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POLITICA

Preparan un amparo contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria

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El defensor porteño de la Tercera Edad Eugenio Semino adelantó este sábado que está preparando una denuncia penal contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria que firmó el presidente Javier Milei y se publicará el lunes en el Boletín Oficial. La medida podría ser un amparo.

“Si bien el veto es un resabio monárquico, está en la Constitución Nacional y usaron todos los presidentes. Pero ese derecho que tiene el Ejecutivo tiene que estar fundado, entonces lo que estamos esperando y que eso fundamentos tenga razonabilidad” comentó Semino al programa Dato sobre Dato de radio Milenium.

El funcionario dijo que “no sé cuál va a ser el argumento de Milei porque negar 18.000 pesos alguien que se está muriendo de hambre con lo que cobra este va a ser difícil, pero bueno, vamos a ver los argumentos y la idea es sí, atacar, si no existe en esos fundamentos suficientes en términos de razonabilidad”.

Unos 5 millones de jubilados cobran la jubilación mínima de 225 mil pesos por mes más los 18 mil de un bono que el Gobierno va asignando cada mes. Semino sostiene que el veto de Milei impediría ese pago del bono.

“El otro tema que no quiero dejar de decir, es que el otro 50% de responsabilidad la tienen los miembros del legislativo, es decir si todos apoyan la baja espalda en la banca y levantan la mano, es decir, exactamente los mismos que sancionaron la ley es lo que se va a caer es el veto, vamos a ver si no se repite el transfuguismo habitual de Argentina”, agregó.

El también presidente de la Sociedad Interamericana de Gerontología y Geriatría, sostuvo que “durante estos siete meses se siguió licuando el haber del jubilado, perdieron casi 26 puntos de poder adquisitivo”. Entonces “ahí tenemos un tema que se plantean algunas cosas menores en la reforma, uno de ellos es recomponer 8 puntos dicen los diputados, pero se ve que no leyeron mucho lo que votaron son 7.2 puntos”.

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Se preguntó “¿qué significa eso para 5 millones de jubilados que están percibiendo la mínima de 218.000 225 mil pesos? Para ellos son 18.000 pesos, no mueve el amperímetro de su miseria”.

“Pero a su vez tenemos un millón de pensiones, no contributivas que se la llama sub mínimas y pensiones universales de adulto mayor que son las pensiones por las personas con discapacidad estas están aún por debajo porque son el equivalente al 70% de las mismas, ahí tenemos un cuadro de 6 millones que están bajo toda línea de pobreza calculada por los organismos oficiales”, agregó.

Opinó que “el bono es otro disparate en Argentina, es la suma en negro que se le paga todo este sector que eufemísticamente se llama bono. Es una suma negro que instaló el ministro Massa en el año 2022 y que se sigue aplicando regular y discrecionalmente. Esto es uno de los temas que genera el veto y ahora lo explico con ese bono, que el año pasado subía previo a una elección y bajaba al mes siguiente, los jubilados perdieron y mucho en el 2023 porque el reajuste de estos 6 millones de argentinos fue del 140% en el año y la inflación del 211%.”

“El ministro de Economía Luis Caputo hace «Massa 2», es decir, le vino muy bien esa suma discrecional y es raro que el sistema político no hable de ello. Con esa suma fue regulando el haber a través de los siete meses que se discutió la ley que ahora está en cuestión”.

Ese bono que “se da sobre los 225.000 está congelado, son los mismos 70.000 pesos que se dan en este mes, que se dieron en el mes de marzo. A estos 6 millones de beneficios, se aplicó, por ejemplo, este mes el 4.6 por IPC al haber solamente pasaron de 215.000 a 225 mil pesos”, dijo.

Pero el bono “siguió congelado en el nominal que te decía los mismos 70 mil pesos que se pagaron en marzo, por lo cual sobre el total para llegar a los 290.000 pesos esos 6 millones de beneficios, no recibieron el 4.6 de PC sino solamente tres puntos. Esto hace que el haber se haya seguido licuando, siguiendo el de curso de lo que ya venía pasando”, finalizó Semino.

