El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, recibió un inesperado espaldarazo de la Justicia en su lucha contra el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol nacional. Cuando pocos veían barreras en la iniciativa de Javier Milei, un polémico juez frenó la iniciativa.

Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Se trata del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien decidió dar lugar a una medida cautelar y suspender dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y otros dos del 730/2024, que favorecían el aterrizaje de las SAD en el fútbol argentino. Horas después de publicada la decisión, voces de distintos ámbitos políticos y deportivos dejaron entrever sus sospechas respecto al juez Portocarrero Tezanos Pinto. A pesar de que sólo se trata de la ratificación de un fallo con fecha de diciembre del 2023, las vinculaciones del magistrado con el círculo rojo del kirchnerismo dejan tela para cortar.

Portocarrero se hizo cargo del juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes en el año 2020, elegido por el por entonces recientemente electo Alberto Fernández. Fue designado para reemplazar al fiscal Ignacio Mahiques, quien había imputado a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el direccionamiento de 3.000 millones de dólares en contratos a favor de Lázaro Báez, conocida como “la causa Vialidad”. Lejos de las casualidades, Mercedes representa una de las localidades de mayor peso judicial del país, y el kirchnerismo buscaba un “juez amigo”.

“En Mercedes manda ‘Wado’ De Pedro, que es oriundo de acá y maneja todo el poder judicial. El hermano de ‘Wado’ es Gerónimo Ustarroz, quien es representante del poder ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cuerpo del que forma parte también la diputada mercedina Vanesa Siley”, aseguraron trabajadores judiciales del distrito que gobierna el también ultra K, Juan Ustarroz.

En efecto, Mercedes representa un territorio clave para el kirchnerismo y, en plena retirada con el avance libertario, pareciera haberse atrincherado detrás de las espaldas del “juez amigo”. A pesar de que Portocarrero aseguró no haber hablado con dirigentes de AFA ni tener relación con ellos, lo cierto es que la vinculación del magistrado con los dirigentes más representativos de la corriente kirchnerista parece innegable.

Las polémicas en torno al poder judicial en la localidad de Mercedes no son nuevas. Tiempo atrás, un periodista de investigación local llamado Iván Vanney recurrió al extremo de pedir ser detenido (y con ese objetivo romper una ventana), para poder tener la oportunidad de declarar ante un juez y destapar la olla de lo que él llamo “la mafia judicial de Mercedes, que está haciendo metástasis a todo el país”.

“Rompí esa ventana para poder decir frente a un juez que fue abolida de facto la independencia de poderes, que se vulneró la imparcialidad y que actores pertenecientes a distintos poderes conspiran contra la Justicia, y que urge desarticular esa mafia”, afirmó Vanney. El periodista logró demostrar a través de una compleja investigación, que en Mercedes existe “una orgía de nepotismo en diferentes ministerios públicos fiscales, juzgados, entre otros, incluyendo al ministerio Público Federal de Mercedes y al juzgado Federal” que serviría para “blindar judicialmente a familias criminales de Mercedes”.

La pírrica victoria judicial K frena el plazo de 365 días que el DNU le daba a la AFA para permitir el ingreso de las sociedades anónimas. En este contexto, no parece casual que la medida que frena las SAD haya nacido, justamente, en la localidad de Mercedes, y bajo la órbita de un juez cuyo pliego fue presentado por el kirchnerismo durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández.

Vale recordar que, días atrás, este medio difundió el acuerdo entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro para avanzar con el nombramiento de jueces en el Tribunal en lo Criminal en la localidad de Mercedes, seleccionando a personas con vínculos cercanos tanto familiares como ideológicos. Entre los designados se encuentran Silvina Giumelli, esposa de un miembro del Consejo de la Magistratura; Juan Ignacio Musso, amigo cercano de un pariente de «Wado» de Pedro; y Martín Eduardo Révora, primo del mismo senador.

Estos nombramientos han ignorado el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura, priorizando lazos políticos y familiares sobre las capacidades y antecedentes de los candidatos, constituyendo una maniobra tan polémica como silenciada. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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