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Tras el rechazo de la Justicia para que la SIGEN audite a la UBA, el Gobierno saca cuatro nuevos decretos y reaviva la pelea con las universidades

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Cuando se acerca fin de año, el Gobierno vuelve a tensionar con un adversario que le trajo problemas en abril y extrañamente algunos alivios posteriores, en septiembre: las universidades. La misma semana en la que la Justicia rechazó la posibilidad de que la SIGEN auditara a la UBA, la administración de Javier Milei busca confrontar con las casas de estudio.

Los ministerios de Capital Humano y de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger respectivamente, apuran tres decretos simples y un DNU que buscan -en palabras del Ejecutivo- «transparentar» las cuentas de las universidades, que se publicaron en la edición de este viernes del Boletín Oficial. Las autoridades de la UBA, que insume el casi el 20% de los recursos de las 62 universidades nacionales, por ahora no están al tanto de la letra chica, aunque hubo contactos de última hora.

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El primer decreto con el que el Gobierno chocará con las casas de estudio obliga a las universidades a contratar obra pública y servicios a través de las plataformas oficiales ContratAr y CompAr, con las que la se manejan la mayoría de los entes estatales. Según los propios números del Gobierno, la mitad de las universidades ya utilizan esos mecanismos.

A la hora en la que el subsecretario de Política Universitaria Alejandro «Galleguito» Alvarez adelantaba las medidas a periodistas, en su despacho se encontraba Victor Moriñigo, a cargo del Consejo Interuniversitario argentino y que tiene bajo su tutela el SIU. Todo un gesto del académico que el mes pasado fue lapidario con la administración de Javier Milei y una de las voces más duras contra el ajuste en las universidades. «El Gobierno de Milei está buscando la muerte por inanición de la universidad pública”, declaró hace menos de un mes en una entrevista con el diario El País, de Madrid.

El segundo decreto que tiene en carpeta el Gobierno obliga a las universidades a informar sus pagos a través del Sistema de Integración Financiera Internet (e-Sidif) que se publica en la web.

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Más ruido traerá el DNU que prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten directamente a las universidades. De ahora en más, según la perspectiva del Ejecutivo, las universidades correrán la misma suerte que empresas privadas, por ejemplo, para pujar en una licitación pública por una consultoría.

«Tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente», señaló Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

Un decreto reglamentario para ajustar la normativa al nuevo DNU se publicará en las horas subsiguientes. En el Ejecutivo destacan que no hubo diálogo con la UBA, que tiene un peso específico capaz de inclinar la cancha en la discusión. En cualquier caso, en el Gobierno aclararon que las modificaciones no serán inmediatas y que la intención es que todas las casas de estudio puedan plegarse a la nueva normativa.

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Desde el Gobierno reiteraron que no pretenden interferir en las decisiones autónomas de las universidades, sino garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas.

Frente al propio Moriñigo, Alvarez -que crece en la consideración de Milei por su estilo confrontativo– señaló que no hay oposición de las casas de estudio para avanzar en esa dirección y puso en duda los números oficiales de la UBA sobre su matrícula. «No hay una oposición del Consejo Interuniversitario a estas medidas. La auditoría de alumnos no les está dando 300 mil alumnos. No quiero dar datos sin fundamentos, pero nosotros tenemos que el 25% de la matrícula no tiene registro«, sostuvo el funcionario, que se transformó en uno de los gladiadores mediáticos de la gestión libertaria.

Consultado por Clarín, Moriñigo le bajó el tono a las iniciativas del Gobierno. «Es cierto que faltan 27 universidades (en el sistema de compras y contrataciones) y me parece totalmente justo que informen como corresponde también», señaló el titular del CIN, que añadió que el Ejecutivo se enteró de ese detalle cuando lo contactaron para la reunión.

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Además, añadió que la limitación de las contrataciones directas a las universidades no tiene nada de novedoso, ya se había implementado en los ’90. «No habría inconvenientes para implementar el e-sedif. Ojalá que técnicamente nos dejen seguir usando nuestros sistemas y se le anexe lo que ellos requieran«, sostuvo.

Por último, el también rector de la Universidad de San Luis relativizó el impacto de las medidas siempre y cuando el Gobierno escuche a los rectores. «No ve que sea un tema para enfrentarnos si en la implementación se nos escucha», concluyó. Falta, por ahora, la voz de la UBA, principal blanco del Gobierno y Milei en la discusión por los recursos para la educación universitaria.

