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Por qué para Leonardo Fariña la causa cuadernos será peor para Cristina Kirchner: “Es 25 veces más grande”

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Leonardo Fariña, arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K, habló sobre la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y realizó una comparativa -a título personal- con la causa por los cuadernos de las coimas, donde la exvicepresidenta es investigada como jefa de una asociación ilícita.

En La Cornisa (LN+), el entonces operador financiero y testaferro de Lázaro Báez dijo que el juicio donde se indaga sobre una red de sobornos sistemáticos entre empresarios y funcionarios del Estado tendrá mayor impacto en la situación de la todavía titular del Partido Justicialista (PJ) que la sentencia que recibió el pasado martes.

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En diálogo con Luis Majul, Fariña dijo: “La coyuntura de la causa cuadernos, cuyo proceso judicial empezará este noviembre, es 25 veces más grande que la ruta del dinero K. La causa cuadernos no es más ni menos que vínculos ilícitos entre empresarios vinculados al Ministerio de Planificación y funcionarios públicos. Es, de punta a punta, una relación Estado con privado. Son Lázaro Báez multiplicado por 70″.

El arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K, Leonardo Fariña

Para el “valijero”, hubiera sido ideal el tratamiento de todas causas -Hotesur, ruta del dinero K y Vialidad-en un megajuicio: “Hubo un planeamiento de unificar las causas pero finalmente no prosperó”. En ese sentido, analizó: “Ahora, cuando se tengan todas estas sentencias juntas, se van a encontrar con un circuito cerrado. Vialidad es la relación del Estado con Lázaro Báez y funcionarios. Cuadernos es el Estado con 70 empresarios, que a lo mejor no fueron todos de obra pública pero que participaron en la repartija”.

En otro tramo de la entrevista, y respecto de la condena impartida la semana pasada por la Corte Suprema -seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- contra la dos veces presidenta, Fariña consideró que era “inevitable”: “Me di cuenta de que iba a ser así desde el momento en el que [Gerardo] Pollicita e [Ignacio] Mahiques pidieron su procesamiento en 2016 junto con el de otros”.

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Ante el comentario de Majul sobre por qué esta sentencia no se dictó 10 años antes, el arrepentido en la ruta del dinero K explicó: “En un proceso penal, las cosas no son tan claras como las personas las viven. Todo se tiene que probar. Tienen que pasar ciertas circunstancias para llegar a un veredicto. La sentencia tiene que tener un 100% de plenitud en el conocimiento de lo que se aplica. Mientras tanto, era un secreto a voces. Lo sabía la sociedad y también muchas personas que rodeaban al poder político. Pero en una causa penal, si no aportas pruebas, si hay personas que saben cosas y no las dicen, si no hay organismos con un contralor…”.

Cristina Fernández de Kirchner sale al balcón a saludar.Hernán Zenteno –

En una reflexión final, Fariña puntualizó en que si bien los negocios entre Báez y el Estado argentino comenzaron por su vínculo con el difunto expresidente Néstor Kirchner, Cristina “no los interrumpió”. “Ella se encontró con un herencia de poder y negocios. Y no solo le permitió perpetrarse sino que esos negocios siguieron creciendo”.

“Un caso paradigmático es la represa Néstor Kirchner. En relación a esa obra, como fue declarado en la causa penal, Lázaro Báez ya sabía en 2010 que le iba a ser adjudicada. No se la dieron porque empezó a salir publicidad sobre la ruta del dinero K. Casanello ya lo estaba siguiendo y Lanata había mostrado videos de la Rosadita”, cerró.

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La Casa Rosada evita involucrarse en las decisiones que pueda tomar la Justicia sobre Cristina Kirchner: “No interferiremos”

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Cristina Kirchner comenzará este miércoles a cumplir su condena por la causa Vialidad. Esta certeza aún no está acompañada por otras determinaciones clave que se deben definir por estos días: si se le concederá la prisión domiciliaria y si este permiso llegará antes de que se presente en los tribunales de Comodoro Py para comenzar su pena.

Son cuestiones que se están trabajando con alto hermetismo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deberán presentar mañana un escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso opinando sobre si deben darse los beneficios solicitados por los letrados de la ex presidenta para el cumplimiento de la pena.

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Estos incluyen la prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1100, ubicado en el barrio porteño de Constitución, así como la posibilidad de que se pueda seguir expresando en redes sociales y que siga saliendo al balcón de su departamento, tal y como lo hizo en los últimos días. En principio, no habrá una determinación de los jueces hasta el mismo miércoles.

Desde el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner salió en reiteradas oportunidades a saludar a la militancia (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Todas estas determinaciones permanecen ajenas al Gobierno nacional, donde prefieren evitar cualquier tipo de declaración al respecto. Javier Milei bajó una línea clara a sus funcionarios: no sugerir posicionamientos sobre lo que deban hacer o no quienes deciden sobre la pena de CFK.

