Natalia Narváez Tojter destacó varios aspectos preocupantes relacionados con esta flexibilización. Uno de los puntos centrales de su análisis es el impacto directo que tendría en la tasa de suicidios, sobre todo entre los jóvenes. «El 30 por ciento de los suicidios en personas de 18 a 24 años se producen con armas de fuego», recordó. En este sentido, la especialista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que, al permitir que los jóvenes de 18 años accedan legalmente a armas de fuego, se podría intensificar el riesgo de tragedias personales, sin contar con una justificación clara para la medida.

Además, Narváez subrayó que la medida podría potenciar el mercado ilegal de armas. «La falta de control sobre el mercado de armas y la circulación de armas ilegales es un problema recurrente. Al aumentar la disponibilidad legal, las armas podrían terminar desbordando los circuitos informales», señaló. Esto ocurre especialmente en contextos de violencia doméstica o género, donde la presencia de un arma de fuego solo aumenta las posibilidades de tragedias.

La especialista también puso de relieve que la sociedad no ha clamado por un acceso más liberal a las armas. «No hay un clamor social pidiendo que todos estén armados. En general, la gente apela al estado para garantizar la seguridad, no a la posibilidad de defenderse por su cuenta», opinó.

En relación con las justificaciones que el gobierno ha dado para esta reforma, Narváez criticó los argumentos, señalando que son vacíos. «Lo que se ha propuesto parece más un discurso vacío, similar al que se escucha en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas es defendido como una forma de libertad. Sin embargo, la realidad es que, en la práctica, las armas solo escalan la violencia», afirmó. A este panorama, se le suma la falta de control efectivo sobre las credenciales de legítimos usuarios. Según datos del CELS, en 2024 hubo un incremento significativo en la cantidad de credenciales vencidas, lo que refleja una deficiencia en el sistema de regulación actual.

Uno de los puntos más críticos que destacó Narváez fue la posibilidad de que esta medida afecte negativamente la seguridad pública. «Reducir la edad mínima para ser legítimo usuario de armas va en contra de las estadísticas de descenso en las tasas de homicidios en el último año. Esta medida podría revertir esos avances», advirtió. Además, alertó sobre el riesgo de que el mercado ilegal de armas crezca como consecuencia de la mayor circulación de armamento legal, algo que contradice el supuesto objetivo del gobierno de combatir el tráfico ilegal de armas.

La entrevistada también hizo un llamado a la reflexión sobre la madurez y capacidad para manejar armas de fuego. «A los 18 años, una persona todavía está en una etapa de escolarización y de formación. Agregar un arma a ese contexto parece una combinación peligrosa», opinó.

Finalmente, Narváez concluyó que el gobierno debería reforzar los controles sobre la tenencia de armas, no reducirlos. «El rol del estado es proteger derechos fundamentales como la vida y la seguridad. Esta medida no contribuye a eso», afirmó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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