Los allanamientos realizados sobre dirigentes piqueteros fueron el resultado de una investigación que detectó una estructura jerárquica de cinco niveles, donde los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos de planes sociales. 

A lo largo de la investigación, la Justicia reveló un sistema extorsivo a través de análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp, con premios y castigos por participar en marchas, vender alimentos del Estado o realizar otros encargos.

El caso se inició en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar extorsiones de piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a manifestaciones. En este contexto, se recibieron 13,310 llamadas, de las cuales se atendieron 2,720 y 924 se transformaron en denuncias. La investigación se centró en 45 casos denunciados en la ciudad de Buenos Aires.

Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. Aunque el fiscal solicitó allanamientos, detenciones e indagatorias, el juez prefirió tomar declaraciones testimoniales primero. Finalmente, la Cámara Federal ordenó los allanamientos realizados recientemente.

Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

La investigación identificó tres grupos relacionados con el Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, quienes exigían dinero a estas personas vulnerables, y quienes se quedaban con la comida gratuita del Gobierno para luego obligar a venderla por la zona. También los forzaban a participar en movilizaciones políticas y a repartir volantes bajo amenaza de perder la prestación social o los alimentos.

En este sentido, se detectó un sistema de control donde se sancionaba a quienes no acudían a las manifestaciones. Para ello, se tomaba asistencia y se elaboraba una “lista de castigados” que debían cumplir nuevas tareas o pagar una multa de hasta 10.000 pesos por ausencia. Asimismo, se les exigía justificar las ausencias con comprobantes, como turnos médicos o trámites, y se les prohibía retirar comida durante cierto tiempo como castigo.

El fiscal Pollicita describió la existencia de estructuras piramidales en cada comedor. En el primer escalón están los que están en “listas de espera” para acceder al Plan Potenciar Trabajo; en el segundo, los “beneficiarios comunes” que reciben la prestación social pero deben pagar dinero y asistir a movilizaciones; en el tercero, personas que reciben el doble de la prestación a cambio de más exigencias; en el cuarto, los “delegados” que dirigen, cobran cuotas y sancionan; y en el quinto, los “referentes” que controlan la recaudación y la asistencia a las movilizaciones.

Entre los investigados se encuentran referentes del Polo Obrero que ocuparían un escalafón superior a los referentes de los comedores. Jeremías Cantero, identificado como coordinador de varios comedores, intervenía en la toma de decisiones sobre las exigencias de dinero y extorsiones. Elizabeth del Carmen Palma, por su parte, se encargaba de cargar datos en el sistema informático para que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social.

Según la acusación, Cantero y Palma estarían involucrados en las decisiones sobre el destino del dinero. En una escucha telefónica del 27 de marzo de 2024, Palma mencionó la posibilidad de ser investigada por lavado de dinero y por las “cooperativas que están recibiendo las cápitas”, a lo que Cantero respondió que debían pensar “un plan de adónde va eso”. Por esto, la fiscalía sospecha que los fondos de las extorsiones se canalizaron a través de “cooperativas”.

Además, se detectaron los chats de Patricia Iramain, quien publicó una lista de personas que no recibirán mercadería por no asistir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por esa razón. También mencionó que algunas personas “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.

En uno de los chats, una víctima solicita que se le considere justificada la inasistencia a una “marcha” adjuntando una constancia de turno médico y laboratorio que le impidió asistir. En otro chat, otra víctima pregunta si una falta justificada cuenta como asistencia. En respuesta a una pregunta específica de otra víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y, por lo tanto, no podrá retirar mercadería durante todo el mes.

Además, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los referentes, que incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, así como la posibilidad de “reparar” ese “castigo” mediante la realización de diversas tareas.

Gustavo Vásquez, otro de los acusados, escribió en un chat que “son muy pocos los que movilizan por conciencia”, por lo que decidió que la “marcha” (que antes era una invitación) se convirtiera en “obligatoria” y contara como “movilización”. Avisó que dejaría de ser permisivo y que, si tenía que “recategorizar” a alguien, lo haría, pasándolo a “lista de espera”.

Algunos párrafos de lo que declaran los testigos son significativos. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo”, es uno de los testimonios. 

“Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagás los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de ‘cuadrilla’ a ‘beneficiario común’”, relata otro.

Otra persona declaró: “Las amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome”. Señaló que la gente que “trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el Gobierno”. Ese testigo mencionó que las referentes de su comedor eran “Gloria y Rossmery”, a quienes les temían. 

“Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio. Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba Gloria Paraguay, que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porqué si no Gloria me decía que me cortaban el plan”, mencionó.

Otro testigo habló de que retiraban la mercadería del Gobierno en el comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez tenían que pagar 1500 pesos, a cambio de una bolsita con aceite, harina, leche o arroz. 

“Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”, dijo otro, y mencionó que “a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”. Si se ausentaban en más de tres marchas le daban de baja al plan, completa el relato.