Que la Justicia haga lo que se le cante las pelotas. Somos el Poder Ejecutivo. Nos hemos mantenido al margen de todo el proceso y no interferimos para nada en la Justicia”, declaró una altísima fuente de la Presidencia a Infobae.

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En rigor, esto se condice con lo que el Presidente dijo el último jueves en su última jornada en Israel, donde habló por primera y última vez sobre la condena presidencial: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer“.

“Cuando el Poder Ejecutivo no presiona y deja trabajar a la Justicia, la Justicia actúa con celeridad”, concluyó en su alocución. Milei llegó al país el sábado por la noche y desde entonces estuvo en la Residencia Presidencial de Olivos, sin tener tampoco asuntos públicos de gran relevancia en la agenda de esta semana.

Una gestualidad no menor fue que la cuenta de la Oficina del Presidente (@OPRArgentina) -el que Milei considera que es su cuenta gubernamental y como jefe de Estado- no publicó ningún comunicado sobre el fallo de la Corte. Durante esos días se limitó a informar algunos de los principales acontecimientos de su paso por Israel.

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Javier Milei en Jerusalén (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Las menciones al caso de Cristina fueron escuetas incluso en la misma tarde en la que se conoció el fallo de la Corte Suprema. “Justicia. Fin”, escribió en su cuenta personal de X, para luego dedicarle un párrafo recordándole a “periodistas, corruptos y cómplices de políticos mentirosos” que habían sugerido un pacto de complicidad con el kirchnerismo.

Este es un punto que crispa especialmente al Presidente, que se encarga de afirmar a los suyos que no le interesa la agenda político-judicial. “Siempre sostuve que mi único norte es mi programa de reformas. Soy el único que respeta a la República en serio, porque no tengo nada que decir ni hacer sobre la Justicia”, suele analizar en charlas privadas.

El único funcionario que salió a hablar por estos días es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Un tema es que le den arresto domiciliario y otra es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón, cuestiones que pueden generar una molestia en el barrio, si es que la cumple en la calle San José. Eso genera para los vecinos una molestia innecesaria si fuera en otro lugar”. No obstante, repitió: “Es una decisión que le corresponde a la Justicia”.

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La bajada de línea de Milei a sus funcionarios tuvo acatamiento total. “No tenemos comentarios para hacer”, se limitan a decir altas fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional sobre este proceso. Quien comanda esa área es Patricia Bullrich, que tiene un largo historial de enfrentamientos políticos con la titular nacional del Partido Justicialista.

Instantes después de conocerse el fallo de la Corte, el TOF 2 que preside Gorini le solicitó a Bullrich que le confeccionara un listado con establecimientos federales donde puedan quedarse -según el caso- Cristina y los ocho condenados más que tiene la causa Vialidad. El informe -entregado el miércoles pasado- sigue en estricta reserva, incluso para los letrados de CFK.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

En tanto, Cristina anunció este fin de semana que el miércoles se presentará en Comodoro Py para comenzar el cumplimiento de su pena. Aún no se conoce cómo será la dinámica de la caravana que la acompañe hasta esos tribunales. Altos funcionarios del Ejecutivo habían confirmado días atrás a Infobae que no querían “montar un show”. Es decir, no pretendían que la dirigente saliera esposada o que se montara un escenario indigno, tampoco que pudiera parecer provocativo.

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Y es que los principales referentes del PJ, intendentes y dirigentes sociales y gremiales están convocando a una movilización masiva que seguramente paralice la circulación en el microcentro porteño y en la zona de Retiro, donde se ubica el TOF 2. El operativo de seguridad ya está siendo digitado por las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y los de la Ciudad, pero los detalles permanecen en reserva.

La posibilidad de que Cristina reciba la domiciliaria es significativa. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta afirmó ante Infobae que ese impedimento de la Justicia sería una violación a diferentes estándares de raigambre constitucional. A la vez, menciona casos otras fundamentaciones:

  • como el artículo 10 del Código Penal, que establece que el cumplimiento de la pena fuera del establecimiento carcelario procede por razones de edad, salud o contexto familiar;
  • el artículo 32 de la Ley 24.660 (ejecución de la pena), que exige un análisis humanitario y proporcional al momento de fijar ese lugar;
  • y “la actuación conforme al principio de convencionalidad, previsto en el fallo ‘Gelman vs. Uruguay’ (CIDH, 2011), lo que impide ejecutar una pena en condiciones que afecten la integridad física, psíquica y simbólica de quien fue ya víctima de un intento de magnicidio y objeto de una persecución judicial sistemática”.

