La Justicia ya comenzó a armar la trazabilidad de, por lo menos, 17 millones de dólares en comisiones pagadas entre el 2019 y el 2024 por contratos direccionados a favor de brokers amigos del ex presidente Alberto Fernández y otros sectores K.

Parte de ese dinero fue desviado a las cooperativas truchas “7 de Mayo” e “Irigoin” que usaron ese dinero para comprar departamentos en la Capital y la Costa Atlántica, pagar viajes a EE.UU., compra autos de alta gama, e incluso plateas en el club Ríver Plate.

Es la primera parte de una investigación que ya demostró la “cartelización” del negocios de la intermediación de seguros del Estado que Alberto conoce muy bien porque fue superintendente de Seguros de Menem y estuvo vinculado a la escandalosa disolución de Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) que denunciaron el economista Roberto Guzman y el fallecido periodista Julio Nudler.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago, que hizo la denuncia en base a una investigación de Clarín, pidió al magistrado profundizar la trazabilidad de los fondos robados al Estado con la maniobra para determinar hasta qué nivel llegaron los pagos de plata negra.

Alberto F. no solo controlaba la empresa estatal Nación Seguros sino que firmó el decreto 823/2021 que evitó el llamado a licitación de los seguros en empresas del Estado y su secretaria, María Cantero, gestionaba los contratos para su esposo Héctor Martínez Rojas, tal como demuestran los chats descubiertos en su celular.

Por lo pronto, el fiscal Carlos Rívolo logró que la Cámara Federal ordenara un embargo preventivo de las comisiones que La Nación Seguros faltaba pagar de la gestión de Alberto, como primer fondo para tratar de recuperar lo robado al Estado.

Pero en investigación no solo están nombrado el broker Martínez Rojas, sino Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura y Oscar Castello, otro aportante a la campaña presidencial de Alberto y Cristina Kirchner.

“No me cabe duda que Alberto Fernández va a terminar procesado luego de su indagatoria, como Alberto Pagliaro, ex presidente de la Nación Seguros y todos los que estuvieron en el negociado”, afirmó Oliveto Lagos en declaraciones a Dato sobre Dato de radio Milenium.

La diputada de Elisa Carrió afirmó que “los funcionarios de Alberto Fernández por notita le decían a Nación Seguros qué broker tenían que contratar, por ejemplo, a Martínez Sosa quien le hacía regalos a Fabiola Yañez”. Además, de relojes Tag Heuer, corbatas y pulseras de plata al ex encargado de la residencia de Olivos, Daniel Rodríguez o el el ex jefe de Gendarmería, Andrés Severino, que se sacaba fotos sonriente con el broker K .

En base a la auditoría de la SIGEN, que dirige Miguel Blanco, el juez y el fiscal ordenaron más de 100 medidas de prueba a la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que dirige Diego Velasco.

Estos informes lograron, en principio, armar una mapa de relaciones económicas entre “cooperativas”, brokers y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

En el llamado a indagatoria de Alberto, Ercolini sostuvo que “parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en última instancia en beneficio de algunos de los intervinientes en la maniobra”.

Como parte del mecanismo de recaudación de los fondos ilícitamente obtenidos, parte de los acusados recurrieron a una serie de cooperativas, en especial a «7 de Mayo Cooperativa de Trabajo ltda», «Cooperativa de Trabajo Irigoin Ltda» y “Cooperativa de Trabajo Nuestro Lugar ltda.”, entre otras. Las cooperativas son entidades sin fines de lucro y tienen beneficios impositivos.

En primer término, esas “cooperativas” apenas crearon cambiaron de autoridades a la vez que renunciaron todos sus asociados fundadores, siendo reemplazados por otros, como se hace para encubrir a sus verdaderos dueños.

En este entramado se advirtió “la confluencia de Alfredo Del Corro como tesorero de “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo ltda” y asociado de la “Irigoin”. Estas y otras “cooperativas” sirvieron para la “elaboración de facturación millonaria de las cooperativas, tanto entre sí, como a numerosas personas físicas y jurídicas del rubro de los seguros”.

Por ejemplo, la cervecería que “7 de Mayo” tenía en Palermo “entre 2021 y 2024, declaró ventas por $ 1.653.890.625, de las que el 85% fueron a no consumidores finales y sólo 15% a consumidores finales”. De ese total, $ 2.957.327 se dieron en el último cuatrimestre de 2021 y tras el decreto de Alberto pasó a $ 140.024.042 en 2022 y $ 1.108.438.125 en 2023″. Es decir(casi ocho veces el monto del año previo y $ 402.471.131 en el primer trimestre de 2024”.

