Columna publicada originalmente en La Nación

Del dicho al hecho no siempre hay un gran trecho. Javier Milei detalló este fin de semana su visión negativa sobre el periodismo, profesión que considera “despreciada” por la sociedad y a la que le achaca un intrínseco espíritu extorsivo. Dijo que solo daría una conferencia de prensa si a quienes preguntan se los obligara a publicar una declaración jurada de bienes y sugirió que sólo desde la irrupción de las redes sociales se han podido conocer las miserias de la “casta política”. Minutos después de la difusión de esas palabras, el Boletín Oficial publicó un decreto que prohíbe el acceso a la información estatal de todo aquello que la burocracia del Gobierno considere datos de índole “privada”.

¿Cómo no se le habrá ocurrido a Alberto Fernández? El germen de su desgracia política y personal hay que rastrearlo en la publicación, a consulta de periodistas, de las planillas de ingresos y egresos de la residencia de Olivos. Con la nueva lógica, un suceso como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la pandemia o las inexplicables visitas nocturnas al entonces presidente encajarían en el acogedor agujero negro de la privacidad.

La decisión de Milei fue una reacción al fastidio que le ocasionaron preguntas remitidas por periodistas a la Secretaría General de la Presidencia acerca de sus perros y del gasto que podría ocasionar al fisco su cuidado, que incluyó obras en Olivos. De los hijos de Conan no se habla.

Ahora la excepción canina se convierte en norma: un verdadero reaseguro institucional para futuras consultas incómodas de mayor calado.

El decreto 780/24 retrata como ninguna otra medida anterior la paradoja de un presidente liberal que promueve el secreto y condena el disenso. Peor aún, que le impone más obligaciones a los privados que a los colaboradores del Poder Ejecutivo, mucho más influyentes y poderosos.

La repulsión hacia la prensa corre en paralelo. Milei se empeña en acusar a los periodistas en general de ser parte de la “casta corrupta” que él prometió combatir desde sus días de candidato. En la entrevista con Luis Majul en LN+, proyectada este domingo, transmitió con crudeza sus sentimientos. Lo hizo, obviamente, con total libertad.

“Lo que me interesa mostrar de todo esto es que le quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”, enfatizó. En su tesis, la libertad de prensa sobrevive hoy en las redes sociales. Lo justificó así: “Antes, como estaba censurado, como estaba el monopolio del micrófono, como estaba el control del archivo entonces los políticos arreglaban y transaban con los periodistas, o el periodista los extorsionaba y hacían un arreglo, y las cosas no se veían”.

La lógica de las redes a la que adscribe el Presidente admite afirmar sin argumentar, insultar a gusto, acusar sin pruebas, estigmatizar, alentar el ciberacoso. ¿Pero se puede también borrar la historia?

Es abrumadora la lista de “cosas que se vieron” en los 40 años de democracia por acción de periodistas, pese a la afirmación de Milei. El Yomagate, las mencionadas fiestas de Olivos, Skanska, los cuadernos de las coimas, el caso Carrasco, Sueños Compartidos, la valija de Antonini, la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, Ciccone, el tráfico ilegal de armas de Menem, las coimas en el Senado, los seguros de Alberto Fernández y cientos de revelaciones que atragantaron al poder salieron a la luz por la constancia de profesionales que consiguieron la información, la corroboraron y afrontaron su publicación, a riesgo de sufrir demandas en la Justicia (incluso de tipo penal).

¿Cuántas verdades relevantes para la sociedad surgieron de la red de propaganda libertaria en Twitter (X)? El Presidente machaca una y otra vez con datos de la pauta que tal o cual periodista recibió en el pasado. Los tuiteros oficialistas los distribuyen con la misma obediencia marcial que los invita al silencio cuando se conoce información que el Gobierno quisiera ocultar.

Nadie de ese círculo paraoficial osó esbozar una explicación sobre la conducta de Milei en 2015 después de la investigación de Hugo Alconada Mon que informó sobre la moratoria en la que había entrado el economista libertario cuando la AFIP sospechó que había emitido facturas falsas por servicios al Banco Provincia. En aquellos años, Milei era asesor de la campaña presidencial del gobernador Daniel Scioli. Es decir, pugnaba por la continuidad del kirchnerismo. Habrá que suponer que el hombre que señala a “los que no la ven” no veía aquello que publicaba el propio Alconada Mon sobre los negocios oscuros de Cristóbal López, Amado Boudou y Lázaro Báez, entre otras figuras del poder de entonces.

