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POLITICA

Revés para Grabois: la justicia avaló las políticas de asistencia alimentaria del gobierno

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Sobre la medianoche del viernes, cuando caso había comenzado la feria judicial de invierno, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa le dio un giro de 180 grados al expediente iniciado por la organización que dirige Juan Grabois -UTEP- y el CELS respecto de la política alimentaria del gobierno: con una medida cautelar, y contrariamente al reclamo de los demandantes, avaló las medidas tomadas por el ministerio que dirige Sandra Pettovello, desplazó a la UTEP del caso y reivindicó el rol del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el financiamiento de algunos programas alimentarios.

La resolución fue firmada en el marco del amparo colectivo con el que Grabois y el CELS cuestionaron la supuesta falta de distribución de alimentos en los comedores y merenderos comunitarios, presentado en mayo. En ese momento, el juez Lara Correa abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

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Según la denuncia que abrió el amparo hace dos meses, el Gobierno debe garantizar «el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios. Grabois y los abogados del CELS reclamaron que se restablezca «la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios registrados, validados y matriculados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios”.

Pero con una primera resolución -la medida cautelar implica una primera decisión respecto del planteo judicializado, que será profundizado en la resolución definitiva del caso- la pelea se terminó orientando en la dirección que pretendía el gobierno: establecer quién tiene la potestad -y la responsabilidad, por supuesto- de seleccionar y ejecutar las medidas que considere correctas o mejores para garantizar aquel derecho a la seguridad alimentaria. ¿El poder ejecutivo de turno, o las organizaciones sociales que en los últimos veinte años intermediaron en las políticas públicas de asistencia?

La primera respuesta, provisional, llegó este viernes. Los abogados de Capital Humano ante la justicia en lo contencioso administrativo lograron por ahora lo que no vienen obteniendo en el fuero federal, donde tramitan varios expedientes cruzados entre los piqueteros y las oficinas que dependen de Pettovello.

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En una extensa resolución de 64 fojas, el juez Lara Correa deshizo en partes el razonamiento que los denunciantes llevaron a su estrado, y comenzó por correr de la causa al organismo que representa Grabois: a partir de ahora quedará como accionante únicamente el CELS.

Un derecho de las personas, no de los comedores

«Al derecho que se considera vulnerado, es dable señalar que, el derecho a la alimentación: es el derecho humano por el cual toda persona puede gozar de una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual», comienza el juez.

Y sigue: «la obligación de cumplir con el derecho a la alimentación incorpora tanto una obligación de facilitar como una obligación de suministrar. La obligación de cumplir (facilitar) significa que los Estados deben ser proactivos para reforzar el acceso de las personas a los recursos y a los medios de asegurar su medio de vida, y el derecho de usarlos, incluida la salud alimentaria.» Entonces, como una primera conclusión es posible establecer que las personas titulares del derecho son quienes asisten a los comedores habida cuenta de que, no pueden acceder de otra manera, en principio y siempre dentro del estrecho marco de una medida cautelar, a la satisfacción del derecho.»

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Lara Correa recuenta todas las leyes, planes nacionales, proyectos e iniciativas estatales que a través de las décadas se propusieron atender a la responsabilidad de asistir con alimentos a la población vulnerable. En esa misma enumeración subyace un dato: aquellas herramientas fueron variando con los años. Y entonces pueden seguir haciendo ahora.

De hecho, el Programa Alimentar Comunidad, que «atiende las necesidades de comedores, merenderos de organizaciones sociales y comunitarias que asisten a personas en situación de vulnerabilidad social” y por cuyo supuesto abandono se reclama en el expediente, recién nació el año pasado.

Hay mucha entrelínea en la resolución judicial, que implica la primera buena noticia para Sandra Pettovello en su cruzada judicial por hacer entender la nueva política de asistencia social del gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, el magistrado recuerda acápites de los convenios celebrados, como el que prevé que las tarjetas prepagas con dinero «serán adjudicadas a cada uno de los comedores, merenderos de organizaciones sociales y comunitarias que cumplan con los requisitos solicitados para tal fin y que cuenten con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, inscriptos en el RENACOM e incorporados al programa.»

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Citando jurisprudencia de la Corte, el juez contencioso administrativo repite que “es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno”, y según los documentos que le fueron presentados acepta que «el Ministerio de Capital Humano admite expresamente que, en el contexto del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) se financian -actualmente- a los comedores comunitarios y merenderos a través del ‘otorgamiento de subsidios destinados a organizaciones no gubernamentales para la compra de alimentos frescos y secos a fin de brindar asistencia a Comedores Comunitarios y Merenderos’».