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Jugada de la oposición: sorpresiva convocatoria de la comisión de Acuerdos del Senado para bajar el pliego de García-Mansilla para la Corte

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La tensión en el Senado no da tregua y este martes aumentó la presión entre el oficialismo y la oposición luego de que, en un giro sorpresivo, la presidenta de la comisión de Acuerdos, la larretista Guadalupe Tagliaferri, convocara a una reunión este jueves a las 11 con la intención de tratar el pliego del académico Manuel García-Mansilla, quien juró como miembro de la Corte Suprema de Justicia tras ser designado por decreto por Javier Milei.

La decisión de la senadora de citar a la comisión causó sorpresa en el Senado porque el pliego de Ariel Lijo, quien también fue designado en comisión por el Presidente, estuvo seis meses circulando por los despachos de los legisladores hasta que consiguió las 9 firmas, la mitad más a uno de los miembros de la comisión de Acuerdos, que lo habilitan para ser tratado en el recinto gracias a los avales del peronismo.

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Desde el despacho de Tagliaferri explicaron que no hay obligación de convocar a una reunión de comisión para emitir dictamen, pero se puede citar a los senadores para que den acuerdo. En este sentido recordaron los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron a la audiencia pública, se dictaminó en fechas distintas y fueron al recinto meses después.

En rigor, la comisión fue convocada para resolver la controversia generada por el dictamen de Unión por la Patria en rechazo a la nominación de García-Mansilla. El despacho fue firmado por Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans.

Con el rechazo del peronismo sumado a otro dictamen firmado por Martín Lousteau y Tagliaferri, también en oposición al nombramiento de García-Mansilla, se alcanzarían las 9 firmas que exige el reglamento para llevar el tema al recinto.

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Pero el aval de Mayans, jefe de la bancada K, fue cuestionado por Tagliaferri, porque el senador formoseño no estuvo en la audiencia pública que se realizó en el Senado el 28 de agosto del año pasado, cuando García-Mansilla defendió su candidatura y, entre otras cosas, dijo que no asumiría el cargo si era designado en comisión. Por eso también llamó la atención la convocatoria a la reunión.

La camporista Anabel Fernández Sagasti con Manuel García Mansilla, durante la audiencia pública en el Senado. Foto: Federico López Claro.

Tal como informó Clarín, el legislador peronista se aferró a dos artículos del reglamento para rechazar los argumentos de la senadora del PRO, quien ya había aplicado la misma medida cuando se trató el pliego del embajador en Israel, Axel Wahnish, y se le impidió firmar al libertario Ezequiel Atauche porque estuvo ausente en la audiencia obligando a convocar a otra reunión de comisión.

En el caso de los pliegos para la Corte, la resolución de Tagliaferri para validar la firma de Mayans provocó la reacción del oficialismo y de los aliados más cercanos al Gobierno, quienes coincidieron en opinar que se trata de una maniobra del kirchnerismo con la senadora del PRO para voltear los pliegos de los candidatos de Milei para el máximo tribunal.

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Existe una mínima duda de que el peronismo pueda conseguir el quórum para la reunión de comisión, ya que la Casa Rosada tiene, entre propios y aliados, 8 senadores y con uno más puede bloquear al peronismo. La clave será cómo se posicionan Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes rechazan la nominación de García-Mansilla y buscan llevar la discusión al recinto, donde se especula no están los dos tercios que exige la Constitución para designar a los Lijo y García-Mansilla ministros de la Corte.

Siguen las tensiones en la UCR

En tanto, la puja por los pliegos de Lijo y García-Mansilla profundiza la interna en el radicalismo. Según pudo averiguar este diario, en la última reunión de bloque de la UCR que se realizó el jueves pasado hubo al menos 10 senadores que se expresaron a favor de firmar dictamen en rechazo a la nominación de García-Mansilla.

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En ese cónclave, le pidieron a Martín Lousteau que redacte el dictamen, pero el viernes a la mañana cuando el jefe del Comité Nacional puso a circular la propuesta todos esquivaron el tema y el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, comenzó a operar para desactivar la iniciativa.

Ante un panorama complejo, Vischi, que responde al gobernador Gustavo Valdés, y el libertario Ezequiel Atauche recomendaron al Gobierno retirar los pliegos, una jugada arriesgada porque en el futuro deberá volver a enviar los mensajes al Senado cuando el próximo año se venzan las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Desde el radicalismo ya le habían recomendado lo mismo al Gobierno.

A todo esto, el Comité Nacional de la UCR, que comanda Lousteau, resolvió este martes convocar a Vischi para discutir la situción de los jueces designados por comisión. Posteriormente, en una reunión de bloque, el correntino puso a votación de sus compañeros de bancada el pedido de las autoridades partidarias y resolvieron aceptarlo pero sumando a la discusión a los gobernadores.

