POLITICA
Río Negro adhirió al RIGI y aventaja a Buenos Aires en la disputa por la construcción de una obra millonaria
La Ley Bases era la herramienta que pedía el gobierno de Javier Milei para avanzar en las reformas que consideran clave para su gestión, pero también hubo varias provincias interesadas en su aprobación. Uno de sus capítulos, el del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), fue recibido con particular interés en aquellas con explotación hidrocarburífera.
Una de ellas era Río Negro, donde gobierna el provincialista Alberto Weretilneck, que además trabajó -y trabaja- en tándem con el neuquino Rolando Figueroa y fueron clave para la votación final en el Congreso con los votos de sus legisladores. El RIGI era una condición para una inversión que se anuncia como fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta: la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el país.
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La planta de GNL era un proyecto que inicialmente estaba pensado para la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Bahía Blanca. De hecho, ese es el argumento del Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof para quedarse con el proyecto: aseguran que trabajan en él desde 2017. En 2023 se efectivizó la reserva de 1500 hectáreas en el predio del Puerto Bahía Blanca para poder localizar la planta allí.
Mientras tanto, Weretilneck primereó a Kicillof al lograr la aprobación en la Legislatura del proyecto de adhesión al RIGI y es la primera provincia argentina en adherir al régimen de incentivo de grandes inversiones. Así, cumple con el primer mandato que repitió hasta el cansancio el presidente de YPF, Horacio Marín: “Sin RIGI no hay YPF”. Y un dato no menor es que el kirchnerismo en su totalidad votó en contra.
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Pero hay más, porque YPF pidió una serie de condiciones: adhesión al RIGI, la creación de un régimen provincial, exención de tasas municipales, permisos ambientales y garantías de los terrenos en los puertos, entre otras. En el entorno de Weretilneck confirmaron a TN que el gobernador ya envió la respuesta formal a la petrolera para aceptar todos los requerimientos. “Hicimos todos los deberes y nos vamos a quedar con el proyecto”, afirmaron a este medio.
“No es Río Negro solo, es el norte de la Patagonia. Nosotros tenemos nuestro puerto, que es el puerto de San Antonio Oeste, y tenemos un golfo que es sumamente competitivo. Por tres barcos del tamaño que ingresan a Bahía Blanca, en Río Negro se podría hacer con un solo barco. Esto genera una competitividad enorme, más de cuatro dólares por barril de competitividad”, afirmó días atrás el mandatario rionegrino.
Las petroleras YPF y Petronas (Malasia) lideran el proyecto, que fue denominado como una de las “mayores obra de infraestructura” de la historia argentina, con inversiones por entre US$30.000 millones y US$40.000 millones desde 2025 a 2031.
El tira y afloja con Kicillof
“Estamos trabajando en esto desde hace muchísimos años, incluso desde antes que Kicillof sea gobernador. Esto no es una cuestión partidaria”, remarcaron cerca del mandatario provincial a TN. Si bien indicaron que esperaban la reglamentación de la Ley Bases para confirmar los pasos a seguir, la postura del Gobierno bonaerense es que el proyecto de la planta de GNL en Bahía Blanca es significativamente anterior a la disputa actual.
En ese sentido, aseguraron que van a hacer todo lo posible para que “la planta de GNL quede en Bahía Blanca”, aunque marcaron diferencias con el accionar rionegrino: “No nos cambia en nuestro pensamiento y accionar lo que pueda hacer otra provincia. Va en contra de lo que pregonamos, que es trabajar todos juntos. Es más una búsqueda de ellos que nuestra”.
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Desde el Ejecutivo que comanda Kicillof además explicaron que tienen “leyes propias de promoción industrial, que no están tan alejadas del RIGI” y que van a “seguir trabajando para que eso sea un punto a favor”. La premisa de la administración bonaerense es que no hay motivos para cambiar de planes en un proyecto que se trabaja desde hace más de siete años.
El otro condicionante en esta disputa no tiene que ver con pros y contras de las locaciones -que tienen ambas- sino con una situación que trasciende los hechos: el enfrentamiento político entre Kicillof y Milei. El bonaerense es el mandatario más opositor al Gobierno y el Presidente lo critica en cada oportunidad que se le presenta. Este hecho no lo favorece, menos aún en comparación con su par patagónico, que mantiene una postura dialoguista.
GNL, Axel Kicillof, Alberto Weretilneck
POLITICA
Gabriel Solano: “El gobierno utiliza la Justicia para criminalizar la protesta social»
Gabriel Solano explicó que la reciente intensificación de causas judiciales contra grupos como el Polo Obrero no es un fenómeno aislado, sino parte de una campaña más amplia de persecución política. «Estamos frente a una campaña de persecución política que se evidencia en la proliferación de causas en todo el país. En los últimos dos o tres meses, ha habido más de 150 allanamientos a comedores populares en diferentes puntos de Argentina», afirmó el legislador.
Según Solano, el objetivo de estas acciones judiciales es criminalizar la protesta y deslegitimar a las organizaciones sociales que se oponen a la política gubernamental. «Las acusaciones en los procesos, como la de extorsión y falta de contraprestación laboral en los comedores, son completamente falsas. No hay pruebas que sustenten estas acusaciones», sostuvo.
Además, el legislador porteño denunció la falta de asistencia gubernamental en los comedores populares, que son fundamentales para muchos argentinos que enfrentan problemas de hambre. «El gobierno ha dejado de enviar alimentos a los comedores, lo que ha llevado al cierre de muchos de ellos. Los comedores sobreviven gracias al esfuerzo solidario de vecinos y al apoyo de gobiernos provinciales y municipales», explicó.
También criticó la falta de respuesta de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien, según él, ha ignorado los pedidos de reunión de las organizaciones sociales. «Es inaceptable que la ministra no se haya reunido con las organizaciones. Su rol es crucial para coordinar la asistencia y garantizar que los comedores puedan seguir funcionando», remarcó Solano.
Por último, Solano advirtió que la situación actual refleja una crisis más profunda: «La política económica del gobierno ha exacerbado la pobreza y la indigencia, mientras que la asistencia social se destruye. Esto no es solo un ataque a las organizaciones sociales, sino a las personas que están sufriendo por la falta de políticas públicas efectivas».
En la entrevista, el dirigente destaca la grave crisis que enfrentan los comedores populares y el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, mientras la asistencia social y las necesidades básicas de la población quedan desatendidas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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