El 1° de diciembre de 2024, entró en vigencia la ley HB-10 en Carolina del Norte, conocida por muchos como una medida “antiinmigrante”. Esta legislación obliga a los sheriffs locales a colaborar estrechamente con los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que marca un cambio.

Qué establece la ley HB 10

La HB-10 requiere que los sheriffs locales en Carolina del Norte adopten procedimientos estrictos relacionados con el estatus migratorio de las personas detenidas. Esto incluye:

• Verificar el estatus legal de toda persona arrestada por delitos graves, como conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.
• Notificar al ICE si no pueden determinar el estatus migratorio de una persona detenida.
• Acatar las solicitudes de detención emitidas por ICE, lo que implica mantener a las personas bajo custodia hasta 48 horas después de su fecha de liberación programada.

Antes de esta ley, los sheriffs podían decidir si cooperaban con ICE. Aunque muchas jurisdicciones ya compartían información con la agencia federal a través de bases de datos nacionales, la colaboración no era obligatoria. Ahora, con la HB-10, cualquier falta de cumplimiento podría traer sanciones legales para las autoridades locales.

Impacto en la comunidad inmigrante de la nueva ley en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, según datos de Pew Research, se estima que residen aproximadamente 325 mil inmigrantes indocumentados, quienes ahora enfrentarán un clima de mayor incertidumbre y temor.

La normativa también pone en el centro de atención a ilícitos específicos que pueden activar la cooperación obligatoria con ICE. Entre los delitos que los alguaciles deben reportar están:

• Delitos graves relacionados con sustancias controladas.
• Delitos graves bajo el Capítulo 14 de los Estatutos Generales, incluyendo violencia doméstica, uso ilegal de armas y delitos sexuales.
• Delitos menores de Clase A1, como agresión sexual y abuso infantil.
• Violaciones a órdenes de protección.

En contraste, infracciones menores de tránsito no requieren que el estatus migratorio sea verificado, a menos que el arresto derive en otros cargos graves.

Sin embargo, según explicaron desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la experiencia pasada en el estado, bajo programas como el 287(g), muestra que ICE procesó deportaciones incluso por faltas menores.

Procedimiento ante solicitudes de detención de ICE

La HB 10 establece pasos claros para las autoridades locales cuando ICE emite una solicitud de detención. Según la normativa:

1. Antes de liberar al detenido, un juez estatal debe revisar la solicitud de detención y confirmar que la persona coincide con la descripción de ICE.
2. Si el juez valida la solicitud, debe emitir una orden para mantener al detenido bajo custodia.
3. Las autoridades locales deben liberar al detenido si: pasaron más de 48 horas desde la emisión de la solicitud de detención; ICE tomó la custodia del detenido; la agencia canceló la solicitud.

Estas disposiciones, combinadas con los requisitos de notificación, refuerzan la presencia de ICE en los procesos de detención locales, lo que aumenta la vigilancia sobre las comunidades inmigrantes.

Antecedentes en Carolina del Norte

El estado ya tiene antecedentes de colaboración con ICE, particularmente en los condados de Wake, Mecklenburg y Alamance, donde el programa 287(g) estuvo activo entre 2006 y 2018.

Este programa facilitó la deportación de inmigrantes inicialmente detenidos por infracciones menores, lo que evidenció cómo la cooperación entre alguaciles e ICE puede expandir el alcance de las políticas migratorias federales.

Con la HB-10, la dinámica se institucionaliza aún más, al asegurar que las cárceles locales se conviertan en puntos clave para la detección de inmigrantes indocumentados.