En la cuenta corriente de “7 de Mayo” en el “Banco Patagonia S.A. durante 2023 registró créditos por $ 1.064.796.322 y débitos por $ 1.031.896.220. Un 35% de ellos tuvieron su origen en ocho compañías aseguradoras”. Un crecimiento parecido tuvo en otra cuenta en el Banco Credicoop.

Entre fuentes de ingreso presuntamente vinculadas con la maniobra, “pueden mencionarse los movimientos de dinero de «7 de Mayo» con “Bri Brokers S.A.” que registra al menos $ 1.959.491 en 2022 y $ 107.770.209 en 2023.

Por su parte, “Nación Seguros S.A.” tiene movimientos por $ 1.342.199 durante 2022 y octubre de 2023 hacia esas cooperativas y, «San Ignacio sociedad de Productores Asesores de seguros por $ 238.486.095 sólo para el segundo semestre de 2023 y enero de 2024. A su vez, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales registra movimientos por $ 105.082.486 con esa “cooperativa” durante 2023.

Otro miembro de la “cooperativa” 7 de Mayo, Carlos Alberto Suárez se encuentra vinculado como representante de las firmas “Elec-Date Construcciones S.R.L.” con relaciones contractuales con Smart Technology S.R.L. propiedad de Del Corro y su pareja Mariana Lourdes Trupia y “LSV Producciones S.R.L.” Suárez registra transferencias de fondos millonarias con «San Ignacio».

En otro orden, como parte de la misma sociedad de Del Corro y su pareja en Smart Technology “se observa la intervención de Marcos Federico Eufemio, quien ingresó a «Nación Seguros» como jefe de compras el 14/04/2021”. Es decir, Eufemio era funcionario público.

Se trata de una de las relaciones que el juez quiere profundizar y saber si terminaba allí. o eran supuestos testaferros de una línea que iba más arriba en la pirámide del poder K.

Pero las vinculaciones no terminan allí, Damián Gosso aparece “vinculado junto a Eufemio y Del Corro en la firma «Megaled del Sur SRL».

Por su parte, la “cooperativa” Irigoin empezó a ser “utilizada como un engranaje adicional de la operatoria de 7 de Mayo. De facturar muy poco, Irigoin “entre febrero y marzo de 2024, se emitieron facturas por un total de $ 47.550.016”. Dos de esas facturas fueron a “San Ignacio” y una “7 de Mayo”.

Como contrapartida, las compras eran por montos pequeños antes del negociado, pero en 2024 compraron un Mini «Cooper» modelo 2021 que usaba Del Corro.

Después suman a la cooperativa “Nuestro Hogar ltda” que recibió al menos $ 10.585.201 entre junio y noviembre de 2023. Esa última entidad aparece integrada, entre otros, por la pareja de Del Corro que habría emitido facturas “contra inyecciones de fondos de “BRI Brokers S.A.” y “TG broker”.

Ese dinero, resaltó el juez Ercolini, se usaron en gastos “como pasajes aéreos e inversiones inmobiliarias” de los acusados, mientras que “7 de Mayo” es propietaria de cuatro autos de alta gama.

Por otra parte, desde «7 de Mayo” se hicieron envíos millonarios “al Fideicomiso Inmobiliario Flumine, al Fideicomiso Villarroel, al Fideicomiso Libertador, al Fideicomiso Inmobiliario Naase, al Fideicomiso Inmobiliario 866 y al Fideicomiso Links Country de Mar”.

El Fideicomiso Inmobiliario Naase tiene como “objeto es el desarrollo del proyecto residencial “MilAires” ubicado en Av. Salvador María del Carril al 5000 de esta ciudad, donde Del Corro y su pareja “adquirieron cada uno un departamento y una cochera”.

Por otro lado, los pagos al Fideicomiso 866, encargado de la construcción de otro complejo inmobiliario en la calle El Salvador “se corresponde a la compra de un departamento con cochera y baulera a nombre de Tanos y Bisogni”, otros «cooperativistas».

Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-cheques por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento por cinco años.

También, se efectuaron pagos desde la cooperativa a la firma “Elementa S.R.L.” que opera como la agencia de viajes “Tower Travel”, con los que se abonaron pasajes aéreos a Miami, Estados Unidos de América a nombre de Tanos y Bisogni”.

La causa se abrió por denuncias de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto en base a una investigación de Clarín y luego sumaron datos el Ministerio de Capital Humano del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Seguridad Social y la firma Nación Seguros S.A de la gestión de Milei.

Hasta ahora las acusaciones que pesa sobre Alberto y otros imputados son por fraude al estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero la diputada Oliveto Lagos quiere que se investigue también como “una asociación ilícita. Fue una banda que se armó para un determinado negocio donde cada uno se lleva su parte”.

¿Se atreverá la Justicia a considerar que se actuó en banda lo que agravarías las eventuales condenas? La moneda está en el aire.