La orden, entonces, es que el Estado Nacional, representado por el ministerio de Capital Humano,» no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes». Es decir, que no toque nada de lo que está haciendo, sobre todo que no desfinancie esa asistencia que se da a través de uno d los programas actuales, el convenio con el PNUD.

Pero el juez dice más: «ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras, desde la óptica del principio de progresividad, así como el poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y merenderos preinscriptos o matriculados con o sin convenio del PNUD.» Este párrafo es clave, y clava un puñal en las pretensiones de las organizaciones piquetereas de mantener autonomía en el uso de los recursos del Estado que reciben.

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«La medida articulada no importa la sustitución de la Administración en la determinación de las políticas y en la aplicación de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia en cuestiones que presentan un importante contenido técnico, reemplazado así la actividad del organismo competente mediante directivas concretas que se traducen en una suerte de plan», abunda la cautelar. «Es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno y, en estos términos, es que la Constitución Nacional le asigna facultades a los restantes poderes para que, implementen los programas o alternativas destinadas a satisfacer el derecho a la alimentación».

Lara Correa se tomó la delicadeza de subrayar que su orden tampoco afecta el equilibrio fiscal, pues «mantener las políticas alimentarias vigentes -siempre que se verifiquen los requisitos normativos esenciales que deben reunir los destinatarios- no repercute en mayores erogaciones dinerarias, ni desembolsos patrimoniales, ni resarcimientos económicos o condicionar al erario público. Sino que, únicamente importa el mantenimiento en la ejecución del procedimiento distributivo vigente e informado por el Ministerio de Capital Humano

En el final de la parte resolutiva, el juez reitera que «lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho». Tampoco se cercena «el ejercicio del poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores con o sin convenio del PNUD».

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Desde ahora y hasta que se firme la resolución definitiva, el ministerio de Capital Humano deberá presentar un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y merenderos.

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En medio de la polémica por la obra pública, una provincia construirá una ruta clave que dependía del Estado nacional

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En medio de la polémica por las obras públicas y la negativa del Gobierno nacional a encarar nuevos proyectos, la provincia de Córdoba anunció que se quedará con una Ruta nacional y terminará las obras con fondos propios. Se trata de la Autopista 19 que cuando se termine tendrá dos tramos por lado.

La obras estaba abandona desde hace años. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue quien anunció que la provincia se hará cargo de finalizar los trabajos de la Autopista que une la ciudad de Córdoba con San Franciso. El Gobierno nacional dio el visto bueno para el traspaso

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“Vamos a poner fin a la ruta de la muerte transformándola en la ruta de la vida y el progreso”, aseguró Llaryora al presentar el proceso de licitación para comenzar las obras que incluirán 62,9 kilómetros en dos tramos que faltan para finalizar la construcción de la autopista.

“Queremos decirles a los vecinos de cinco departamentos de nuestra provincia y a todos los argentinos que no podemos ni vamos a esperar más”, remarcó el Gobernador cordobés con respecto al corredor que vincula a la capital provincial con la localidad de Santo Tomé en Santa Fe. “Vamos a terminar esta obra vial inconclusa para convertirla en la ruta del desarrollo y el crecimiento”, añadió en una indirecta contra el Gobierno nacional

Desde que asumió Milei decidió pasar la motosierra por la obra pública nacional. Frenó todas las obras y solo dejó en funcionamiento las que estaban a punto de finalizar y estaban avanzadas en más de un 80 por ciento. La decisión, según el Gobierno, no solo se apalancó en la idea de recortar fondos sino que el propio Milei no cree en la idea de la obra pública. Desde el Gobierno insisten en que deben ser los privados los que financien las obras y no el Estado nacional.

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Según cálculos del Ejecutivo, por esa arteria circulan más de 3 millones de vehículos anualmente y las obras se encontraban inconclusas.

A partir de esta decisión se trabajará en dos partes: la primera va de Arroyito a Santiago Temple; y la segunda, de San Francisco a Cañada Jeanmaire. Al mismo tiempo, se construirán 4 distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; 6 retornos a distinto nivel; 2 puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; banquinas, colectoras, drenajes, iluminación, señalización y forestación.

La ejecución demandará una inversión de 153,9 millones de dólares y se estima que estará terminada en un plazo de 18 meses. Además, generará unos 800 puestos de trabajo directos e indirectos.