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POLITICA

Tensión en Necochea: El sector agropecuario rechazó la nueva tasa vial de Arturo Rojas

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El Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025, que incluye una medida que ya está generando fuertes tensiones en el sector agropecuario local. Se trata de la creación de la «Tasa Vial Solidaria», un nuevo tributo destinado a las empresas exportadoras que operan en el Puerto de Quequén. La medida ha desatado el rechazo de productores y entidades rurales, que consideran que la carga tributaria recae directamente sobre ellos.

Objetivo de la tasa: Reparación de rutas

La Tasa Vial Solidaria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria-PJ, Julián Kristiansen, y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y reparación de las rutas que conectan el Puerto de Quequén con otras zonas productivas. Según el edil, los camiones que circulan hacia y desde el puerto generan un desgaste significativo en la infraestructura vial, lo que justifica la creación del tributo para financiar las mejoras necesarias.

La resistencia del campo: impacto directo sobre los productores

La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Un total de 16 entidades rurales, apoyadas por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresaron su «total rechazo y repudio» a la nueva tasa. Los productores agropecuarios aseguran que, aunque la medida está dirigida a las exportadoras, el impacto económico de la tasa se trasladará inevitablemente a los precios de los productos, afectando directamente a los productores locales.

En su comunicado, los ruralistas sostienen que «todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio». Además, advierten que el costo de operar en el puerto de Quequén ya es elevado, y que con la implementación de esta nueva tasa, las condiciones para el sector empeorarán, haciendo que los costos de operar en el puerto sean aún menos competitivos frente a otros puertos de la región.

Paralelismos con otros puertos: Un modelo controvertido

La creación de la Tasa Vial Solidaria en Necochea no es un caso aislado. En otros puertos de Argentina, como el de Dock Sud, también se han implementado medidas similares para tributar sobre los camiones que utilizan las rutas municipales para acceder a la terminal portuaria. En ese caso, los intendentes Julián Álvarez y Mayra Mendoza propusieron tributar sobre los camiones en circulación hacia el puerto, pero la iniciativa generó fricciones internas dentro del peronismo, debido a las implicancias sobre las tarifas portuarias y la falta de consenso sobre cómo distribuir los recursos generados.

El caso de Necochea, que afecta a uno de los puertos más relevantes de la región, ha levantado una ola de críticas por parte de los productores agropecuarios, quienes temen que esta nueva tasa agrave aún más las condiciones de competitividad de sus productos en el mercado internacional. La crisis económica y la inflación, junto con los altos costos operativos, ya son desafíos significativos para el sector, y esta nueva carga impositiva podría convertirse en un obstáculo más.

Demandas de diálogo: ¿Una solución para el sector?

Las sociedades rurales de Necochea han solicitado al intendente Arturo Rojas que «revise esta situación» y convoque a un diálogo abierto con el sector agropecuario para encontrar una solución que no perjudique a los productores locales. El reclamo se basa en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la infraestructura vial y la sostenibilidad del sector agropecuario, que es clave para la economía local.

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El futuro del Puerto y la competitividad del sector

La creación de la Tasa Vial Solidaria no solo ha generado controversia en Necochea, sino que también pone en evidencia la difícil situación que atraviesan los puertos argentinos en un contexto económico complejo. Para los productores agropecuarios, la sumatoria de nuevas cargas impositivas podría poner en riesgo la competitividad de sus productos, especialmente en un momento en que los costos operativos siguen en aumento y el mercado internacional sigue siendo una fuente vital de ingresos.

En este clima de incertidumbre, las autoridades locales deberán decidir si esta nueva tasa es un paso necesario para la sostenibilidad de la infraestructura vial del puerto o si, como denuncian los ruralistas, se trata de una medida que terminará afectando la rentabilidad del sector agropecuario. Las negociaciones entre el gobierno municipal y los actores del campo serán clave para resolver esta controversia y definir el futuro de la relación entre el puerto y los productores locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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