El Congreso amenaza con propinarle un duro cachetazo al ministro de Economía, Luis Caputo. Este martes la oposición en la Cámara de Diputados buscará rechazar el DNU 846/2024 por el cual el ministro pretende flexibilizar las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera; si el kirchnerismo en el Senado avanza en idéntico sentido –como ya anticipó– y voltea el decreto, Caputo se quedará sin la herramienta para sortear, con más facilidad, los duros vencimientos del año próximo.

La oposición advierte que el decreto en cuestión le otorga “superpoderes” al ministro Caputo para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso, sostienen.

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El escenario para 2025 es complejo. Según los datos de la consultora Quantum, el Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por US$17.285 millones entre capital e intereses, de los cuales 55% corresponde a títulos públicos y 45% a obligaciones con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.

La preocupación de los opositores –ya advertida por expertos en finanzas– es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado –por ejemplo– a estirar los plazos de vencimiento de la deuda –por la debilidad de las reservas– ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.

Ante este peligro, tanto en el bloque de Encuentro Federal como en el radicalismo crítico del Gobierno proponen rechazar el decreto y, durante la discusión del proyecto de presupuesto 2025 –todavía en ciernes–, reformular el artículo que se refiere a esta cuestión.

“El Poder Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda siempre que no aumente el valor presente de la deuda –es la propuesta de Encuentro Federal–. En cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso”.

Presión a los gobernadores

El Gobierno, sin embargo, apuesta a mantener vigente el decreto sin las limitaciones que, sabe, le impondrá la oposición en el presupuesto. Cuando los opositores formalizaron su intención de derogar el DNU el martes próximo en sesión especial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accionó todas las alarmas para boicotear la ofensiva.

La preocupación del oficialismo es máxima. Los opositores no solo pretenden voltear el decreto 846; en el temario sumaron el proyecto de ley para limitar el uso constitucional del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sobre este último punto el Gobierno no demuestra demasiada inquietud, ya que no darían los tiempos parlamentarios para que el Senado sancione la ley (restan tres semanas para que finalice el período ordinario). Además, el Presidente la puede vetar, lo que ya anticipó que hará.

En cambio, el rechazo del DNU 846 sería letal para la estrategia financiera de Caputo. Frente a un pronunciamiento en ese sentido del Congreso, el Poder Ejecutivo nada puede hacer, salvo publicarlo en el Boletín Oficial.

Menem, encargado de frustrar la ofensiva opositora, comenzó por aplicar el manual: presionar a los gobernadores aliados para que sus legisladores no avalen el rechazo del DNU. Por medio de sus voceros hizo trascender que, de lo contrario, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.

En rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a recibir las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas, pero no se comprometió a conceder nada todavía. El petitorio de los gobernadores consta de cinco puntos: que el presupuesto oficialice la transferencia ya acordada de las obras públicas nacionales a las provincias (con los respectivos fondos); que se acuerde un mecanismo para financiar las cajas previsionales no transferidas a la Anses, y que se eliminen las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles afectadas a obras y subsidios al transporte (estos fondos están subejecutados por la Nación y los gobernadores pretenden que se giren a las provincias).

Asimismo, los mandatarios provinciales reclaman el pago de la compensación del Pacto Fiscal firmado en el 2017 y que se distribuyan entre las provincias los fondos coparticipables que la Nación retiene para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Hasta ahora el resultado de las negociaciones fue magro. La semana que viene va a ser clave”, deslizan los legisladores que negocian con la Casa Rosada en nombre de los gobernadores.

Milei y el dilema del opositor deseado

En medio de este juego de presiones mutuas, la oposición propone derogar el decreto 846, clave para el Gobierno. Los convocantes a la sesión ruegan que los gobernadores de sus espacios no claudiquen: les advierten que si el decreto sigue vigente, el Gobierno no tendrá incentivo –como viene demostrando hasta ahora– para sancionar el presupuesto 2025.

“Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Gobierno va a estar obligado a sentarse a negociar con los gobernadores la ley de Presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de la deuda pero sin cheque en blanco a Caputo”, insisten.