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“Yo crecí y fui intendente de San Francisco, también de la ciudad de Córdoba, donde estudié, es decir, conozco muy bien esta vía, así como las consecuencias y el dolor que atravesamos por la cantidad de accidentes y de vidas afectadas en esta ruta sin piedad”, relató Llaryora y destacó que “con la finalización la Ruta Nacional 19 y con los cientos de kilómetros de las nuevas rutas que también estamos haciendo en la provincia, muchas de ellas rurales, Córdoba se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina”.

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Elisa Carrió presentó un escrito ante la Justicia contra la designación de Ariel Lijo y García Mansilla

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Siguen las repercusiones políticas por el nombramiento a través de un decreto del presidente Javier Milei, de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, Elisa Carrió, presentó un recurso judicial para revocar la designación de los polémicos magistrados.

La líder de la Coalición Cívica (CC), utilizó el recurso amicus curiae ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, para cuestionar la constitucionalidad del Decreto 137/2025 firmado por el Presidente de la Nación. La presentación que habilita a terceros ajenos a un caso a opinar voluntariamente sobre el hecho, solicita la “nulidad absoluta e insanable” del nombramiento de los nuevos cortesanos.

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La designación realizada por decreto viola de manera directa la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes”, afirma el escrito presentado por Carrió, que recayó ante juez federal Alejo Ramos Padilla.

En ese sentido, la exdiputada sostiene que la designación de los nuevos magistrados por decreto contraviene la normativa vigente, ya que la Constitución establece un procedimiento “especial y reforzado” para estos nombramientos. “En cambio, Milei usó una norma excepcional que permite cubrir provisoriamente otros cargos, como embajadores o jefes militares, solo cuando la vacante ocurre durante el receso legislativo”, detalla la presentación.

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“Por ello, no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico”, asegura el texto judicial que fue ingresado en la Justicia platense, este martes 11 de marzo, por la referente chaqueña. Además, Carrió recordó que el Decreto hace referencia a precedentes que no se ajustan a la reforma constitucional de 1994, que estableció limitaciones claras al poder presidencial en la designación de jueces.

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A lo que agrega: “La interpretación de la Constitución Nacional debe ser armónica, donde las normas no se contradicen, sino que se complementan. La Reforma Constitucional de 1994 reforzó la independencia del Poder Judicial, limitó la discrecionalidad presidencial en la designación de magistrados, creó el Consejo de la Magistratura y otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales”.

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“Por tanto, cualquier interpretación debe hacerse a la luz de ese nuevo marco constitucional, que impide utilizar ese mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucionales a mecanismos similares en fallos denominados ‘Aparicio’ y ‘Uriarte’, reafirmando que la independencia judicial no admite grados ni excepciones”, concluye la presentación realizada por Carrió, que ya había cuestionado muy duramente el accionar de Milei tildándolo de antidemocrático.

La entrada Elisa Carrió presentó un escrito ante la Justicia contra la designación de Ariel Lijo y García Mansilla se publicó primero en Nexofin.

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Más allá del “triángulo de hierro”: La Libertad Avanza gana bancas en el sector editorial

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Pasado un año de gobierno, La Libertad Avanza gana bancas en los catálogos editoriales de la Argentina. Periodistas, politólogos, filósofos y sociólogos indagan en los misterios de las “fuerzas del cielo” y sus protagonistas. Sin contar los firmados por el Presidente, y además de otros libros sobre Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en las próximas semanas llegará una biografía no autorizada del “Mago del Kremlin” que le tocó en suerte a la Argentina, el consultor político y asesor presidencial Santiago Caputo; una investigación sobre los alcances de la “narrativa mesiánica” del Gobierno y títulos firmados por el diputado del Pro cercano al oficialismo Damián Arabia y la exfuncionaria Leila Gianni, entre otros.

Este mes, Planeta primereó con un ensayo de la socióloga y académica Liliana De Riz, Laboratorio político Milei. El primer año en el sillón de Rivadavia, donde analiza el experimento llevado a cabo por el mileísmo con elementos de teorías políticas, filosóficas y económicas sobre la libertad, la democracia, la representación, las autocracias y el Estado, la lógica de mercado y el ejercicio del poder. “El Presidente no tiene restricciones e ignora las instituciones. Cree que la libertad es hacer lo que uno quiere y se beneficia de un sistema político roto”, ponderó De Riz en diálogo con LA NACION. También se publicó Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo, antología de columnas del periodista y editor Jorge Fontevecchia, uno de los “enemigos predilectos” de la prensa elegido por Milei, según consigna la contratapa.