Políticamente expuestos

Milei apeló a una chicana ante la consulta de si aceptaría ofrecer una conferencia de prensa a agenda abierta. “Hagamos esto: yo estoy dispuesto a dar conferencias de prensa, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren mando una ley para que los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten a toda la sociedad”.

Es curioso que le exija a quienes quieran preguntarle una obligación que no tiene la figura que, a su juicio, es la más importante del Gobierno después de su hermana Karina. Santiago Caputo tiene apenas un contrato de asesor y tiene licencia para manejar los servicios de inteligencia u ofrecer un sillón en la Corte sin que nadie pueda conocer su patrimonio ni exigirle responsabilidad jurídica por sus actos.

La pretensión de pedirle requisitos a los periodistas para dejarlos preguntar lo emparenta en cierto modo a su odiado Pedro Sánchez. Después de las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, el líder socialista español promovió una reforma que contempla, entre otros aspectos, la obligación de publicar el nombre de los accionistas de los medios de comunicación, que se detalle cómo se financian y se limite el acceso a la publicidad estatal en todos los niveles. Se desató un escándalo: los socios transatlánticos de los libertarios argentinos -y no solo ellos- denunciaron un intento de censurar a la prensa crítica.

Milei va más allá. No apunta únicamente a algunos dueños sino a cualquier periodista que quiera dirigirle la palabra. Resulta descriptivo que alguien tan alérgico a los privilegios del Estado se resista a aceptar de buen agrado el sano deber de rendir cuentas que tiene aquel que administra fondos públicos en un sistema republicano y representativo. Mundo al revés: exposición y deberes para los privados; opacidad para lo público.

En casi nueve meses de gestión, Milei no ha dado una sola rueda de prensa abierta. Tampoco los otros dos integrantes del “triángulo de hierro”. Llegó incluso a modificar el formato de una reunión bilateral con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en Berlín para no tener que pasar por la rutina de preguntas y respuestas establecida en el protocolo de sus anfitriones.

Hasta ahora le gana a Cristina Kirchner -acaso la presidenta argentina más reacia a atender a la prensa-. Ella llegó a dar una conferencia de prensa, en agosto de 2008, en plena crisis interna por la caída en el Senado de la resolución 125 de retenciones móviles. La vara está baja.

La pretensión de enviar un proyecto para regularlas no parece siquiera una idea en estudio. Cualquiera que haya leído la Constitución sabe que la libertad de prensa es un derecho fundamental y que se prohíbe al Congreso dictar leyes “que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. ¿Qué cosa si no una restricción sería fijar un requisito como el que planteó el Presidente para acceder a una simple conferencia de prensa? Es la misma razón por la cual desde hace 30 años se ha desistido de exigir una matriculación para ejercer el oficio, algo que este gobierno intentó reponer, sin éxito, meses atrás.

Esbirros y extorsionadores

Milei repartió acusaciones genéricas sobre “periodistas extorsionadores”. Si sabe sus nombres, como funcionario estatal que es, debería denunciarlos en la Justicia. Le haría muy bien a la profesión cualquier avance en castigar a aquellos que delinquen en nombre de la libertad de expresión.

Justificó también sus insultos habituales a periodistas: “Cuando yo los señalo lo hago con mentiras probadas y sin embargo se ponen a llorar: ‘Ay, libertad de prensa’”. Sin embargo, a la enorme mayoría de los 48 profesionales y medios a los que apuntó con nombre y apellido en lo que va de su mandato los ha acusado por brindar información que no quiere que se difunda, por disentir con sus ideas o por cuestionar sus formas antes que por la veracidad de sus afirmaciones. Aplica un reduccionismo confortable cuando los describe como “progres”, sin distinguir matices entre personas de una enorme diversidad ideológica que no practican el alineamiento acrítico con su gobierno.

Tal como hacía Cristina, tilda de “esbirros” a los columnistas de los medios, a quienes reduce a meros difusores de las órdenes de los propietarios. Lo hizo explícito al hablar de LA NACION, en relación a la postura editorial sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte. Expuso sus acusaciones libremente en un medio de esa misma empresa. La entrevista no era en vivo y sus señalamientos, como corresponde, salieron sin edición.

Exige a todos “que se banquen” el insulto. No considera que su investidura -y el poder que viene adosado- requiera otro código de decoro que el que rige en la Babel de la crispación que regentea su amigo Elon Musk.

Según él, allí está ahora la verdad. O al menos “su” verdad. Se sabe: la burbuja del algoritmo permite la fantasía de una realidad de diseño, a costa de volvernos títeres de nuestros propios gustos.

Ese mundo ideal será mejor con los secretos bien guardados y sin presencias molestas que insistan en la herejía de dudar.