La denuncia por la visita de los diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza fue desestimada por la Justicia por inexistencia de delito y se ordenó retirarle la custodia a la diputada Lourdes Arrieta, quien había denunciado a sus compañeros de bloque y a autoridades penitenciarias por el hecho.

Según falló el juez Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, no hubo delito alguno. Por eso ordenó cerrar el expediente abierto tras la presentación de Arrieta y apartarla de la causa como querellante. La investigación judicial continuará, pero solo la parte que aborda posibles irregularidades en las condiciones de detención de los militares condenados, por parte de personal penitenciario en la visita del 11 de julio pasado a la Unidad 31 del penal de Ezeiza.

Arrieta, que tras el escándalo que desató la visita renunció al bloque de La Libertad Avanza del que iba a ser expulsada y creó un monobloque llamado «Las Fuerzas del Cielo», había denunciado que había sido engañada y manipulada por sus pares del mileismo para ir a la cárcel a ver represores.

La mendocina, que se hizo famosa por usar un patito kawaii como hebilla de pelo en el Congreso, había solicitado se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.

En un escrito presentado con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, había apuntado contra funcionarios, diputados de su propio bloque, un cura, abogados conservadores y hasta mencionó a Sharif Menem, sobrino segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asesor y su mano derecha en el Congreso.

Arrieta fue una de los seis diputados de La Libertad Avanza que el 11 de julio pasado visitaron en la cárcel a represores presos. El encuentro, que hoy es tema de debate en una comisión de Diputados que analiza posibles sanciones a los implicados, fue encabezado y organizado por Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, y a él acudieron María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, la propia Arrieta y Rocío Bonacci, que fue la única diputada que al llegar al lugar se negó a participar de la reunión y sacarse fotos con los militares.

Hubo una foto de familia de la visita, en la que Bonacci no aparece porque se mantuvo al margen de la actividad. Allí se pueden ver a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros represores.

La imagen fue tomada, según reveló Bonacci en un descargo escrito que presentó en Diputados, por un asesor de Guillermo Montenegro que también participó del tour penitenciario. «No tomé parte activa, ni pasivamente, de esa reunión; no me presenté ante los internos, ni intercambié conversación alguna con ellos; ni siquiera fui la que sacó la famosa foto de la visita, tal como falsamente uno de los organizadores de dicha visita, ha echado a correr, con la miserable intención de hacerme parte de un pelotón del cual, no quería, ni quiero ser parte», sostuvo la santafesina.

«La ya famosa fotografía fue tomada por una auxiliar del Diputado Montenegro, con un móvil color violeta, de propiedad de la Diputada Araujo», sostuvo. En la reunión, según denunció Arrieta, hubo irregularidades porque los diputados ingresaron sin pasar siquiera por un detector de metales y todos pudieron entrar con sus teléfonos celulares sin problema. La laxitud de los controles quedó en evidencia tras la difusión de videos del ingreso del contingente de libertarios al penal de Ezeiza, que Clarín publicó hace semanas.

Arrieta no solo denunció haber sido engañada sino también dijo ser objeto de amenazas que comenzaron después de que rompiera el silencio y contara detalles de cómo se organizó el viaje al penal, a través de diferentes grupos de WhatsApp cuyas conversaciones aportó a la Justicia. Allí, apuntó al rol del cura Javier Olivera Ravasi, y de abogados que militan por la liberación de militares condenados por lesa humanidad, como la otra parte que organizó la visita con Beltrán Benedit. Reveló también cómo se discutió en esos ámbitos un decreto y un proyecto de ley para sacar con domiciliaria a los genocidas.

Ravasi es un religioso que formó parte de la conservadora congregación del Verbo Encarnado, y luego creó la fundación San Elías, desde donde critica las políticas de género y diversidad. Influencer de derecha en las redes, es además hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.

Tras la denuncia de Arrieta, Ravasi fue echado por el obispado de Zárate-Campana, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción. Fue, esgrimieron, luego de recibir «numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano».

