La dirección nacional del Antártico (DNA) reafirma su rol como la autoridad exclusiva en la regulación de las actividades de Argentina en el continente antártico. Según la ley 18.513 y en cumplimiento con el Tratado Antártico, la DNA tiene la responsabilidad de coordinar y supervisar todas las actividades antárticas del país. 

Los trabajadores de la DNA han expresado públicamente su firme oposición a esta propuesta. Señalan que la administración de bases como Carlini y Brown, junto con otras instalaciones, son cruciales para la consolidación de la dirección como la autoridad de aplicación ante los países miembros del Tratado Antártico. Según fuentes ligadas a la dirección, el traspaso afectaría profundamente la capacidad de la DNA para cumplir sus responsabilidades en la región.

En relación a las repercusiones internacionales de este traspaso, el periódico chileno La Segunda publicó un artículo, el pasado 5 de septiembre, informando sobre la decisión de Argentina de transferir la administración de las bases antárticas Carlini y Brown y otras instalaciones antárticas al ministerio de Defensa. El medio calificó la medida como un «traspaso camuflado», que estaría incumpliendo compromisos históricos asumidos por Argentina en la Antártida. La noticia subrayó la preocupación de la comunidad científica y diplomática sobre el impacto que este cambio podría tener en la autonomía operativa de la dirección nacional del Antártico, sugiriendo que la medida socava décadas de liderazgo argentino en la región y debilita su rol en el sistema del Tratado Antártico.

Se entiende que este traspaso no es simplemente una cuestión logística. Estas bases son centros neurálgicos para la investigación científica de vanguardia, donde se fortalecen redes de cooperación internacional y se reafirma el compromiso de Argentina con la protección del ambiente antártico. En un contexto de cambio climático y crecientes intereses geopolíticos en la región, resulta esencial que la DNA mantenga la administración y control de estos recursos estratégicos.

El decreto 638/2018, que asigna la administración de las bases al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), no altera las competencias exclusivas de la DNA en cuanto al control y política antártica. Cualquier acción que se aparte de esta estructura regulatoria es, lisa y llanamente, una violación de la ley. Según fuentes entendidas en materia antártica, “el ministerio de Defensa siempre ha buscado controlar la actividad antártica argentina en su totalidad”.

Y agregan, en diálogo con REALPOLITIK: “Entendemos que esta decisión política no es de ahora, sino que se viene gestando hace años. Pero en vista está que otras gestiones fueron más responsables y entendieron los conflictos, la preocupación y las repercusiones que este ‘traspaso logístico’ podría despertar tanto a nivel nacional, regional e internacional. Por algo el decreto 638/2018 no se implementó, salvo hasta ahora, con una gestión irresponsable e irrespetuosa con una política de estado de más de 120 años”.

El traspaso no solo vulnera un Tratado Internacional y un compromiso histórico de Argentina, sino que también infringe el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial 8/2023 sobre la ley de Ministerios. Este decreto establece que el ministerio de Defensa debe «entender junto con el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la planificación, dirección y ejecución de la actividad antártica», sin otorgar exclusividad alguna al ministerio de Defensa en esta área.

El DNU distingue claramente las competencias: el ministerio de Defensa se encarga de las tareas operativas en las bases antárticas, mientras que la Cancillería, a través de la dirección nacional del Antártico (DNA), tiene a su cargo el control, la planificación y la coordinación de toda actividad en continente antártico, además de implementar políticas antárticas y representar al país ante organismos internacionales. Esta división de responsabilidades busca garantizar equilibradamente la cooperación interministerial en la ejecución de proyectos científicos, la protección del ambiente y en la defensa de los intereses soberanos argentinos en el continente blanco.

La ley 18.513 refuerza este esquema, otorgando a la DNA la responsabilidad principal sobre la política antártica y las actividades en la región. El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) tiene, según la normativa vigente, un rol de apoyo logístico. Cualquier intervención que exceda este marco constituye una extralimitación de funciones y pone en riesgo la coherencia y eficacia de la presencia argentina en la Antártida.

Preocupados por este traspaso, los trabajadores sugieren al ministro Luis Petri que, “antes de emitir opiniones apresuradas, se informen adecuadamente sobre las actividades diarias de los trabajadores de la dirección. La mayoría del personal de la DNA no se dedica únicamente a preparar licitaciones para abastecer un par de bases”. 

En este sentido, explicaron a este medio que “lo que realmente hacemos es gestionar con dedicación y responsabilidad cada uno de los procedimientos necesarios, desde las licitaciones hasta el seguimiento administrativo de las compras, asegurando que el patrimonio acumulado durante décadas de trabajo continúe siendo preservado. Este patrimonio invaluable, que ha sido celosamente resguardado por la DNA, y que ahora es tan anhelado por un Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) que, lamentablemente, atraviesa un evidente desfinanciamiento. Es irónico que este mismo patrimonio, cuyo cuidado ha sido responsabilidad de la DNA durante décadas, se presente ahora como objeto de deseo de una entidad cuya capacidad de administración logística está en franca decadencia. Quizás sorprendería a algunos sectores descubrir que la preservación y sostenibilidad de este legado no es una tarea menor, especialmente en tiempos de restricciones presupuestarias”.

Mientras el expediente del traspaso sigue su curso, resulta sorprendente y preocupante cómo ya se han comenzado a tomar decisiones aceleradas respecto al patrimonio aún bajo la administración de la DNA. En estos días, sin que exista una resolución final y sin el debido marco legal, se han retirado del Depósito Polar de la DNA dos botes “Hurricane”, valuados en más de 250 mil dólares cada uno.

Estas acciones, que dan por sentado un traspaso que aún no ha sido formalizado, reflejan no solo una falta de respeto hacia una institución histórica y fundamental en la actividad antártica como la DNA, sino que además dejan en evidencia que este proceso, claramente acelerado y orquestado tras bambalinas con las actuales autoridades, está más avanzado de lo que se admite oficialmente. Por respeto a la trayectoria y rol de la DNA, al menos debería esperarse la resolución final antes de realizar cualquier movimiento patrimonial de esta magnitud.

“Dada nuestra amplia experiencia en campañas antárticas, que parece pasar inadvertida para algunos, resulta indispensable, para asegurar el éxito de dichas campañas, que la dirección nacional del Antártico designe a un responsable cuya misión sea supervisar aspectos fundamentales como la carga, el transporte y la entrega de suministros científicos y logísticos en las distintas bases. Esto garantiza que los recursos lleguen en tiempo y forma. Aunque este detalle pueda parecer trivial a ciertos sectores, es crucial para evitar la pérdida o desvío de materiales durante los procesos logísticos”, planteó un trabajador de la DNA.

“No obstante, otra de las funciones del personal de la dirección es asegurar que las plazas en los medios logísticos se reserven exclusivamente para fines operativos y para quienes realmente deben ocuparlas: los investigadores. La DNA, en su rol de coordinación, dirección y control, debe continuar ejerciendo estos enlaces claves para salvaguardar la actividad antártica argentina. Es preocupante que dicha supervisión, como autoridad de aplicación bajo leyes nacionales y en cumplimiento de tratados internacionales, genere tanta incomodidad”, agregó un entendido a REALPOLITIK. 

Las autoridades de la Cancillería, en especial la secretaria, Paola Di Chiaro, junto a sus asesores militares y administrativos, deberían evaluar con detenimiento si el marco legal propuesto para el traspaso de la administración de las bases antárticas garantiza que la dirección a su cargo, mantenga efectivamente su rol clave en la gestión y supervisión de las actividades en la región.

«Es preocupante que nuestra superioridad no haya puesto un freno al ministerio de Defensa, pasando por alto leyes y compromisos internacionales. Si bien esto se alinea con la política actual del gobierno, deberían comprender que esta decisión política compromete la soberanía y el prestigio del país», aseguran los trabajadores de la DNA. 

Si bien desde sectores militares se percibe el traspaso de la administración como un avance positivo, el acceso al expediente, actualmente bajo la intervención de la dirección nacional de Política Internacional de la Defensa, a cargo de la licenciada Ana Carolina Podlesker, ha generado una profunda preocupación. Esta dirección, cuya función principal es «intervenir en los asuntos inherentes a las relaciones y acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de defensa y supervisar las relaciones militares internacionales», no debería tener injerencia en la gestión antártica.

