Martim Agostinho tiene hoy 20 años. Estudia actualmente en una escuela de ciencia y tecnología en Leiria, en Portugal. Tenía 14 cuando, en 2017, sin entender bien el por qué, fue testigo de un fuego que lo abrasó casi todo. Nunca se olvidará de la magnitud de la destrucción que aquellos devastadores incendios forestales causaron tan cerca de su casa. Ni los días sin clases por el cierre de su colegio, irrespirable por el humo en el aire.

Su hermana Cláudia (24 años), hoy enfermera en un hospital local, también tiene grabada en su cabeza una pesadilla que se cobró la vida de 120 vecinos. Los recuerdo de Mariana, la más pequeña de los hermanos (11), son más borrosos. Tenía cinco años cuando aquel desastre climático alteró la vida de cientos de niños, entre ellos su prima Catarina Mota (20), otra adolescente de Leiria que por aquellas semanas dejó de sonreír.

Sofia y André Oliveira, hoy 15 y 13 años, respectivamente, vieron siendo niños los incendios de Leiria por televisión, desde su casa en Lisboa. A ellos, el calor extremo los afectó al año siguiente, en agosto de 2018, cuando los termómetros de la ciudad alcanzaron los 44 grados, un récord histórico de temperatura. 

Estos seis (ignotos) jóvenes portugueses harán lo que nadie pudo: sentar la semana que viene en el banquillo de los acusados a 33 países europeos por no estar haciendo nada para evitar una «catástrofe climática».

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El histórico juicio -no hay ningún precedente de un litigio de esta envergadura- tendrá lugar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, ante 17 jueces que escucharán los alegatos de los demandantes y de los países demandados: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía (Ucrania estaba incluida en la demanda, pero la invasión militar de Rusia llevó al equipo legal a retirarla del caso).

El argumento de los jóvenes, arropados por sus familias, por la Red Mundial de Acción Legal (GLAN) y por un prestigioso equipo de abogados de Londres, es «simple»: el tiempo se acaba rápidamente para salvaguardar su futuro. 

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Ponen un ejemplo, si Mariana, la demandante más pequeña, viviera hasta los 88 años, estará viva en 2100. Para entonces, sin una acción radical por parte de los gobiernos, el mundo podría estar 4°C más caliente que durante la época preindustrial, un «horno» que haría prácticamente imposible la vida humana. 

Es el primer caso climático presentado ante un tribunal internacional con poder para emitir fallos legales vinculantes. Si tienen éxito, los países demandados estarían legalmente obligados, no sólo a aumentar los recortes de emisiones, sino también a abordar las contribuciones extranjeras al cambio climático, incluidas las de sus empresas multinacionales

 «Los incendios nos hicieron entender que el cambio climático no es solo una amenaza para el futuro del planeta o para los casquetes polares, es una amenaza para todos nosotros y está aquí, ahora mismo, justo en nuestra puerta», explican los jóvenes en su demanda. 

Según Gerry Liston, director jurídico de GLAN, explica que la demanda se centra en «dos áreas principales». La primera: «cómo los Estados contribuyen a las emisiones globales dentro y fuera de sus fronteras».

«En cuanto a las emisiones liberadas en casa, los esfuerzos de reducción de los gobiernos europeos son demasiado débiles y no están en línea con lo que exige la ciencia», subraya el abogado.

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La segunda responsabilidad apunta a las «emisiones liberadas fuera de sus fronteras», los combustibles fósiles que exportan, la producción de bienes que importan del extranjero y las actividades en el extranjero de las multinacionales con sede dentro de sus jurisdicciones.

El litigio, señala Liston, es «histórico por dónde se lo mire»: es el primer caso climático presentado ante un tribunal internacional con poder para emitir fallos legales vinculantes. Si tienen éxito, los países demandados estarían «legalmente obligados», no sólo a aumentar los recortes de emisiones, sino también a abordar las contribuciones extranjeras al cambio climático, incluidas las de sus empresas multinacionales.  

La historia legal del caso se remite al 3 de septiembre de 2020, justo después de que Portugal registrara su julio más caluroso en noventa años. Ese día, los abogados de los jóvenes presentaron la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin pasar antes por ningún estrado nacional.

Los abogados justificaron esta decisión en que la crisis climática «interfiere» con varios de los preceptos que protege la Convención Europea de Derechos Humanos, entre ellos el más básico: el derecho a la vida

Un mes más tarde, en octubre de 2020, el Tribunal de Estrasburgo concedió al caso prioridad sobre la base de la «importancia y urgencia de las cuestiones planteadas». En noviembre, los países demandados fueron notificados. 

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Todos los Estados solicitaron a la Corte que revocara su decisión de acelerar el proceso, argumentando que los jóvenes solicitantes no enfrentan ningún peligro inminente. 

Los incendios nos hicieron entender que el cambio climático no es solo una amenaza para el futuro del planeta o para los casquetes polares, es una amenaza para todos nosotros y está aquí, ahora mismo, justo en nuestra puerta

El gobierno de España, a través de su Ministerio de Justicia, pidió que el recurso sea declarado «inadmisible» por no «agotarse los recursos internos disponibles» y por «la falta de condición de víctima».

«Las pretensiones de los demandantes no son más que una colección de declaraciones vagas e inexactas que nunca han sido presentadas ni demostradas en el curso de procedimientos judiciales ante los tribunales internos, como podrían y deberían haber sido», respondió el Ejecutivo español. 

El Tribunal no solo rechazó la revocación española -y la de los otros países-, sino que también denegó la solicitud de los demandados de aplazar el escrutinio de sus políticas climáticas, ergo, frente a los jueces, tendrán que intentar defender la compatibilidad de sus políticas climáticas con el objetivo de calentamiento global de 1,5°C del Acuerdo de París.  

«Yo apostaba por la inadmisión al no existir antes ninguna presentación en los tribunales nacionales. Pero el TEDH ha aceptado la demanda y la semana se abrirá la Gran Sala de Estrasburgo para la primera audiencia. Es difícil proyectar qué puede pasar. Pero este juicio es algo histórico, marca un quiebre sea cual sea la sentencia», le explica a LPO Jaime Doreste Hernández, abogado español especializado en Derecho Ambiental.

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Liston aclara que Cláudia, Catarina, Martim, Sofia, Mariana y André encarnan a los «millones de niños y adolescentes» que, sin una acción política urgente, vivirán en un mundo apocalíptico.

El histórico juicio -no hay ningún precedente de un litigio de esta envergadura- tendrá lugar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, ante 17 jueces que escucharán los alegatos de los demandantes y de los países demandados

También repite que los jóvenes no están solos. En estos seis años recibieron el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, expertos de la ONU, académicos y representantes del movimiento climático. Y el aporte anónimo de muchos ciudadanos en una campaña de crowdfunding que recaudó más de 100.000 euros, dinero utilizado para los costes del litigio. 

«Han sido seis años largos, un camino arduo y finalmente estamos viendo los resultados de nuestro esfuerzo», celebra Martim. No pide mucho: quiere realizarse en el mismo planeta en que se han realizados sus padres, tíos y abuelos.