La negativa a conceder la prisión domiciliaria a CFK, además de jurídicamente insostenible, implicaría un acto de crueldad institucional que podría derivar en una reacción social de incalculable magnitud. No se trata solo de legalidad: se trata de evitar un estallido que afecte la gobernabilidad democrática. La prisión domiciliaria, en este contexto, no solo es lo jurídicamente correcto. Es lo democráticamente indispensable”, afirma el letrado.

Altas fuentes diferentes organizaciones peronistas-kirchneristas afirmaron que no se pretende un clima de confrontación para el miércoles, pero que no cayó bien en la militancia el operativo liderado por la Policía de la Ciudad en la noche del sábado para limpiar la intersección donde vive Cristina y decomisar los puestos y banderas que allí estaban.

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Un equipo dependiente del Ministerio Público Fiscal determinó que el departamento de la ex presidenta es apto para que viva, aunque faltan otros análisis complementarios. Uno de los escenarios que evitarían que Cristina deba presentarse en Comodoro Py es que Gorini le convalide la domiciliaria y determine que con Zoom mediante ya pueda cumplir su pena. Esto evitaría posibles focos de fricción entre las fuerzas federales y los seguidores peronistas y kirchneristas. Aun así, cabe primero esperar el informe preliminar que preparan los fiscales Luciani y Mola.

Respecto del futuro inmediato, otro de los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, se limitó a decir: “Ese día se va a presentar y, en base a lo que el Tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario. O tendrá que ser alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió”.

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El ministro Petri logró aval de la Justicia al despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte

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El ministro de Defensa, Luis Petri, logró aval de la Justicia federal para seguir adelante con el despliegue militar en la frontera norte en el marco del “Operativo Roca”, un plan lanzado en abril para reforzar la vigilancia y el control en zonas límitrofes de Salta y Jujuy. El operativo es polémico porque las funciones de las Fuerzas Armadas se cruzan con tareas policiales de seguridad interior, como la detención de civiles que cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas que se cuestionaron.

Justamente por eso, organizaciones de derechos humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo y pidieron declarar la inconstitucionales del decreto y la resolución ministerial que dieron origen a esa intervención.

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Sin embargo, el juez federal de Orán (Salta), Gustavo Montoya, decidió rechazar el hábeas corpus, dando de esa manera luz verde a la continuidad del operativo lanzado por Defensa, que hasta fin de año tiene previsto destinar hasta 10 mil efectivos, en forma rotativa.

“Las fuerzas militares vienen simplemente a colaborar con la seguridad de la zona en materia de ingresos exteriores de, por ejemplo, terroristas y actividad de narcocriminalidad”, expresó el magistrado en su fallo.

El pasado miércoles 11 de junio hubo una audiencia en la que el juez escuchó a los denunciantes, Blanca Lescano, el abogado Martín Plaza y otros miembros de asociaciones de derechos humanos, por un lado; y por Defensa, la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco, el comandante Operacional de las FF.AA., general Cristian Pablo Pafundi y el director general de Asuntos Jurídicos, Augusto Guruciega.

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La denuncia se basó -resumió en su fallo el magistrado-, en la supuesta existencia de una amenaza a los derechos de las personas que transitan por la frontera, y que un despliegue militar cause intervenciones directas de las FF.AA. sobre civiles, violando las leyes actuales.

Pero el juez dijo que no advierte que se “ponga en crisis o en riesgo la libertad ambulatoria de las personas”. Expresó que las medidas son en la línea de frontera y “no se van a militarizar” ciudades como sucedió en lugares de México o en las favelas de Río de Janeiro.

El magistrado, que entiende en causas originadas en esa geografía caliente, sostuvo que “vivimos a diario” el fenómeno de la narcocriminalidad. “No nos podemos quedar de brazos cruzados”, aseguró mostrando afinidad en este tema con la postura del Gobierno. Lo mismo para el terrorismo: entrando en consideraciones geopolíticas, recordó que cayó el Muro de Berlín, que se ha logrado la integración entre países evitando hipótesis de guerra, “pero quedan aún las situaciones del terrorismo internacional”.

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Citando jurisprudencia de la Corte, sostuvo que a medida que se acercan lugares sensibles de fronteras o de mayores controles, “proporcionalmente disminuyen nuestros derechos”. Puso como ejemplo los aeropuertos, donde no se pueden alegar ciertos derechos para no ser requisado.

Los denunciantes insistieron que hay riesgos para las libertades de las personas y anticiparon que apelarán la decisión del juez Montoya.

El despliegue inicial del Operativo Roca es de 1.300 efectivos en llamadas “Zonas de Seguridad de Frontera”, que no incluyen pasos habilitados ni zonas urbanas.