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La apuesta de la Casa Rosada puede estar en lo que ocurra en el recinto, si el kirchnerismo avanza con los pliegos. Es que nadie da por seguro que todo Unión por la Patria vaya a rechazar el pliego de Lijo, por más que en la última reunión de bloque se haya acordado rechazar ambos candidatos del Gobierno que fueron designados por decreto.

Por ahora, el Gobierno está confiado en que lo que resuelva el Senado no tendrá efecto en los mandatos transitorios de García-Mansilla y Lijo, si finalmente decide asumir en comisión mientras esté vigente el decreto que los nombró hasta el 28 de febrero de 2026.

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La extraña confesión de Tori Spelling: no bebe agua ni ningún líquido que le sirvan por miedo a que la envenenen

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Tori Spelling suele sorprender con sus confesiones. Este martes, en su pódcast MisSpelling, la exprotagonista de Beverly Hills 90210 contó que “odia el agua” y que no bebe ningún líquido servido por otro porque tiene pánico de que la envenenen.

No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, es que no consumo ni una gota”, indicó la actriz de 51 años. Y agregó. “¡Nadie sabe cómo sigo viva! Soy como un cactus. Solo riéguenme de vez en cuando y de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión”.

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Además, indicó que suele pensar que sus bebidas pueden estar envenenadas y explicó que cuando su exmarido, Dean McDermott, recientemente le entregó una conocida bebida gaseosa de origen inglés fabricada con agua mineral, jengibre, azúcar y limón, pensó que le había puesto “algo”.

“Soy la hija de Aaron Spelling , hola”, explicó, haciendo referencia a su difunto padre, quien produjo programas televisivos exitosos como Dinastía, Los ángeles de Charlie, Beverly Hills, 90210 y Melrose Place, a quien la actriz definió como “el creador de la narrativa dramática”.

Tori contó luego que su exesposo le respondió: “Sos la madre de mis hijos. ¿Por qué querría envenenarte?“. Y ella le respondió: ”No es personal. Pienso esto sobre todo el mundo”.

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Según explicó después, durante su niñez, su madre Candy le daba medicamentos mezclados con jarabe de bebida cola. “Yo le decía: ‘¿Qué pusiste aquí? ¿Qué me estás dando?’ Y ella decía siempre lo mismo: ‘¿Qué, crees que estoy tratando de envenenarte?’”.

“Esto se remonta a mi infancia”, continuó Spelling. “Este miedo loco e irracional a que otras personas me den líquidos… No bebo agua. No digo que tengo miedo al agua, simplemente me gusta decir que odio el agua. Le tengo alergia”.

La actriz, que es madre de Liam, de 17 años; Stella, de 16; Hattie, de 13; Finn Dave , de 12; y Beau Dean , de 8, relató, además, que se obligó a beber agua cuando estaba embarazada. “Lo hice porque tenía a que hidratar al bebé que crecía dentro de mí. Pero en mi mente, pensaba: ‘Estoy bebiendo por ellos, no por mí’”.

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“Puedo beberme una copa de vino en dos segundos, no hay problema. Pero tomo unos sorbos de agua y trago con cuidado, y de repente siento que tengo ganas de vomitar”, indicó.

Un par de semanas atrás, la actriz amplió una historia que ya había relatado, pero reveló el hilarante desenlace. Spelling volvió a referirse a la cifra que gastó en el OnlyFans de su amiga Denise Richards y relató que su entonces esposo, McDermott, terminó siendo acusado de ser el responsable de los gastos.

La actriz de Scary Movie y McDermott todavía estaban juntos en ese momento y se preparaban para disfrutar de la cena de Navidad con sus hijos cuando surgió el tema de la entonces flamante plataforma de contenido para adultos y se enfrascaron en una discusión.

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Spelling adoptó la postura de defender a la plataforma social porque conoce a muchas personas, incluida Richards, que se habían unido a ella. Luego, para dejar aún más marcada su posición y colaborar con su colega, se suscribió a la cuenta OnlyFans de la estrella de Criaturas salvajes con un nombre falso.

“Es genial. Porque déjame decirte que te enganchan”, bromeó. “Porque juega con el hecho de que si te suscribís y pagas una cuota, recibirás algo especial de Denise. Así que esperé y esperé”, rememoró.

“No voy a mentir; pensaba: ‘Tengo que verlo. ¿Qué contenido subirá?’¡Es fascinante!”, continuó la intérprete. Tan fascinante, que luego depositó más dinero en la cuenta para tener un mayor acceso al contenido. “Solo quería ver. ¡Es mi amiga! Me preguntaba qué tanto iba a mostrar”, se justificó.

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Su entusiasmo y su curiosidad la llevaron a hacer un nuevo depósito en la cuenta de Richards para tener el privilegio de poder enviarle un mensaje directo a su amiga. