El fiscal federal Franco Picardi decidió abrir la investigación penal tras la denuncia presentada por el Gobierno por los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso el miércoles pasado, durante la marcha de los jubilados, en la que participaron hinchas de fútbol y terminó con incidentes y detenidos. Se planteó la posible comisión de los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida Democrática y asociación Ilícita agravada.

“El presente caso tuvo su inicio en el día de la fecha, en razón de la denuncia presentada por Fernando Oscar Soto, por supuestos hechos delictivos que se habrían desarrollado, el día 12 de marzo de 2025, en el marco de la manifestación realizada en los alrededores del Congreso de la Nación, en la que habrían participado jubilados y jubiladas, entre otros colectivos manifestantes”, sostiene el dictamen del fiscal Picardi, al que accedió Clarín.

Soto realizó la denuncia en su rol de director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional. La presentación es por “posibles delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada”, apuntando contra dos intendentes K y el sindicalista Luis Barrionuevo.

En la denuncia de 10 páginas, el Ministerio de Seguridad puso en la mira a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Y se menciona a Leandro Capriotti, quien sería un «amigo y protegido» de Barrionuevo.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 11 que subroga el magistrado Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en la fiscalía de Picardi.

Bajo dichas facultades, y ante el contenido de la denuncia, el fiscal consideró que debían investigarse los hechos.

En su dictamen dijo que, por las «cualidades y afirmaciones en torno a posibles evidencias a ser aportadas, solicitaré -en esta instancia- al Ministerio de Seguridad Nacional que tenga a bien brindar las siguientes informaciones que, en principio, resultarían de interés para conocer en detalle”, los hechos ahora bajo investigación.

La organización de la movilización, destinada -según lo informado por diversos medios periodísticos- a “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”, implicaría la participación de los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización«, se afirmó.

Picardi impulsó una batería de medidas “para después poder analizar con mayor profundidad lo denunciado”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Para el Gobierno, los grupos de barras “actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad”.

La violencia ejercida -se señaló-, fue “premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo «miguelito» para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió los registros completos de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, “en las cuales se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de «barras bravas de diversos clubes” ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada”.

En segunda instancia, la fiscalía solicitó las informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los “supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas” en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad deberá remitir los registros y/o informaciones que posea “en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el “principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti”.

En ese sentido, también se ordenó el envío de toda otra documentación y/o información disponible en torno a los “principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires”.

En otros términos, el fiscal Picardi sostuvo que la cartera de Seguridad, deberá aportar los “diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso”.