La primera privatización de la era Milei atraviesa horas cruciales. La empresa fundada por la familia Pescarmona, Impsa, que durante la gestión de Alberto Fernández pasó a manos del Estado, puede volver a pertenecer enteramente al sector privado. Tal como informaron fuentes oficiales, cuatro compañías firmaron una carta de intención para adquirirla y una de ellas aseguró que este lunes presentará su propuesta formal para comprarla.

La norteamericana Arc Energy, que fue la primera en firmar la carta de intención para quedarse con Impsa, quiere sacar ventaja sobre sus competidoras y sus representantes aseguran que el lunes van a oficializar su oferta formal con “varias cartas bajo la manga”. El primer punto que dejaron trascender es que buscarán adquirir la totalidad de la compañía por una cifra cercana a los US$30 millones. Pero eso no es todo. También contemplan un “crédito puente” durante el proceso de mejoramiento de oferta en el que cualquier interesada puede competirle, y hasta incluso presentar un proyecto que tenga al RIGI como destino final.

A propósito del denominado “crédito puente”, fuentes de Arc Energy explicaron que se trata de una “inyección generosa de dinero” para que Impsa pueda hacer frente a sus compromisos mientras se prolongue el período de mejoramiento de oferta. ¿La cifra? “La idea inicial ronda los US$5 millones”, dijeron. Incluso, contemplan agregar a la oferta la posibilidad de aplicar al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) a través de un proyecto con Impsa. Esto implicaría el desembolso de, al menos, US$200 millones.

De esta manera, se eleva el vértigo por la primera privatización, ya que Arc Energy no es la única interesada. Tal como indicaron fuentes oficiales, el Gobierno también firmó cartas de intención con otras tres compañías. Esto las habilitó para acceder al “data room” donde se encuentra toda la información sensible de Impsa. “Sirve para saber qué es lo que se quiere comprar”, explicó una de las partes que interviene en el proceso.

De hecho, el período comprendido entre la firma de la carta de intención y el inicio del mejoramiento de oferta se llama “due dilligence” y es el que los interesados utilizan para conocer por dentro a Impsa. Es decir, qué deudas tiene, cuántos empleados, juicios, proyectos en marcha y todo su patrimonio, entre otras cosas. Ese tiempo de “due dilligence” finaliza este lunes y a partir de la semana próxima cualquiera podrá presentar una propuesta formal para comprar a la compañía fundada por los Pescarmona. La diferencia entre las que firmaron la carta de intención y jugadores ajenos es que estos últimos no accedieron al mencionado “data room”.

Esta mañana Impsa finalizó su Asamblea y luego el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dieron una conferencia de prensa en las horas claves para la primera privatización del Gobierno.

“Se está tratando de rescatar la empresa. Si no hay oferentes interesados, no hay posibilidades”, declaró Chaher. Por su parte, Pazo dijo: “Creemos que hoy puede haber oferentes por el RIGI”. Y Cornejo sostuvo que es “prioritario el proceso de salvación de una empresa emblemática”. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones y Mendoza, el 21,2% de los títulos de la compañía. El 15,1% está en manos de accionistas privados.

Entonces, luego del período de prórroga para extender el período de “due dilligence”, la primera privatización de la era Milei empieza a ganar velocidad. En un primer momento, el mejoramiento de oferta iba a empezar en agosto, pero se aplazó para el próximo lunes tras un pedido de la primera interesada en comprar Impsa, Arc Energy.

Fuentes de la empresa interesada en la capitalización de Impsa describieron que parte de la dificultad del proceso previo a la presentación formal de la propuesta está relacionada a la deuda de más de US$500 millones que tiene la compañía. Esto obligó a Arc Energy a diseñar un plan de reestructuración y entablar diálogos con sus acreedores, entre quienes se encuentran el Banco Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La deuda millonaria de Impsa tiene su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando realizó un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujeron a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de la familia fundadora, tuvo que dar un paso al costado.

El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

En diciembre de ese año, el ministerio confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 el Gobierno anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza. Ahora recibirá ofertas para venderla.