Desde la vicegobernadora Verónica Magario, hasta intendentes, concejales y ministros de la provincia de Buenos Aires, las listas de todas las fuerzas políticas se llenaron de funcionarios a los que aún les restan dos años de mandato y se volvió a abrir el debate sobre las candidaturas testimoniales.

Aunque las testimoniales no están prohibidas, ningún candidato reconoce que echará mano a ese recurso. Sin embargo, según pudo saber TN, la mayoría lo hará. En el peronismo, su uso dependerá de la fuerza política de pertenencia, pero también de los cargos para los que se presentan.

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El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ahora de La Libertad Avanza, aseguró que asumirá el cargo de senador en caso de ser electo por la Primera Sección Electoral, algo que da por descontado, al ser cabeza de lista.

Además, varios intendentes que quedaron fuera de las grandes alianzas irán con candidaturas testimoniales en boleta corta. Entre ellos, los del PRO Jaime Méndez (San Miguel), Javier Martínez (Pergamino) y Santiago Passaglia (San Nicolás), y el libertario Ramiro Egüen (25 de Mayo).

La doble estrategia de Fuerza Patria

En Fuerza Patria se plantean dos estrategias diferentes. Por un lado, las listas de las ocho secciones electorales y por otra, las de los concejos deliberantes.

Para las candidaturas a legisladores bonaerenses, en el ala dura k aseguran que Cristina Kirchner dio la orden de rechazar las candidaturas testimoniales. A horas de haberse cerrado las listas, los intendentes de La Cámpora aseguran que asumirán sus bancas en caso de ser electos.

“Como militantes políticas, sabemos que no hay lugares menores: hay responsabilidades que asumir. Por eso, quiero contarles, que soy candidata a diputada provincial”, escribió la intendenta camporista Mayra Mendoza, en su cuenta de la red social Instagram. Y agregó: “A partir del 10 de diciembre próximo, estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la legislatura provincial”.

El mandato de la expresidenta es claro: los candidatos kirchnersista no serán testimoniales. Sin embargo, durante los próximos cinco meses todo podría cambiar.

En el caso del Movimiento Derecho al Futuro -que lidera el gobernador Axel Kicillof- no hay un mandato verticalista en ese sentido, por lo que la decisión dependería de Magario y los propios jefes comunales. En el kicillofismo creen que para enfrentar al presidente Javier Milei deben jugar con sus mejores nombres, asuman o no. Similar al planteo de Néstor Kirchner en 2009.

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Sergio Massa reconoció haber cometido su peor error político al aceptar ser candidato testimonial aquel año, por lo que todo indica que el Frente Renovador rechazaría esa posibilidad.

Pero para las candidaturas de los jefes comunales como concejales todo cambia. Ahí sí serían testimoniales. La mayoría de los intendentes que encabezan las listas locales lo hacen bajo la premisa de que traicionarían la suficiente cantidad de votos como para asegurarse un triunfo y garantizar cierta estabilidad en sus últimos dos años de mandato.

La estrategia de apelar a las candidaturas testimoniales

La estrategia de usar candidaturas testimoniales no es nueva, pero se instaló cuando en 2009 la usó el peronismo para llevar el nombre de Néstor Kirchner en la boleta bonaerense, junto al entonces gobernador Daniel Scioli; Massa, que era jefe de Gabinete nacional, y la artista Nacha Guevara. Solo el expresidente asumió su banca y, aunque el radicalismo las impugnó, la Justicia rechazó el pedido.

Así quedó habilitada la posibilidad de que un dirigente integre una lista sabiendo de antemano que no va a asumir el cargo. El PRO intentó prohibirlo por ley, pero tampoco prosperó. Este año reflotarán ese proyecto.

Este año, nuevamente se instaló el debate tras conocerse que la vicegobernadora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y varios intendentes de distintas fuerzas políticas formarán parte de las listas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El camino para eludir la prohibición de reelección

Pese a que la mayoría de las candidaturas podrían terminar siendo testimoniales, algunos intendentes analizan la posibilidad de asumir los cargos en caso de ser electos, para sortear la prohibición de ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos.

