negra de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: Presupuesto Abierto.
La caja negra de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: Presupuesto Abierto.

Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante) transfiere bienes o millonarias sumas de dinero a entidades -por lo general bancarias- (fiduciarios) para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que colocan interrogantes sobre esta regla.

En el proyecto de Ley que Milei envió al Congreso, el Presidente intenta aumentar su control sobre estos fondos y si bien advierte que podría cerrar algunos de estos, también deja la puerta abierta a crear otros. El artículo 4 marca: “Crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.

Lee también: El DNU de Milei entra en vigencia, pero surgen nuevas dudas sobre cómo puede avanzar en el Congreso

Si se aprueba su proyecto de ley, el jefe de Estado podría usar estas cajas a discreción para emergencias económicas, catástrofes o para inyectar dinero en proyectos de particular interés. Actualmente, hay 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto de entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones.

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Llamativamente, hay un fondo que incluso que el Presidente quiere fortalecer. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana, al que en 2023 el Estado le giró $10 mil millones. El artículo 338 estableció que “lo recaudado de las multas referidas en presente Sección, será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.

La caja de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo.
La caja de la política: el Estado le giró a 16 fondos fiduciarios más de U$S1000 millones sin control. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo.

Para referentes de la oposición, no son transparentes los gastos que tienen los fondos fiduciarios, ni se publican las compras y contrataciones realizadas por estos y no siempre está claro que el dinero se destine al objetivo con el que fue fundado y creado al fondo.

Los fondos fiduciarios reciben dinero de impuestos, gravámenes o transferencias directas del Estado nacional. En 2023 los que más dinero recibieron de las arcas públicas son:

  • Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT): en 2023 el Estado le giró $415 mil millones.
  • Fondo Fiduciario PROCREAR: en 2023 el Estado le envió $102.000 millones para gastos de capital.
  • Fondo Fiduciario para subsidios a consumos residenciales de gas licuado de petroleo (ley 26.020): en 2023 se le giraron $68 mil millones.
  • Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP): en 2023 el Estado le entregó $19 mil millones y otros $23 mil millones para gastos de capital.
  • Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: en 2023 le entregaron $16 mil millones.

En el Presupuesto 2023 del Ministerio de Economía de la Nación se distinguían 29 fideicomisos, que de acuerdo a un análisis de TN tuvieron ingresos totales por $1.46 billones, una enorme masa de dinero que en buena medida sale de las cuentas públicas: $858 mil millones corresponden a transferencias directas del Tesoro Nacional.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) realizaron auditorías sobre tan solo 15 de los fondos fiduciarios y en algunos casos fueron controles que se realizaron por única vez hace más de 10 años. Además, son escasos los documentos actuales que pueden hallarse en los registros públicos de ambos organismos.

La Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de ley para transparentar los fondos fiduciarios integrados de manera total o parcial por fondos del Estado Nacional a través de la creación del Registro Nacional de Fondos Fiduciarios como una herramienta centralizada para documentar, supervisar y divulgar información relevante sobre la existencia y gestión de fondos fiduciarios en el ámbito del Ministerio de Economía.

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Los intendentes bonaerenses presionan por una nueva reelección

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Días de tensión atraviesa la provincia de Buenos Aires, entre la discusión del presupuesto 2025, el endeudamiento y la designación de jueces, entre otros temas pendientes, incluida la demanda de los intendentes peronistas bonaerenses, que presionan a un gobernador escaso de votos con diversas demandas a cambio de socorrerlo en su búsqueda de las mayorías legislativas indispensables.

Las reelecciones indefinidas de intendentes fueron prohibidas en 2016, pero luego, rosqueo político mediante, autorizadas por única vez, con el aval no sólo de los peronistas, sino también de los radicales y los del Pro que se verían afectados. Sin un horizonte de reelegibilidad, automáticamente los alcaldes se convierten en cadáveres políticos, pero no la tienen fácil, sobre todo aquellos que lo desean pero no pueden salir abiertamente a respaldarla por sus compromisos políticos con los libertarios o con el Frente Renovador, que fue la fuerza que, en su momento, le acercó los votos faltantes a María Eugenia Vidal para ponerles térmno.

Durante la presente semana más de una docena de intendentes peronistas se reunieron con Axel Kicillof y con sus legisladores para tratar de instalar el tema, y trataron de presionar para conseguir su apoyo exigiéndola como moneda de cambio por los votos que podrían acercar al gobernador en la discusión del proyecto de endeudamiento por unos 2.000 millones de dólares, de los que luego recibirían un porcentaje los 135 municipios en los rubros de seguridad y obra pública, la aprobación del presupuesto y otras cuestiones pendientes de tratamiento legislativo.

Todo transcurre, hasta ahora, entre bambalinas, sin ruido ni amenazas de demostraciones masivas. Los intendentes tienen en claro que su reclamo no goza de popularidad, pero precisan su aprobación como precisa el agua el viajero en el desierto. Saben que no es viable aceptar ser reemplazado por alguien de su entorno: la experiencia demostró que eso sólo lleva a la catástrofe y la atomización de su fuerza política.

Los intendentes aseguran contar con el respaldo de la “voluntad popular” de los vecinos, y que una norma no puede reemplazar sin más a la voluntad soberana. También tienen en claro que, con el nuevo sistema electoral, que ha separado los comicios provinciales de los nacionales, la posibilidad de la reelección indefinida los volvería prácticamente vitalicios, muy por encima del propio gobernador, que apenas tiene un período electoral para ser reelegido. Los gobernadores pasarían, mientras que los municipios se convertirían en una especie de señoríos cuasi feudales.

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Para el caso de que no encontraran eco en la gobernación, los alcaldes guardan la carta del recurso judicial, aunque confían en que no tendrán que aplicarlo, ya que una negativa del gobernador tendría gravísimas consecuencias para la gobernabilidad de una provincia con lábiles mayorías legislativas.

También tienen en claro que, tácita o explícitamente, conseguirán el apoyo legislativo de sus pares del Pro y de la Unión Cívica Radical.

Por ahora sólo comienza a plantearse la cuestión, pero, en las actuales circunstancias de difícil gobernanza a nivel nación y provincia, por la dispersión de votos parlamentarios y las crisis internas de todas las fuerzas políticas, los intendentes tienen en claro que es el momento de dar el golpe. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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