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En abril, en la colección Espejo de la Argentina, se publicará El monje. La verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, de los periodistas Maia Jastreblansky y Manuel Jove, donde analizan el vínculo del joven gurú con los hermanos Milei. A Caputo se lo considera el hacedor del triunfo electoral de La Libertad Avanza en 2023. Los autores reconstruyen su trayectoria desde su infancia en Belgrano y Martindale y sus inicios con Jaime Durán Barba y Rodrigo Lugones en la consultora Move Group hasta el flamante “Salón Parravicini” y el “triángulo de hierro” que integra con los Milei. A través de la historia de Caputo, se devela el mundo de los consultores y los operadores políticos que inciden en la vida pública “desde las sombras”, aunque no siempre, como quedó claro el 1° de marzo en el Congreso, cuando Caputo increpó al diputado Facundo Manes.

Para mayo se espera el nuevo título del periodista Juan Luis González, autor de la exitosa biografía no autorizada de Milei, El Loco, que va por su sexta edición y se publicó en Uruguay, Chile, Perú, México, Colombia y España. También saldrá por Planeta y se titula Las Fuerzas del Cielo.

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“En El Loco conté quién es Milei -dice González a LA NACION-. Su camino de niño golpeado y rockstar frustrado a la Presidencia, con todos los claroscuros que tuvo esa historia: el apoyo de Eduardo Eurnekian en su carrera mediática y política, la aparición de barrabravas en el armado inicial, la venta de candidaturas a lo largo del país a políticos reciclados de la casta, las irregularidades sobre la fortuna de Norberto Milei, la irrupción de filonazis en el espacio, la ayuda logística y monetaria que le había brindado el peronismo que decía combatir, el clima de persecución y autoritarismo que reinaba en La Libertad Avanza, los modos despóticos de Karina y los misterios acerca de sus cuentas o los sistemáticos plagios que hizo en los libros que publicó. Las Fuerzas del Cielo viene a completar esa tarea. No a contar quién es Milei, sino a contar qué es. Y Milei es, antes que todo, un profeta. Así se piensa él, y para entenderlo a él y a su proyecto hay que ir al corazón de lo que lo mueve: su mesianismo, la convicción profunda de ser un elegido del ‘Uno’, con el que dice poder hablar a través de su perro muerto Conan. Es una investigación que explora la influencia de lo místico en la vida de Milei, pero también en el accionar de este Gobierno, donde ese esoterismo construye la narrativa oficial, empuja decisiones, y hasta es central a la hora de subir o bajar peldaños en La Libertad Avanza”.

Por último, el Grupo Planeta-que puso a la venta en su tienda online dos “packs” de libros de Milei: el primero, que incluye Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, El fin de la inflación y El camino del libertario, cuesta $ 92.000; el segundo, incluye El fin de la inflación y El camino del libertario, a $ 60.400- anticipa que en agosto llegará a las librerías 3M. Menem, Macri, Milei, de la periodista Astrid Pikielny y el politólogo Andrés Malamud, sobre los “vasos comunicantes” entre los tres adalides del liberalismo criollo.

Galerna tiene previstos varios libros sobre el presente político del país. El diputado y político del Pro Damián Arabia presentará en abril, para la Feria del Libro porteña, No me rompan las pelotas, donde repasa uno a uno los aspectos que constituyen el nuevo paradigma de la política local. En mayo, también en temporada de Feria, se presentará Militantes del hambre, de Leila Gianni, exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano que renunció a su cargo para dedicarse a la política territorial en La Matanza. En su libro, anticipan desde la editorial, pondrá al descubierto “la estructura criminal que montaron ciertas organizaciones sociales en connivencia con el poder político de turno, para apropiarse de los fondos públicos destinados a la ayuda social para su propio beneficio”. En 2024 Gianni protagonizó encendidos debates con el dirigente social (y autor de varios libros) Juan Grabois.

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En el segundo semestre de 2025, también Galerna publicará el nuevo libro sobre Milei del abogado, ensayista y periodista José Benegas, que en 2024 dio a conocer Milei. Todas las respuestas a las preguntas que suscita.

