POLITICA
Tensión en la marcha contra los despidos en el Estado: policía implementó el protocolo antipiquetes
Este viernes se lleva a cabo una marcha en rechazo a los despidos masivos en el Estado. Fue convocada por organizaciones de izquierda y estaba ligada en un principio a las cesantías en el INCAA, pero luego se sumaron empleados de distintas áreas estatales. Cuando las columnas de manifestantes llegaron al Congreso, hubo momentos de tensión e incidentes, con una fuerte presencia policial, que en todo momento intentó hacer cumplir el protocolo antipiquetes.
Una de las máximas del presidente Javier Milei desde su asunción fue la de hacer un recorte feroz en el Estado. Esto incluye un recorte de la planta de empleados públicos, que en los últimos días sufrió la baja de 15.000 despidos.
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La movilización se da en el marco de la confirmación de un paro general de la CGT para el 9 de mayo, pese a la resistencia inicial de la central obrera a llevar adelante un plan de acción. Hubo algún intento de acercar posiciones con el Gobierno, pero finalmente se confirmó la medida de fuerza.
Además de reclamar contra los despidos, los gremios exigieron en las últimas horas que el Gobierno homologue los acuerdos paritarios. Por el momento el Ejecutivo se niega a hacerlo, con el argumento de que mayor dinero circulante puede volver a poner en alza a la inflación.
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“Acá hubo una manifestación de trabajadores despedidos. No entendemos el cordón policial que no nos deja salir desde hace dos horas”, remarcó el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño. “Esto es una dictadura”, aseguró el legislador al tiempo que hizo hincapié en que fue “una macha pacífica”.
“Hay miles de personas retenidas sin ningún cargo. Estás son órdenes de Patricia Bullrich”, afirmó del Caño. “La policía encerró a la gente. Nosotros no queremos que salga nadie solo, para evitar cualquier agresión”, agregó el también diputado Cristian Castillo.
Por su parte, la legisladora nacional Myriam Bregman afirmó que “están librando una guerra de soldaditos, que tiene a los manifestantes de rehenes. Están haciendo privaciones ilegales de la libertad”.
“No quieren que se hable de los despidos y que todo quede en un incidente vial”, denunció Bregman. Además, explicó que hablaron con el comisario a cargo del operativo y señaló que no supo dar precisiones sobre quién dio la orden de no dejar salir a los manifestantes.
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El presidente de un Concejo Deliberante de la provincia entró a la municipalidad con un arma y amenazó a la intendenta
Un verdadero escándalo tuvo lugar en la localidad de Catriel, en la provincia de Río Negro, cuando el presidente del Concejo Deliberante ingresó a la municipalidad con un arma y amenazó a la intendenta, Daniela Salzotto. La jefa local impulsaba un narcotest a todos los funcionarios públicos y el agresor, que estuvo detenido y enfrentará cargos, estaba en contra. “Los voy a matar a todos”, gritó Alberto Ariaudo.
A las 6 del viernes, Ariaudo agredió verbal y físicamente a uno de los funcionarios que estaban en la municipalidad. Allí, exhibió un arma de fuego frente a las cámaras de seguridad y dijo: “Los voy a matar a todos”. Luego del episodio -cuyos detalles precisos se desconocen-, la intendenta Salzotto fue junto a varios funcionarios a la fiscalía a presentar una denuncia. En ese contexto, se ordenó la detención del agresor y allanamientos en busca del arma con la que efectuó las amenazas.
El secretario de Gobierno de Catriel, Daniel Delgado, advirtió: “Este es un tema que vivimos desde hace más de un año, indudablemente este hombre tiene un grave problema mental. Se trató de minimizar las amenazas porque pensábamos que era sólo una bronca del momento. La intendenta viene siendo violentada por este hombre con amenazas muy graves”. Aseguró además que el conflicto escaló cuando Salzotto comenzó a impulsar la implementación de tests de drogas y alcohol a todos los funcionarios públicos del municipio.