La ley 14.836 reformó la Ley Orgánica de las Municipalidades en 2016, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal. “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, dice el texto. Y aclara que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

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En 2019, intendentes de distintas fuerzas políticas pidieron licencia o renunciaron a sus cargos, para no completar su segundo mandato y tener la posibilidad de volver a presentarse en 2023.

Ese vacío legal que dejó la ley podría ser usado este año. Podrían jugar con las licencias a uno u otro cargo, para no completar mandatos de cuatro años y quedar habilitados para presentarse en 2027.

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Por el hecho, fue citado a indagatoria el gendarme Héctor Guerrero,LA NACION reconstruyó cómo la trayectoria del proyectil desmiente la versión oficial,#Segurola,pic.twitter.com/dPsayh7KMz,July 21, 2025,Conforme a,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,,Entre gritos y aplausos. Así fue el traslado del fotógrafo Pablo Grillo a un centro de recuperación luego del alta,,Casi tres meses internado. Pablo Grillo fue dado de alta y continuará su tratamiento en un centro de rehabilitación

El Gobierno nacional convocó este lunes a los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a una nueva instancia de negociación paritaria. Lo hizo a través de una comunicación, compartida luego por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales. El encuentro se realizará este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en un contexto de fuertes tensiones salariales y tras varios meses en los que el reclamo de recomposición salarial ha sido repetido de parte de la dirigencia estatal.

La convocatoria fue realizada con carácter de urgente en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo. La cita es para este miércoles 23 de julio a las 15 horas, en las oficinas de la cartera laboral de la avenida Callao, en la Ciudad de Buenos Aires.

La reactivación de la mesa de discusión surge luego de una serie de reclamos de los gremios estatales que acusan un deterioro de los salarios y la necesidad de actualizar los haberes del personal público frente al avance de la inflación. Según expuso Aguiar en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), la expectativa del sindicato apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 19 meses de la administración del presidente Javier Milei.

El dirigente de ATE señaló que la reanudación de la paritaria representa una oportunidad para avanzar en la reparación de los ingresos de los empleados estatales, que según el gremio sufrieron un descenso significativo en su capacidad de compra. En ese sentido, anticipó que reclamarán un ingreso mínimo de $1.869.000 para toda la Administración Pública Nacional, cifra que, según sus estimaciones, permitiría cubrir el costo de la canasta familiar y garantizaría el derecho constitucional a una retribución justa.

“Te anticipamos que no vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo. Se necesita $1.869.000 de ingreso mínimo en toda la Administración Pública. Es nuestro derecho constitucional a una retribución justa. Es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”, escribió el titular de ATE, arrobando la cuenta del presidente Javier Milei.

El antecedente de esta negociación data del mes de abril, cuando el Gobierno nacional decidió otorgar un aumento salarial del 3,9% para el trimestre marzo-mayo, distribuido en tres incrementos consecutivos de 1,3% cada uno, junto con un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo.

La medida en aquel momento fue anunciada un día después del paro general convocado por la CGT, y aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en la administración pública, pero rechazada de plano por ATE.

Aguiar ya había calificado aquel aumento como un “hachazo” al salario estatal y cuestionó duramente tanto al Gobierno como a UPCN. “En el Estado le prestan un ratito la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos. Debiera estar prohibido por ley firmar aumentos que se ubiquen por debajo de la inflación. No puede ser que sigan firmando el 1% mensual. Es indigno”, afirmó el dirigente

“Las negociaciones salariales en la primera parte del año tienen saldo negativo para los estatales: en enero y febrero los aumentos (1,5% y 1,2%) quedaron por debajo de la inflación (2,2% y 2,4%)”, dijo el titular de ATE aquella oportunidad y precisó que, en el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, los aumentos salariales sumaron 16,2%, mientras que la inflación acumulada fue de 32,6%, es decir, menos de la mitad que la inflación.

Aguiar acusó al Gobierno de “destrozar los ingresos en el sector público” y de utilizar el ajuste de salarios y jubilaciones para “compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos”.