POLITICA
Todas las evidencias que reunió el fiscal contra Alberto Fernández para que declare como acusado de violencia de género
La citación a indagatoria del expresidente Alberto Fernández se basa en un cúmulo de evidencias reunidas por el fiscal Ramiro González en un dictamen de 159 carillas interactivas en las que la acusación reunió las declaraciones de los testigos, las historias clínicas de Fabiola Yañez, videos de los golpes, los audios de los médicos presidenciales y los chats que intercambió la pareja.
Esta evidencia permitió al fiscal tener por probado los cargos de lesiones leves (dos episodios), lesiones graves (el daño psicológico infligido a la víctima) y amenazas coactivas (ejercidas por el expresidente para que no sea denunciado).
El fiscal describió los dos episodios así:
1.- Antes del 12 de agosto de 2021: Alberto Fernández provocó un moretón en el brazo de la Fabiola Yañez producto de un agarrón o zamarreo dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos. Yañez le envió esa fotografía a María Cantero, secretaria del expresidente, por WhatsApp, en esa fecha.
2.- Entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021, cuando la pareja se encontraba en la cama de la habitación principal del chalet presidencial de la Quinta de Olivos, Alberto Fernández golpeó a Fabiola Yañez en el rostro y le provocó una lesión en su ojo derecho que inició con dolor y enrojecimiento para, luego, ir cambiando su tonalidad -hasta ponerse negro- en los días posteriores.
“La víctima declaró que estaban en la cama luego de una discusión y “de repente, porque me había dado vuelta… sentí un golpazo y le dije ¿qué me hiciste?”. Agregó que en ese momento se levantó y se dirigió al baño para ver qué tenía y aclaró que “obviamente en el momento no se notó, lo único que yo sentía era el dolor, que era muy fuerte”. Completó su relato contando que al volver del baño y al increpar al agresor, Fernández se hizo el dormido.
El fiscal acompañó este episodio con las fotografías, los relatos de los médicos, el testimonio de Yañez, que ubicó el hecho en momentos previos de un viaje a Misione. Yañez dijo que solo pudo realizar algunas actividades “a las que asistió maquillada para disimular el golpe”. Su hermana Tamara dijo que “le vio un ojo morado”, “que todavía no era de color negro”. También su madre declaró que la vio muy bien maquillada. Los médicos hablaron de que la pareja les dijo que fue un golpe involuntario en la cama.
“Entonces, entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de junio de 2021, hubo una agresión de Alberto Fernández a Fabiola Yañez. El golpe fue en el ojo derecho y ocurrió en el mayor ámbito de intimidad de la pareja: su dormitorio, más precisamente su cama. Estas circunstancias de tiempo modo y lugar se pudieron constatar más allá de las imágenes aportadas, por la declaración de la víctima, su madre, su hermana y la Sra. Aguirre, cosmetóloga. Fueron definitivamente confirmadas de un modo directo por los máximos responsables de la Unidad Médica Presidencial”, dijo el fiscal.
Desde entonces, la violencia física se hizo recurrente con cachetazos a mano abierta hasta el final del mandato presidencial, en 2023, e incluso luego de la mudanza de Yañez del chalet principal a la casa de huéspedes de la Quinta Olivos hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Alberto Fernández, que supuso que el peronismo podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España. Tras la mudanza, se da el tercer hecho de la acusación.
3.- Amenazas coactivas: Mientras Fabiola Yañez residía en Madrid, condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle nada a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del expresidente.
El fiscal interpretó que el continuo de violencia contra Fabiola Yañez producto de, cuanto menos, ocho años de agresiones psicológicas y físicas sistemáticas, determinaron que existió un desgaste emocional de la víctima constatado por psicólogas del Ministerio Público Fiscal que notaron el impacto en su estado anímico, la voluntad y vitalidad. A esto sumaron la existencia de un fondo emocional depresivo con la predominancia de sentimientos de humillación, vergüenza, soledad miedo y desconfianza.
Sumó como evidencias el contenido del teléfono celular de María Cantero, donde Yañez le contó las lesiones que le provocó su exmarido y le mandó las fotografías; las declaraciones testimoniales de la periodista Alicia Iris Barrios, de la propia Cantero, del exintendente de la Quinta presidencial Daniel Rodríguez, de los médicos Walter Federico Saavedra y Federico Alem, de María Florencia Aguirre, de la hermana de Fabiola, Tamara Karina Yañez, de su madre, Miriam Verónica Yañez Verdugo, y de sus allegados, Cintia Romina Tonietti, Lisandro A. Barga, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Noelia del Valle Gómez y Claudia Andrea Silvero.
