Mientras la CGT se concentra frente al Palacio de Tribunales para protestar contra el mega DNU firmado por Javier Milei, el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó este mediodía conceder la medida cautelar interina que solicitó la central obrera porque todavía no está vigente el decreto. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera. Además habilitó la feria y le fijó un plazo de tres días a la Jefatura de Gabinete para que dé una respuesta a la demanda.

El juez aclaró que esta resolución no implica haberse pronunciado sobre la validez constitucional del decreto y de las regulaciones laborales que contiene, pero dijo que no están reunidas las condiciones para que se dicte una medida cautelar con carácter interino.

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La presentación judicial que hizo la CGT para objetar el DNU lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

“No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar ´interina’, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, argumentó Ramonet en el fallo al que accedió LA NACION.

Y agregó: “Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, dijo el juez.

“Lo expuesto -continuó el juez- no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”.

Aval fiscal al amparo colectivo

En tanto, en el fuero en lo contencioso administrativo, donde fueron presentadas por ahora casi una decena de demandas contra el DNU, esta mañana el fiscal federal Miguel Ángel Gilligan avaló que un recurso de amparo sea abordado como un proceso colectivo y declaró admisible la acción colectiva que inició la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el mega DNU firmado por Javier Milei. El caso lo tramita el juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari.

El dictamen de Gilligan fue una respuesta formal al juez, que le había corrido vista el viernes pasado para que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso de amparo. El fiscal avaló la competencia de Furnari para intervenir, pero aclaró, por tratarse de un proceso colectivo, que la fiscalía no será parte en el proceso y que solamente actuará como Ministerio Público Fiscal. Ahora el juez podrá comenzar a analizar el amparo que pide que el DNU sea dejado sin efecto y declarado inconstitucional.

La presentación también llevó la firma del economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano. Sumaron sus firmas a la demanda también los dirigentes sindicales de ATE Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar. Sostuvieron que el DNU viola derechos constitucionales. La demanda señala que “el decreto viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional”.

En simultáneo, otra de las demandas, la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez la semana pasada, pasó del juzgado de Pablo Cayssials -a quien Gil Domínguez recusó- y quedó a cargo del juez Walter Lara Correa.

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