“No le cayó para nada bien porque está claro que es una persona que no está bien”, dijo Delgado, de acuerdo a lo que publicó el medio local Catriel 25.
A las 13.30 del viernes, Ariaudo prestó declaración testimonial en la comisaría junto a su abogado. Si bien luego fue liberado por demostrar arrepentimiento y renunciar a su puesto, este sábado se formularon los cargos en su contra. Hasta el momento las autoridades no pudieron localizar el arma que usó el presidente del Concejo Deliberante.
El mismo medio publicó además que Ariaudo reclamaba desde hacía tiempo más participación en las decisiones del Ejecutivo y manejar un presupuesto extra en el Concejo.
Los cargos
De acuerdo a la acusación fiscal, ocurrieron seis episodios: el primero fue el 8 de marzo cuando Ariaudo habría amenazado vía mensaje a un asesor técnico del municipio pidiéndole abandonar su trabajo. El segundo fue el viernes; el funcionario le habría enviado un texto a la intendenta.
“El tercer hecho cuando el presidente se habría hecho presente en la sede del Concejo Deliberante, portando un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal. La habría exhibido ante una cámara de seguridad interna, buscando intimidar a la Intendente”, explicó la fiscal.
En el cuarto hecho, Ariaudo le habría enviado otro mensaje al secretario de prensa de la municipalidad. Además, las autoridades afirman que intentó sobornar al encargado del área de comunicación.
El último episodio ocurrió cuando el agresor le habría exhibido el arma a otras dos personas. Los cargos que se formularon son “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”.
A cambio de su liberación -además de haberse mostrado arrepentido y renunciado al cargo- la fiscalía le pidió: fijar y mantener domicilio, estar a disposición de la Justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana, no realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, no entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas involucradas.
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Tras el devastador temporal, aumentan las denuncias por robos y estafas en Bahía Blanca
Después del devastador temporal que azotó Bahía Blanca, las autoridades locales han observado un incremento significativo en las denuncias por robos y estafas en la región. El fenómeno climático, que dejó a su paso inundaciones y daños materiales, ha generado un ambiente propicio para la actividad delictiva.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, informó que, a pesar de la situación crítica, no se han registrado saqueos masivos en la ciudad.
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“No hemos tenido saqueos masivos y estamos trabajando para que esto no ocurra. Desde el día cero, en los grandes autoservicios tenemos patrulleros emplazados y reforzamos con grupos antitumultos”, aseguró Montero. Además, destacó la presencia de 735 efectivos adicionales que llegaron de otros distritos para reforzar la seguridad en Bahía Blanca.
Sin embargo, vecinos de la zona afectada manifestaron su preocupación por la seguridad de sus pertenencias. Algunos residentes han optado por permanecer en sus hogares inundados para evitar posibles robos. “Hay gente que aprovecha las circunstancias y anda robando. Nos quedamos a dormir en la planta alta. A algunos vecinos les llevaron las garrafas, el televisor, la cocina. Se metieron en kayak a robar, parece de película, pero es así”, relató un vecino afectado.
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Paralelamente, las autoridades han emitido alertas sobre intentos de estafas relacionadas con las donaciones destinadas a los damnificados por el temporal. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca recomendaron a los ciudadanos verificar minuciosamente los alias de las cuentas oficiales que reciben donaciones.
Se han detectado casos de usuarios que crearon alias falsos con nombres similares a los de la Municipalidad de Bahía Blanca y otras organizaciones civiles que reciben donaciones, con el objetivo de desviar los fondos.
El Ministerio Público Fiscal instó a la población a chequear detalladamente los datos bancarios del receptor antes de realizar cualquier transferencia, incluyendo el nombre completo, CBU, CUIT y banco de destino, y a asegurarse de que coincidan con la información proporcionada por la organización encargada de la colecta. En caso de dudas, se recomienda consultar los canales oficiales.
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Las autoridades enfatizan la importancia de la solidaridad en estos momentos críticos y exhortan a la comunidad a mantenerse alerta ante posibles estafas, verificando siempre la autenticidad de las cuentas antes de realizar cualquier donación.
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