Cada vez hay más abogados en la causa que investiga el fraude sin fondo con tarjetas de débito de empleados truchos de la Legislatura bonaerense. En total, entre los defensores de “Chocolate” Rigau, los de sus dos jefes (Claudio y Facundo Albini), los de los dueños de las tarjetas y la defensa para la nueva dupla de “chocolates” del Senado ya son 14 los abogados.

Tres estudios penales de los más caros, con clientes famosos de la política y la farándula, integran este listado. Uno es el de Maximiliano Rusconi. Otro es el de Fernando Burlando. Y el tercero es el de Alfredo Julio María Gascón Cotti, en La Plata, y en el corazón de una estrategia jurídica sistémica.

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Maximiliano Rusconi llegó a la causa hace poco, como defensor de Claudio y Facundo Albini, los jefes de Chocolate Rigau. Ambos fueron funcionarios de la Cámara de Diputados, están procesados por “asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública” y detenidos con prisión preventiva confirmada.

La fiscal del caso, Betina Lacki, reunió evidencias de que Rigau le rendía dinero de sus extracciones con tarjetas de empleados fantasma a Claudio Albini. También sabe que Claudio recibía tarjetas de débito. Y que Facundo le daba órdenes a Rigau. Claudio era el subdirector de Personal dentro de la Secretaría Administrativa, y ahí el jefe de Claudio era el Secretario, Miguel Antonio De Lisi.

Rusconi, exfiscal de la Procuración General de la Nación, trabajó en casos resonantes. Defendió al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en un juicio por corrupción en la obra pública. También al informático, Diego Lagomarsino, durante la investigación del homicidio del fiscal Nisman. Y a Pablo Torres Lacal, condenado por la trágica muerte del hijo de Federico Storani en un choque de lanchas en Tigre.

Antes de la llegada de Rusconi, los Albini eran defendidos por tres abogados de La Plata: Ezequiel Funes, Fernanda Borthiry y Gustavo Galasso. Este último es un abogado de gran confianza y cercanía con Claudio Albini. Es un conocido penalista de la ciudad y antes trabajó para el estudio Burlando.

Funes y Galasso ya pasaron por la defensa de cuatro imputados de esta banda, donde cumplían distintos roles. Primero al recaudador, a Julio Segundo “Chocolate” Rigau, desde que cayó preso hasta que cambió de abogado. Después se presentaron por una de las dueñas de las tarjetas, partícipe necesaria del fraude para la fiscal. Y finalmente, se presentaron como defensores de otros dos miembros: los Albini, supuestos cabecillas.

El segundo abogado de Rigau, el actual, es Alfredo Julio María Gascón Cotti, junto a Miguel Molina. Este es el segundo estudio fuerte de esta historia, con clientes conocidos y causas resonantes en su haber. Defendieron a Daniel Scioli en una causa por enriquecimiento ilícito donde lo había denunciado Elisa Carrió. Y representaron a la familia de Jorge Julio López, el sobreviviente y testigo desaparecido desde 2006.

Gascón Cotti es un penalista prestigioso, una figura conocida en la comunidad marista de La Plata y también en la propia Legislatura, donde fue muy cercano en especial a la ex diputada del bloque Juntos por el Cambio Sandra París. Sin embargo, su estudio resultó elegido para la “causa Chocolate” cuando solo había imputados peronistas. Cuando sólo estaba preso el “chocolate” original. El que hacía el trabajo duro en los cajeros y el que lleva más días preso que nadie. Es que ese estudio tendría una misión mucho más amplia que defender al hombre de los cajeros: diseñar una estrategia global. Las “Chocolaterías” son un sistema y cada uno puede complicar al otro. Fue así que el año pasado llovieron abogados “gratis” para los dueños de las tarjetas. Aparecieron en la causa ocho penalistas más, a los que les fueron delegando las “defensas” de los ñoquis, en racimos.

Estos abogados debían encolumnarse a la estrategia definida, guionar y “contener” a los ñoquis (gente común que temía y teme ir presa). Lograr que simularan una contraprestación en la Legislatura. Debían teatralizar que sí trabajaban y que sí eran amos y dueños de un sueldo legislativo (del que antes jamás habían gozado). Además, un puñado de ellos tuvieron que presentarse ante la fiscal con un relato que no resultó creíble. Nada fue opcional.

El tercer estudio de alta gama es el más mediático: el de Fernando Burlando. Su socio Fabián Améndola entró a la causa hace tiempo y lo hizo para defender al dueño de una tarjeta de Diputados que se diferenció del esquema de abogados impuestos. Este prestanombre, llamado Juan José Tocci, tenía como ámbitos laborales reales la financiera Share Money y la mutual prestamista AMEPA. El dueño es su padre, Juan Carlos Tocci, un policía exonerado de la Bonaerense en los ‘90, hoy prestamista y empresario, al que algunos llaman “el financista del Estadio de Estudiantes”.

Comité de crisis y tiempo de pactos

Al menos en La Plata, ningún abogado entra a la causa sin pasar por el tamiz del estudio Gascón. Más sinuoso aún es que nada de esto cambió ahora que cayeron los chocolates del Senado: recaudadores de otra extracción política con tarjetas de otra Cámara. Hay una sola estrategia, sin importar la terminal política.

Sin ir más lejos, Hugo Muguerza y su esposa, Josefina Ortellado –identificados en videos haciendo las mismas tareas que Rigau y saludándose con él- no están imputados, pero ya presentaron un representante legal. Se trata de un abogado que ya forma parte de la trama. Hace tiempo representa a una dueña de las tarjetas que usaba Rigau, el “chocolate original”, de Diputados y peronista. Se trata de Javier Percow.

¿Es una sola banda, o son dos? El expediente dirá. ¿Y quién paga los honorarios de estudios que pueden llegar a ser millonarios en dólares o pagaderos en propiedades?

En la Legislatura los chats arden y hay una suerte de “comité de crisis” desde que TN reveló el primer video con la incógnita de los nuevos “Chocolates”. Son reuniones permanentes y tranversales: no importa en qué bloque político tiene cada uno el corazón. Son acuerdos para las defensas de otros “chocolates” y de figuras que podrían quedar imputadas; así lo imagina más de uno. A esos fines, empezó a rodar el apellido de otro penalista platense, muy vinculado a la Universidad Austral, que defendió a un expresidente y a senadores en una causa anterior.

Pero hay más abogados todavía en esta trama. Falta nombrar a los que se presentaron como “particular damnificado” (querellantes). Por un lado, los de la ONG Poder Ciudadano. Y por el otro, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. La Provincia es víctima de un fraude de dimensiones incalculables, y Hernán Gómez se presentó en esta causa. Fue en octubre, cuando el escándalo no bajaba de los titulares. Tiempo después, este organismo, que funciona como abogado de la Provincia para defender sus intereses, “pasó a modo avión” en la causa, sostienen fuentes del caso.