Además, el fiscal incorporó como pruebas las historias clínicas del Sanatorio Otamendi, del Centro Adventista Vida Sana y de la Clínica Fertilis, además de las constancias del Hospital Universitario Madrid, del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), donde se atendió Yañez, un informe de las llamadas entrantes y salientes entre Yañez y Alberto Fernández que revela que la mujer lo llamó 222 veces contra 1622 llamados que le realizó el expresidente entre julio de 2016 y mayo de 2020, y un estudio sobre la exprimera dama que realizó la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.
A esas evidencias se suman los mensajes que intercambiaron Yañez y Fernández, según las copias de pantalla aportadas por la querella, donde hay una intención del expresidente de llegar a un acuerdo días antes de que su exmujer decidiera impulsar la causa. Allí se aprecia que Fernández le envió el texto de un comunicado conjunto que ella debía firmar, donde se decía que no había existido ningún tipo de violencia física. A cambio, Fernández le dijo que “nada le iba a faltar”.
El fiscal valoró el informe de las especialistas de la oficina de atención a la víctima, que consignaron tras entrevistar a Yañez los malos tratos de los que era víctima: “Manifestó a lo largo de todo su relato distintas situaciones que dan cuenta de la continuada violencia psicológica que el Sr. Fernández habría ejercido en su contra. Al respecto, expresó: ‘En una mesa si yo hablaba, me hablaba encima, me callaba, en mesas donde había 12 personas”; ‘[e]l destrato era total. Me decía que me calle. Que no me ponga tal ropa. Que no hable’; ‘Íbamos a lugares en los que nadie podía verme’”.
Asimismo, las especialistas consignaron que “estas acciones se volvieron particularmente dolorosas para la Sra. Yañez, cuando quedó embarazada en 2016: ‘Ahí empezó un desprecio total. No me miraba, no me hablaba, no me daba ningún lugar. Yo no sabía qué hacer, no entendía nada. (…) En esa época sucede la situación en el Patio Bullrich, donde yo, en ese estado y sabiendo que iba a pegarle al Sr. que lo insultó -porque lo conozco- me pongo en el medio’”.
“Ya para esa altura me sentía muy mal, sola, con temor, y ahí hago lo que me dijo que haga: abortar. Me acompañó mi mamá en ese momento”, relató a las psicólogas.
“Cuando discutimos me insultaba, me gritaba, me trataba como cualquier cosa. Me decía puta, prostituta, hija de puta, basura, vivís en una nube. ¿Vos pensás que vas a poder? No sabía qué podía hacerme… hasta dónde podía llegar (…) A pesar de todo lo que yo hacía, él siempre me ninguneaba. Aunque me llamaba el Papa Francisco, él me trataba de inútil. Estando solos o en público, él hablaba encima mío y decía ‘no es así como vos decís’. Él siempre tenía que manejar toda la conversación”, refiere el informe.
“En el 2022 ya estaba muy nervioso él y la violencia comenzó a ser más intensa. Cuando me fui a la casa de huéspedes, fue porque me dio como siete cachetazos en distintos días, y no aguanté más. Para esas alturas, que habrá sido a mediados del 2023, casi todas las noches pasaba algo. Incluso, estando en la casa de huéspedes, él entraba a los portazos a la hora que quería”, le expresó Yañez a las especialistas.
POLITICA
Diputados | Se aprobó el proyecto de reiterancia delictiva y seguirá su curso en el Senado
Por una amplia mayoría, el proyecto que busca endurecer el régimen jurídico para evitar la reiterancia delictiva obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa oficialista fue acompañada por sus aliados habituales, así como por Pro, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y casi todos los radicales de Democracia. Reunió 138 a favor, 94 en contra y 1 abstención.
La Cámara debate, además, la implementación del juicio en ausencia, cuyos avales no están en riesgo. Ambas propuestas fueron impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La media sanción se girará al Senado, donde es probable que el kirchnerismo, que retiene 34 de de las 72 bancas, intente boicotear la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue directa: “Vamos a dar media sanción a lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Con esta ley, se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle”.
Explicó que el proyecto endurece el criterio de reincidencia: “Para que un delincuente sea considerado reincidente deberá haber sido condenado en dos o más delitos con sentencia firme”. También señaló un cambio clave en la prisión preventiva: “Hoy un juez solo puede dictarla si hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Con esta reforma, también se tendrá en cuenta si la persona tiene múltiples imputaciones previas”.