La editorial Milena Caserola prepara un volumen de humor con un título inspirado en las habituales filípicas de Milei contra la izquierda: Zurdos de mierda. En 2024 este sello publicó Las fuerzas del cielo. Argentina, Milei y los judíos, coordinado por el historiador Raanan Rein y el politólogo Pablo Mendez Shiff, con ensayos de destacados intelectuales como los filósofos Emmanuel Taub y Diana Sperling, la psicoanalista Alexandra Kohan, los sociólogos Fortunato Mallimaci y Ana Wortman, el politólogo Fabián Bosoer, las periodistas Jordana Timerman y Miriam Lewin, y los escritores Claudio Zeiger, Julia Kornberg y Alejandro Soifer, entre otros.

Es un libro que se propone dar algunas pistas para entender un fenómeno que genera perplejidad: el acercamiento que hace Milei, un político de extrema derecha de origen no judío, a la cultura judía -dice Shiff a LA NACION-. Son veinticuatro ensayos y un cuento que parten de esa perplejidad para analizar el tema desde diferentes ángulos. Es un libro intelectual pero que se propone como amigable para todo tipo de lectores”. El único autor incluido en el volumen que votó a Milei es el rabino Uriel Romano. El año pasado, Las fuerzas del cielo fue declarado de interés social por la Legislatura porteña; a finales de mes, se presentará Brandeis University, en Estados Unidos, y en el Centro Sefarad de Madrid, en España.

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En abril, Siglo XXI publicará Extrema derecha 2.0. Cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas, del historiador italiano Steven Forti, y La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina, de los investigadores Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro. Las investigadoras Carolina Spataro y Melina Vázquez trabajan en un libro sobre el feminismo libertario, que llegará en el segundo semestre, así como también Policrisis, sobre el fenómeno Milei, de la escritora Maristella Svampa.

Marea anunció que en mayo lanzará El síntoma Milei, del periodista y escritor Hernán Brienza. “Este libro intenta desentrañar las razones que llevaron a la Argentina a elegir a Milei y, sobre todo, las formas en que Milei llevó adelante su forma de gobierno, con la legitimidad que lo caracterizó -dice Brienza a LA NACION-. La idea es que Milei no produjo cambios en la Argentina sino que esos cambios ya estaban legitimados: esa Argentina, fallida, ya había cambiado antes de Milei. Es una Argentina que surgió fallida porque no pudo sostener su rumbo, a partir del proceso de organización de 1860. Lo fallido es no haber podido sostener ese lugar en el mundo que el país parecía haber conquistado, hasta 1910 o 1920. Lo que plantea el libro es que Milei es síntoma de ese fracaso. Esa primera tesis permite hacer un análisis de qué cosas cambiaron en la sociedad como para que el anarcocapitalismo pudiera coquetear con la posibilidad del Estado Nacional, incluso, y romper con los tres pactos sociales que hizo la Argentina a lo largo de su historia: el pacto social de la educación, el de la justicia social y el de la democracia. Milei los rompió, pero esos pactos ya estaban deslegitimados por los resultados de las políticas públicas de las últimas décadas”.

Mientras, Prometeo apronta el lanzamiento de dos libros que abordan experimentos libertarios: Fordlandia. Auge y caída de la olvidada ciudad selva de Henry Ford, del historiador estadounidense Greg Grandin, y Capitalismo de aventura. Una historia de la salida libertaria, desde la época de la descolonización hasta la era digital, del historiador estadounidense Raymond B. Craib. Y Eudeba, Lecciones contra la incertidumbre en política II. Análisis político para entender la realidad actual, del politólogo y doctor en Ciencias Sociales Martín D’Alessandro.

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El sello Biblos presentará dos títulos. La disrupcion Milei, coordinado por los analistas políticos Federico Rey Lennon y Samantha Olmedo en colaboración con la Asociación Argentina de Consultores y Consultores Políticos, reúne distintas miradas sobre la irrupción de Milei y su impacto en el sistema político. En De Macri a Milei. El país inviable de las elites argentinas, del economista, exdiputado y exsecretario de Comercio Roberto Feletti, brinda un análisis crítico de las políticas económicas de los últimos gobiernos, previas a la motosierra.

Hojas del Sur llegará a la Feria del Libro porteña con varias novedades, entre ellas, el nuevo libro de Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas más influyentes del liberalismo, admirado por Milei y que dará una conferencia en el Palacio Libertad, el 24 de abril; Relato roto, del panelista y cineasta Diego Recalde sobre las mitologías del peronismo, y el relanzamiento de la Biblioteca de Nicolás Márquez, con sus libros más conocidos, como La Guerra Civil, Perón y El Libro Negro de la Nueva Izquierda, “Biblia de la batalla cultural” coescrita con Agustín Laje y que cumple diez años desde su primera edición.

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