Consultas realizadas a diversas autoridades políticas vinculadas a la dirección nacional del Antártico coinciden en un punto clave: la intervención militar es vista con recelo y resulta claramente incompatible con los principios del Tratado Antártico. Otorgar al ministerio de Defensa la administración completa de las bases antárticas no solo representa un error estratégico, sino que podría vulnerar directamente el artículo I del Tratado, que prohíbe toda actividad militar en la región.

Es inadmisible que un expediente de tal importancia para la continuidad de la actividad antártica argentina esté cargado de implicancias militares. Las autoridades deben aclarar cómo se pretende justificar esta intervención sin comprometer los compromisos internacionales asumidos por Argentina, los cuales garantizan que la Antártida sea utilizada exclusivamente para fines pacíficos. El continente antártico no debe convertirse en un territorio para la implementación de decisiones políticas de carácter militar.

Más allá de las disputas internas, la alarma se extiende a nivel internacional, donde preocupa profundamente que tanto la logística como la administración del continente queden bajo el control exclusivo del ministerio de Defensa.

EL ROL ESTRATÉGICO DE LA DNA: PILAR FUNDAMENTAL PARA LA SOBERANÍA Y LA CIENCIA ARGENTINA

En el extremo más austral del planeta, la dirección nacional del Antártico (DNA) desempeña un papel crucial en la preservación y administración del vasto territorio antártico, consolidando a Argentina como una nación líder en investigación científica y compromiso ambiental. Desde su creación, la DNA ha sido el brazo estratégico encargado de dirigir, programar y coordinar todas las actividades argentinas en la Antártida, con un enfoque firme en la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Amparada bajo la ley 18.513 y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (ley 24.216), la DNA es la autoridad de aplicación responsable de implementar las políticas que rigen la presencia nacional en la Antártida. A través de su mandato, asegura un delicado equilibrio entre el avance científico y la conservación del ecosistema antártico.

Cada campaña, proyecto científico, acuerdo internacional y obra de infraestructura respaldada por la DNA refuerza el compromiso de Argentina con la comunidad nacional e internacional, destacando su rol esencial en la preservación de este entorno único. Esto incluye las competencias del programa de Gestión Ambiental y Turismo, un esfuerzo crucial para garantizar que las actividades humanas, incluido el turismo, no comprometan la biodiversidad del continente.

El programa tiene la autoridad para regular y supervisar las actividades in situ, garantizando el cumplimiento de las directrices ambientales. Las recientes operaciones aéreas de la pista de aterrizaje en la base Petrel han puesto de manifiesto la falta de cumplimiento normativo por parte del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) respecto al control y de las directrices de la DNA.

Además, preocupa la falta de experiencia del COCOANTAR en la regulación adecuada de la actividad turística, especialmente en los sitios más concurridos. Esta carencia podría resultar en el incumplimiento de las normativas ambientales, comprometiendo la protección del entorno antártico.

En un contexto reciente, el impacto de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP H5N1) en la Antártida ha confirmado la presencia del virus en varios puntos críticos. Para mitigar su propagación, se han implementado medidas como la vigilancia continua, procedimientos estrictos de bioseguridad y la coordinación entre los actores involucrados.

La cooperación es vital para proteger la vida silvestre y reducir riesgos para los humanos. Sin embargo, la falta de experiencia del personal militar en emergencias sanitarias anteriores genera preocupación sobre el cumplimiento del protocolo en la campaña antártica actual, comprometiendo la salud del personal y el éxito de la misión científica.

En tiempos de crecientes desafíos por el cambio climático y los intereses geopolíticos, la labor de la DNA cobra mayor relevancia. Proteger el entorno antártico, apoyar la investigación científica y mantener la infraestructura necesaria son no solo metas, sino compromisos fundamentales para el futuro de Argentina y del planeta. No obstante, la transferencia de administración de las bases antárticas amenaza con debilitar la capacidad de la DNA para cumplir plenamente sus responsabilidades. Delegar competencias estratégicas a otras áreas del gobierno podría poner en peligro décadas de avances en ciencia, diplomacia y conservación.

Las competencias de la dirección nacional del Antártico son insustituibles e indelegables. La ciencia, el respeto por el ambiente y el firme compromiso de Argentina en la Antártida son pilares que no deben ser comprometidos, y la DNA, con fuerza de ley, es la garantía de que estos objetivos se cumplan. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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