En los próximos cuatro meses una comisión bicameral de la Legislatura de San Luis evaluará la necesidad de una reforma constitucional propuesta por el gobernador Claudio Poggi (60), de Juntos por el Cambio. La iniciativa tiene antecedentes en otras provincias argentinas y hasta buscó inspiración en los Estados Unidos. Pero su punto más destacado tiene raigambre local, ya que incluye dos artículos «anti Rodríguez Saá». Además, prevé el paso de dos cámaras a solo una en el Congreso provincial y la eliminación de la elección de medio término.

Después de casi 40 años seguidos de gobiernos de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en San Luis -solo entre 2011 y 2015 gobernó Claudio Poggi, por entonces apadrinado por los Rodríguez Saá-, una pelea familiar profundizó la crisis del peronismo local. Finalmente, Alberto Rodríguez Saá cayó. Fueron destapados escandalosos casos de corrupción con ministros que se hicieron pasar por caciques para administrar campos o «ñoquis» que cobraban sueldos desde Australia. Y ahora el gobernador propone una reforma constitucional que pretende evitar la perpetuidad de una familia en el poder.

Para sorpresa del nuevo oficialismo, la conformación de la comisión que en cuatro meses evaluará la conveniencia de la reforma se votó por unanimidad. El «albertismo» acompañó la iniciativa y ahora arranca el debate que tiene como principal artículo el que se refiere al parentesco.

«La cláusula de consanguinidad establece que nadie que esté en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el gobernador saliente pueda ser candidato a gobernador. Si bien esto de los Rodríguez Saá en los últimos 40 años ha sido una cosa muy llamativa, es común en esta zona. En Mendoza, por ejemplo, hubo familias que gobernaban por años y años», señala Ricardo Endeiza (53), vicegobernador de San Luis, ante la consulta de Clarín.

La idea del Poder Ejecutivo de San Luis no es novedosa sino que busca volver a la constitución provincial que rigió hasta la -última- reforma de 1987, por entonces impulsada por Adolfo Rodríguez Saá. Ese cambio surgió por una crisis institucional que tuvo a la provincia al borde de la intervención del expresidente Raúl Alfonsín y terminó en la primera utilización de la Ley de Lemas desde el regreso de la democracia.

En 1986, el senador nacional y sindicalista ferroviario Oraldo Norvel Britos (1933-2023) se presentó para la reelección y debía definir la postulación la Legislatura unicameral -no era por voto directo- y resultó empatada en 15. Estalló una crisis institucional, llamaron a una consulta popular vinculante que incluyó la Ley de Lemas y Britos resultó reelecto senador nacional por el 60% de los votos.

Más allá de ese episodio, en la reforma constitucional el nuevo gobierno puntano también propone la reducción de cargos políticos y pasar de dos cámaras en la Legislatura a solo una. San Luis hoy tiene 43 diputados provinciales y nueve senadores provinciales. El Senado está integrado por un representante de cada departamento de la provincia.

«El Senado durante años ha sido nueve a cero, en algún momento 8 a 1 y a partir de la irrupción nuestra en 2017 empezamos a estar 7 a 2 y el año pasado llegamos a estar 6 a 3», comenta Endeiza, impulsor de la reforma constitucional.

«Uno de los temas que hay que ver es la cantidad de representantes en la unicameral. Según qué forma de representación se tome hay que ver cómo achicar. Aunque queden más legisladores por tener que tomar alguna parte como distrito único y otra parte por departamentos, hoy hay dos secretarios legislativos y dos prosecretarios por cámara y pasaría a ser solo uno además de un montón de gastos que se irían como el mantenimiento de dos recintos», aclara el vicegobernador y ex Fiscal de Estado en San Luis.

Y otra reducción de un gasto electoral que proponen en San Luis es solo elecciones cada cuatro años. «Hoy las dos cámaras se renuevan por mitades cada dos años. Se está planteando un sistema similar al que tiene Chubut, en el que las elecciones legislativas también coinciden con las elecciones del Ejecutivo. Cada cuatro años elige la composición de la Legislatura y no hay elección de medio término», destaca Endeiza.

Clarín le consultó si ese sistema electoral favorece al gobernador de turno por el «efecto arrastre» en una misma boleta. El presidente de la Legislatura de San Luis puso matices e introdujo la cuestión de la Boleta Única de Papel.

«En Santa Fe hay gobernadores que han quedado marcados todo el mandato con la Legislatura en contra. Este planteo va de la mano con un proceso de reforma política. Por fuera de la reforma constitucional tenemos una reforma política e iríamos a eliminar la Ley de Lemas -que ya tiene media sanción- y a proponer la Boleta Única de Papel. Somos más o menos 500.000 ciudadanos que votamos y mi estimación es que el año pasado acá se imprimieron 20 millones de boletos. Una locura», estima el vicegobernador de San Luis.

En el proyecto de reforma, el Gobierno de San Luis también propone darle jerarquía constitucional al Ministerio Público de la Defensa, que hoy no existe e incumple tratados internacionales y garantías constitucionales, por lo que crearían la Defensoría General de la provincia. También un sistema de capitales alternas para profundizar el federalismo.

Entre los cambios que impulsa el Gobierno provincial hay una autolimitación del Ejecutivo en la nominación del jueces provinciales. «El Consejo de la Magistratura ya tiene jerarquía constitucional, pero intentaremos hacer un régimen donde la política no influya tanto en la selección de los candidatos a jueces y que el Poder Ejecutivo esté obligado a proponer a la Legislatura a quien quedó en primero en la evaluación, salvo que por razones claras y muy especiales indique que se va a apartar de ese orden. Hoy, puede hacer como en Nación, se pueden elegir al que tiene ganas dentro de la terna, y lo queremos cambiar», explica Endeiza a Clarín.

Aunque no fue presentada oficialmente, en el gobierno de San Luis estudian una reforma «anti Rodríguez Saá» adicional, inspirada en la Vigesimosegunda Enmienda de los Estados Unidos.

«Otro aspecto a mirar, por ejemplo, es si tomamos un sistema similar al de los Estados Unidos por el que solo se pueda ocupar un cargo dos veces en forma vitalicia. Después de ser dos veces consecutivas gobernador, que nunca más se pueda presentar para ese cargo. Por una cuestión de institucionalidad, un artículo así busca que no se perpetúen dinastías o familias», dice Ricardo Endeiza.

Pero el camino de la reforma será lento y podría estirarse hasta dos años.

En principio, la comisión tiene cuatro meses para definir la «necesidad» de la reforma, aunque se pueden prorrogar a dos meses más. La idea del oficialismo provincial es que no se trate la reforma en un año electoral, por lo que una posibilidad es que -de aprobarse la necesidad- el año que viene se voten los convencionales constituyentes y en 2026 se trate la reforma constitucional.

Hoy, 16 de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen legislatura unicameral: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Además, 12 legislaturas, la mitad del país, cuentan con renovación completa de la Legislatura. Es decir, solo elecciones de legisladores cada cuatro años cuando votan al gobernador y vice.

Diez de los 12 que tienen esa sola elección por mandato son unicamerales: Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Y solo Entre Ríos y Santa Fe, eligen a diputados y senadores provinciales una sola vez cada cuatro años.