El resultado de las investigaciones sobre el otorgamiento fraudulento de una cantidad significativa de pensiones por invalidez durante las gestiones del kirchnerismo constituye otra grosera muestra de dispendio de dinero público, usado como moneda de cambio para favores políticos en beneficio de personas que no tenían problemas de salud.

Después de analizar los resultados de una auditoría médica que abarcó 2559 casos, el Gobierno anunció, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que controlará los beneficios “uno por uno”.

Esa auditoría, a cargo de un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), detectó que apenas el 7% de quienes cobraban las pensiones observadas –algunos casos estaban judicializados y otros fueron elegidos al azar– reunía los requisitos para tener el beneficio. A partir de esos resultados se estimó que habría existido en 2023 un perjuicio al Estado por fondos mal asignados por 3400 millones de dólares.

Las pensiones por invalidez implican, lógicamente, la derivación de recursos públicos. La política para la asignación de esos ingresos debería enfocarse en garantizar que la ayuda llegue a personas que sufren vulnerabilidad social y económica y que, por condiciones físicas o mentales, no pueden desarrollar a pleno tareas laborales. No obstante, y como era costumbre durante las citadas gestiones, se repartieron sin el menor control y para favorecer a quienes no las necesitaban. Si no hay dudas de que ese fraudulento accionar fue un perjuicio económico de magnitud para las arcas públicas, menos duda queda de la falta de sensibilidad de quienes las otorgaban en perjuicio de quienes verdaderamente las merecían.

Ya durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se denunciaron irregularidades en las altas de pensiones otorgadas en años previos y se decidió dejar de pagar miles de prestaciones. Se supo entonces, por ejemplo, que en cuatro pequeñas localidades de la provincia de Córdoba había más pensionados por invalidez que habitantes.

En esos años se habían hecho ya públicos números muy llamativos: mientras que en 2003 el Estado nacional pagaba 79.581 pensiones por invalidez, según los datos de la Andis, al término de la presidencia de Cristina Kirchner, a fines de 2015, la cifra había llegado a 1.045.185. En los siguientes años, el dato varió leventemente y, en 2019, las pensiones eran 1.026.993. Cuatro años después, sobre el final de la gestión de los entonces presidente y vicepresidenta, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, había 1.215.548 pensiones de ese tipo. ¿Qué podría explicar el incremento que hubo a lo largo de las últimas dos décadas, con el paréntesis de 2016 a 2019, en un país que no sufrió una guerra reciente? Un descaro a toda prueba.

“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, dijeron voceros de la Andis, dirigida por Diego Spagnuolo.

Durante la conferencia de prensa en la que se refirió al tema, Adorni mencionó casos como el del uso de una misma radiografía de hombro para gestionar 150 pensiones.

Según la auditoría, las zonas más “calientes” en cuanto al otorgamiento de beneficios fraudulentos son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires. El caso de Chaco es escandaloso: casi la mitad de la población en condiciones de trabajar los recibe. Muchas de esas personas los obtuvieron a través de certificados truchos, entre otras tantas maniobras ilegales que ya fueron denunciadas ante la Justicia. Precisamente en esa provincia, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que existe una investigación iniciada a principios de 2023. Está focalizada en la localidad de Taco Pozo y permitió detectar, por ejemplo, pensiones a favor de personas que habían tenido una torcedura de tobillo o enfermedades no invalidantes. En esa causa hay 13 imputados, acusados de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública; entre ellos hay médicos, funcionarios y personal administrativo.

Las pensiones no contributivas por invalidez se rigen por el decreto 432 de 1997. Hasta no hace mucho, esa norma del Poder Ejecutivo Nacional establecía que, para acceder al cobro, la persona debía estar incapacitada “en forma total y permanente”, y definía que se presumía tal situación si un servicio médico oficial certificaba una disminución de 76% o más “en la capacidad laborativa”. Especificaba, además, que la certificación podría ser revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo creyera conveniente, un sinsentido en el caso de quienes sufren discapacidades permanentes, que no revierten, obligados año tras año a tramitar la renovación del beneficio.

Un decreto de 2023 derogó esos requisitos y hoy la definición oficial indica que la pensión es un pago para “personas que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”. Se determinó también que el cobro no es incompatible con el trabajo bajo relación de dependencia o bajo una modalidad de cuentapropismo. Esa flexibilidad en las condiciones para el otorgamiento refuerza la conclusión extendida respecto de la susceptibilidad al fraude que tiene el sistema. A juzgar por lo detectado en las auditorías, no sería una susceptibilidad derivada de normas recientes, sino de más larga data.

Cuando se cree que ningún negociado de la era kirchnerista puede ya llamar la atención, surgen estas revelaciones que tienen el agravante de que, además de confirmar cómo se dilapidaron los dineros públicos, dan fe que se usó como variable del delito la vulnerabilidad de muchas personas a las que el supuesto “Estado presente” abandonó sin más.

Cabe esperar que se analice cada una de esas prestaciones, que los culpables de haberlas concedido de forma fraudulenta rindan cuentas y que la Justicia los condene como corresponde.