El diputado de Unión por la Patria (UP), Martín Soria, lanzó una dura advertencia sobre el proyecto oficialista: “Con esto que van a votar, van a permitir que un abuelo que viene a manifestarse al Congreso porque le recortan la jubilación sea detenido y acusado de terrorismo. Una semana después, ese mismo abuelo acompaña a su nieto a la plaza a reclamar por el financiamiento universitario, que también le recortaron. Y con esta ley, ese abuelo puede terminar preso preventivamente, con el aval de un fiscal amigo de Comodoro Pro”.
Soria enmarcó la iniciativa en una política de “palo, hambre y cárcel” y denunció que el oficialismo busca disfrazar el endurecimiento de penas como una solución a la puerta giratoria. “Es mentira. Emitimos un dictamen de rechazo porque esta ley choca con principios constitucionales y normas vigentes. Engañan a la ciudadanía diciendo que vienen a terminar con la impunidad, pero lo que hacen es criminalizar la protesta y castigar a los que menos tienen”.
En la misma línea se pronunció Nicolás del Caño, de la Izquierda: “Es una persecución para evitar que la gente utilice el legítimo derecho de manifestarse”. Y sumó: “Le dan el poder a los fiscales y a los jueces para la perseguir a todos los sectores que salen a movilizarse porque saben que la resistencia a este plan económico va a ir aumentando”.
Si bien su bloque optó mayoritariamente por apoyar la iniciativa en su totalidad, el diputado Fernando Carbajal trazó una diferencia clave en el debate. “Esta ley modifica dos cuestiones muy distintas: el régimen de reincidencia, por un lado, y el de reiterancia, por otro. Son cosas completamente diferentes”.
Anticipó su voto y marcó su postura. “Voy a acompañar la reforma sobre reincidencia, porque creo en un derecho penal garantista, pero también en la eficacia del poder punitivo del Estado cuando se viola la ley”. Pero puso un límite: “Rechazo los artículos sobre reiterancia. Antes de que una persona sea condenada, llamarla delincuente es una infamia y una falacia. Quieren adelantar la pena sin sentencia firme”.
En representación de Pro, Cristian Ritondo exigió: “Por un momento nos aislemos de ideologías y pensemos en la seguridad de la gente y sea aplicada en la provincia de buenos aires y losbonaerenses puedan vivir mejor todos los días.
Reiterancia delictiva
Apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva a partir del establecimiento de criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.
Busca que, al evaluar la posibilidad de otorgar la excarcelación a un imputado, los jueces consideren la existencia de múltiples causas penales en trámite como un indicio de riesgo procesal. Es decir, si una persona está siendo investigada en varias causas por delitos que conllevan penas privativas de la libertad, esta situación podría ser interpretada como una señal de que, al recuperar su libertad, el imputado podría intentar eludir a la justicia.
Juicio en ausencia
El proyecto de ley para instaurar el juicio en ausencia en el país lo presentaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en las vísperas del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA. Obtuvo dictamen de mayoría en octubre y contó con el aval de casi todas las fuerzas políticas menos el kirchnerismo.
Permite el juicio en ausencia para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o terrorismo, siempre que el imputado no pueda ser hallado tras intentos razonables. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo establece condiciones específicas para la implementación del juicio en ausencia. En primer lugar, esta medida se aplicará cuando el acusado haya sido declarado rebelde, es decir, si, a pesar de conocer el proceso en su contra, evita comparecer, ignora los requerimientos judiciales o evade la acción de la justicia. También se contempla esta posibilidad cuando, tras cuatro meses de búsqueda activa a nivel nacional o internacional, no se logre localizar al imputado.
Otra circunstancia en la que se podrá recurrir al juicio en ausencia es cuando un pedido de extradición formulado por Argentina sea rechazado o quede sin respuesta dentro del plazo estipulado, siempre que el Poder Ejecutivo no haya autorizado que el acusado sea juzgado en el país requerido.
Para salvaguardar el derecho a la defensa, la normativa prevé que el juez designe un defensor oficial si el imputado no cuenta con uno propio, aunque este podrá nombrar un abogado de su confianza en cualquier momento del proceso. Además, la presencia física del acusado no será obligatoria en ninguna instancia judicial, ya que todos los derechos que le corresponden serán ejercidos en su nombre por su defensor, según lo estipula el proyecto.
El objetivo de la propuesta es garantizar la continuidad de los procesos judiciales en casos donde el imputado evade la justicia. Podría ser utilizado en la causa AMIA contra los imputados iraníes. Irán se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos acusados por el ataque a la mutual judía.
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