La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que brega por una justicia transparente, denunció una serie de irregularidades en los exámenes que rindieron varios aspirantes a jueces y le solicitó al Consejo de la Magistratura –el órgano que confecciona las ternas de candidatos a ocupar un juzgado– que declare nula la resolución que siguió a esa instancia de evaluación.

La acusación –que incluye denuncias de plagio– está basada en el monitoreo permanente que el organismo realiza hace tres años sobre los exámenes públicos que los postulantes deben rendir como una instancia más en su camino a convertirse en jueces. En siete de las 27 evaluaciones de un proceso en particular surgieron elementos que, a juicio de ACIJ, levantaron sospechas.

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“Detectamos una serie de irregularidades principalmente vinculadas a posibles casos de plagio de algunos/as postulantes y a la integración y desempeño del jurado en la evaluación del examen de oposición. Estas irregularidades son de una gravedad tal que exigen la nulidad del concurso y sus resultados”, dice la carta que la organización le envió al presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rossatti.

“Llegamos a esta conclusión tras el cotejo de los exámenes con la sentencia, mediante el cual encontramos frases idénticas a la sentencia sin citarla en absoluto, como también la utilización de las mismas citas de doctrina y jurisprudencia a las que ella acude aplicándolas en el examen de forma idéntica a como el juez Alterini las aplicó en su sentencia”, se lee en la carta que Ezequiel Nino, presidente de ASIJ, envió al Consejo.

El presunto plagio es solo el final de la cadena de irregularidades que denuncia la asociación en su presentación. Lo primero que llamó la atención fue la similitud que existía entre el caso hipotético del examen y una causa real sobre la que debió fallar en 2018 uno de los miembros del jurado, Juan Martín Alterini, fallecido en 2020.

La semejanza era tal que algunos de los concursantes solicitaron al inicio de la evaluación que se optara por introducir otro caso, pero el pedido no tuvo eco en el jurado.

Generó más sospechas que los concursantes resolvieran el examen con copias exactas del fallo de Alterini. Si bien los postulantes pueden concurrir al examen con bibliografía, códigos y jurisprudencia en general, fueron siete los que se apoyaron en ese fallo en particular, sin siquiera hacer la cita correspondiente, según se afirma en la misiva.

La suposición que se esconde detrás de la acusación es que varios de los concursantes podrían haber sido advertidos de antemano sobre cual sería el caso que se evaluaría en el examen.

“Hay exámenes que replican en gran medida la sentencia judicial, aplicando la misma lógica, la misma estructura y muchas veces las mismas palabras y errores tipográficos de la sentencia original”, remarcan.

En la presentación, la organización adjuntó algunos de los casos en los que el presunto plagio se haría más evidente. La diferencia, por caso, entre un párrafo correspondiente al fallo del juez Alterini y otro correspondiente al examen de Hernán Lorenzo Coda, uno de los postulantes, son apenas dos palabras.

Algo parecido ocurre con las evaluaciones de Juan Santiago Ylarri, Micaela Soledad Figueredo, Ethel Humphreys, María Laura Manin y Ángela Rosalía Mora, cuyo examen, afirma en su escrito la organización, se ha basado en transcribir directamente la sentencia de Alterini sin siquiera citarla. “Incluso con errores tipográficos”, subrayan.

El concurso bajo sospecha fue impulsado para cubrir los cargos en los Juzgados Nacionales en lo Civil Nº19, 22, 44, 62, 66, 69, 80 y 110 de la Capital Federal, y aprobado en abril del año pasado. Las ternas se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo para que eventualmente sean enviadas al Senado.

Por eso mismo, además de solicitar al Consejo de la Magistratura que declare nula la resolución 5/2023 que fue dictada tras el concurso, la organización elevó otra presentación dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, en la que se solicita que el expediente sea remitido nuevamente al Consejo, para que se inicie una investigación interna.

Una de las posibilidades que tiene el Consejo es redirigir el caso hacia la Comisión de Selección de Magistrados, que preside el abogado Miguel Piedecasas, para que allí sea examinado.