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POLITICA

Patricia Bullrich echó al secretario de Seguridad y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción

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La ministra Patricia Bullrich le pidió la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por incongruencias en las labores de funcionario público. ”Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión”, anunció en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que la salida se dio “por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”. Además, remarcó que hizo “la correspondiente denuncia a la Oficina Anticorrupción para que tome intervención”.

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“Esta licitación de servicios de comida es un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15″, aseguró la ministra. Por último, indicó que en “la gestión del presidente Javier Milei, la transparencia es nuestra bandera”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle (Foto: NA – Daniel Vides)

El despido de Ventura Barreiro, el funcionario que manejaba la botonera de la cartera en la diaria y que había tenido un fuerte protagonismo en los operativos antipiquetes en las calles, provocó un cimbronazo en la estructura de PRO.

Es que en el PRO, lo interpretan como una represalia de la ministra por la pelea perdida en el partido bonaerense. En su disputa con Mauricio Macri, Bullrich jugó fuerte en su alianza con Diego Valenzuela y terminó peleada con Cristian Ritondo y la mayoría de los intendentes del partido.

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Así, la decisión de Bullrich provoca otra interna en el Gobierno, después de que en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello también echara a un funcionario clave por un posible caso de corrupción, en medio del escándalo por el reparto de alimentos a los comedores.

En ese caso fue Pablo De la Torre, quien se desempañaba como secretario de Niñez y Familia. El ministerio de Capital Humano responsabilizó a De la Torre por los alimentos comprados por la administración de Alberto Fernández que nunca se repartieron y quedaron guardados en los depósitos de Villa Martelli (Vicente López) y Tafí Viejo (Tucumán), luego de que el juez Sebastián Casanello ordenara que los repartieran de manera inmediata.

Patricia Bullrich, Ministerio de Seguridad, despidos

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La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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