La diputada de «Las Fuerzas del Cielo» también apuntó contra los abogados Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de la dictadura, y presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia; María Laura Olea, hija de Enrique Braulio Oléa, ex jefe del Batallón de Ingenieros, donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, en Neuquén, condenado a perpetua; y Eduardo Riggi, ex juez acusado de cajonear causas por crímenes de lesa humanidad.

La denuncia de Arrieta ya había sido desestimada por el fiscal Sergio Mola en un durísimo escrito en el que acusó a la diputada de hacer «consideraciones de un infantilismo que hieren la inteligencia”.

Sentenció el fiscal: «La alegada manipulación de la que dice haber sido víctima resulta completamente inverosímil. No olvidemos que la denunciante es Diputada Nacional, lo que presupone un umbral mínimo de conocimiento de aquello que –como todas las cuestiones referidas– se encuentra presente, con permanente actualidad, en la agenda política y judicial de nuestro país desde hace mucho tiempo. En todo caso, no alcanza alegar ignorancia para sustentar una supuesta manipulación cuando fácilmente, con solo recurrir a Google –por ejemplo–, podía esclarecerse de aquello en lo que estaba participando…».

«Más que manipulación, lo que exhibe en su denuncia es el propio desinterés en interiorizarse respecto de aquello en lo que participa. La ligereza, en todo caso, con la que se involucra en determinadas cuestiones o grupos, sin informarse mínimamente, de manera previa, de los alcances o significantes que pueden tener sus propios actos…», la cuestionó en un escrito donde le recriminó haber dicho que desconocía lo sucedido en los 70′ por haber nacido en 1993.

Tras una apelación de la defensa de Arrieta a Mola, se expidió el fiscal Diego Iglesias, que ratificó lo obrado en primera instancia y criticó a Arrieta por judicializar cuestiones del ámbito político y que tienen que ver con su funcionamiento interno más que con un delito. «Concuerdo con el fiscal en que la denuncia que intenta la querellante Arriera implica una práctica que debe ser enfáticamente rechazada, como es la judicialización de la actividad política. Las diferencias que se producen en el desarrollo de la actividad política, deben ser dirimidas por las reglas y mecanismos propias de esa actividad», sostuvo.

«Judicializar mediante denuncias penales cuestiones que deber ser resueltas en ese ámbito, no solo implica una práctica desleal en términos políticos, sino que implica un detrimento para las instituciones de una República democrática y para el conjunto de la sociedad. Por último, reiterar que nos encontramos frente a un desistimiento parcial, en el que el Ministerio Público Fiscal impulsa la investigación de hechos que podría resultar relevantes, y desestima parcialmente una presentación que no logra superar el estándar mínimo de razonabilidad para considerar el ejercicio de la penal…», manifestó en referencia a la presentación de la mendocina.

El juez Kreplak, entonces, desestimó la denuncia tal como habían hecho dos fiscales y fue tajante. «La intervención del Poder Judicial en asuntos que resultan ajenos a su misión constitucional, no sólo desnaturaliza su función sino que, además, perjudica el normal funcionamiento de los demás Poderes Constituidos de la República».

«En este sentido, los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes«, sentenció. «Los intercambios entre los legisladores que se produzcan al interior de dicho órgano constitucional, que no trasciendan el límite de lo prohibido penalmente, forman parte de la dinámica propia de la deliberación parlamentaria y su judicialización no resulta ser la vía aconsejable para su resolución», expresó.

Así, al no encontrar delito alguno en lo denunciado por Arrieta, el juez decidió apartarla del rol de querellante en el expediente y, al mismo tiempo, dispuso retirarle la custodia de la Policía Federal a la diputada y a su familia. En el fallo, además, se le comunica a Diputados la decisión de la Justicia para que sea el Congreso el que decida si adoptar «medidas de seguridad que estimen convenientes para el resguardo de los miembros que componen ese cuerpo legislativo».

En su fallo, el juez federal de Lomas de Zamora incorporó como querellantes al expediente que investiga las presuntas irregularidades en los controles del ingreso al penal donde están alojados los represores condenados por delitos de lesa humanidad a Carlos Pisoni, exsubsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Cristina Kirchner, y a Virginia Franco, ambos militantes de H.I.J.O.S Capital.