Proveniente de fuentes anónimas que lo denunciaron ante ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, se acusó a la cúpula de esta institución policial de implementar un sistema de recaudaciones ilegales por cifras millonarias en perjuicio del estado. Se trata de la primera denuncia de este tipo que sacude a la gestión del recientemente nombrado ministro de Seguridad, Javier Alonso.

A través de un correo electrónico sin identificar a su emisor, además de Cosentino se involucró al superintendente de Institutos, comisario general Leandro María Sarlo; el oficial principal Darío Gasto González, quien se desempeña como jefe de la Escuela de Tiro; su par del subescalafón administrativo Gabriela Cecilia Gauna; la teniente Carolina Elida Vargas; y la subteniente Natalie Daiana Becerra.

Como forma de obtener caja negra para sus bolsillos, fueron acusados de obtener el 30 por ciento de cada contrato docente más una parte de los viáticos bajo amenaza -que en algunos casos se habrían cumplido- de aplicar una sanción o traslado a quien no abone esta suerte de diezmo.

Según se desprende de la denuncia, la recaudación ilegal de la gestión de Axel Kicillof se engrosaría aún más haciendo figurar como presentes a efectivos que no concurren a jornadas de capacitación. En el caso del módulo que se desarrolla de lunes a viernes, se pasaría como presente un promedio diario de veinte efectivos ausentes que, a 12 mil pesos per cápita, totaliza 240 mil cada veinticuatro horas. Serían 4.800.000 al mes.

En materia de jornadas de tiro, que son cinco turnos por día, pasando como presentes -cuando no lo están- a cinco policías, suman veinticinco efectivos por jornada. A un valor de 8 mil por persona, con un subtotal de 200 mil diarios, serían 4 millones de pesos mensuales. Si bien todavía no los aportaron, los denunciantes aseguran que cuentan con varios mensajes y audios de WhatsApp, donde se reclamaría el dinero a nombre de la jefa del centro de entrenamiento platense.

Las municiones también habrían sido botín de esta red de corrupción porque cada día hay veinticinco efectivos que disparan veinte municiones cada uno, totalizando quinientas municiones a 35 mil por caja que suman 350 mil pesos.

Según el mail en poder de la fiscalía bonaerense, las municiones acopiadas ilícitamente se entregarían los primeros días del mes al jefe del centro de entrenamiento policial de Quilmes, Hugo Tuseri, para su posterior venta en el Tiro Federal local y tres armerías de esta localidad bonaerense.

Para ser comercializadas de forma expeditiva, se las vendería a 20 mil cada caja de cincuenta unidades arrojando un importe mensual de cuatro millones de pesos. La ganancia ilícita ascendería a 12.800.000. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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