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Clarín reveló a fines de abril que las órdenes reservadas que dio Petri incluyen la posibilidad de detenciones en delitos de flagrancia, entre otras “reglas de empeñamiento” que causaron preocupación por sus posibles derivaciones, en sectores militares contrarios a este tipo de involucramiento. También hubo críticas de la oposición.

El ministro defendió este operativo al concurrir hace diez días a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo asoció con otras intervenciones como el operativo Escudo Norte de tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Aunque esta vez parece claro que el involucramiento es mucho más profundo en tareas de tipo policial en la frontera, en línea con la doctrina de las «nuevas amenazas».

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Uno de los diputados varados en Israel contó cómo pasaron el fin de semana: “Son horas de angustia e incertidumbre”

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En medio del conflicto bélico entre Israel e Irán, el diputado nacional Damián Arabia se encuentra en Tel Aviv junto a Maximiliano Ferraro y cuatro referentes de la sociedad civil, todos ellos invitados por la Embajada de Israel en el marco de una serie de actividades de cooperación e intercambio. A las pocas horas de su arribo, toda su agenda prevista quedó suspendida por la escalada de violencia en Medio Oriente. Tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mantienen en contacto con los legisladores. “Son horas de angustia e incertidumbre”, relató sobre cómo pasaron el fin de semana.

A pesar de la sofisticación del sistema de defensa israelí, la intensidad de los ataques recientes obligó a los visitantes extranjeros a buscar refugio en búnkeres en repetidas ocasiones. “Estoy en Tel Aviv hace 40 horas. Apenas aterrizamos, invitados y costeados por la Embajada de Israel para participar en una serie de encuentros con funcionarios y periodistas de diferentes partes del mundo, toda la actividad se vio suspendida porque a las tres de la mañana del día que llegamos sonó la primera alarma. Sigo en Tel Aviv. Los aeropuertos están cerrados, no hay forma de trasladarse. Estamos en el búnker porque sonó una alarma. Estamos bien, seguros, que es lo más importante. Son horas de angustia e incertidumbre”, relató el diputado nacional en una nota con TN.

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Damián Arabia, diputado nacional

El diputado explicó que, desde su arribo, debió ingresar al búnker en al menos doce ocasiones, cuatro de ellas solo durante el fin de semana. “Cada vez que entramos estamos una hora y media, dependiendo de la intensidad de los ataques. Aquí la gente está acostumbrada, pero el nivel de estos ataques está siendo más elevados que los normales. Muchos lo comparan con el 7 de octubre, hace años no ven algo así. El sistema de defensa es sofisticado y funciona bien. Apenas hace una hora cayó un misil aquí cerca. Aún no pude identificar dónde fue, pero hace un par de días hubo uno a 600 metros”, explicó.

El sistema de defensa israelí es conocido por su capacidad para interceptar misiles balísticos. “Estos son misiles balísticos que viajan 1.200 kilómetros en apenas 10 minutos. Lo que hacen es interceptarlos. Esto, junto a un sistema de alerta muy impresionante, comienzan a sonar las sirenas en las calles y una alerta en el celular muy fuerte. En menos de 120 segundos estamos todos en un refugio siguiendo las instrucciones de las autoridades y con los canales de comunicación establecidos”, detalló.

A pesar de la tensión, los diputados cuentan con condiciones básicas en los refugios. “Tenemos señal. Estamos bien. Hay lugares más sofisticados y otros más rudimentarios, pero acá tenemos agua, bebida caliente”, aseguró. La infraestructura de los búnkeres varía, pero en todos los casos se prioriza la seguridad y la comunicación constante con las autoridades.

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Los misiles lanzados desde Irán son interceptados, según se observa desde Tel Aviv  (REUTERS/Ronen Zvulun)

La incertidumbre sobre el momento en que podrán abandonar Tel Aviv persiste, ya que los aeropuertos permanecen cerrados y las autoridades priorizan la seguridad por encima de la rapidez.

“No es una cuestión de que nos digan o no cuándo vamos a poder salir. La predisposición de las autoridades locales es absoluta, así como la del Gobierno argentino. Conmigo se comunicó el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que están en constante contacto y me preguntan cómo estamos”, subrayó Arabia.

Acá hay una cuestión: lo rápido es enemigo de lo seguro. A pesar de las imágenes que sé que son terribles, acá nos sentimos seguros y los misiles que logran impactar son muy pocos. Salir en una travesía por tierra podría ser peligroso. Hay que esperar a que haya una ventana segura”, continuó.

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Damián Arabia junto a Patricia Bullrich

La presencia de lo legisladores en Tel Aviv responde a una invitación oficial de la Embajada de Israel para participar en encuentros con funcionarios y periodistas de diferentes países. “Con Maximiliano Ferraro somos los dos diputados nacionales que estamos acá invitados por la Embajada de Israel”, concluyó.

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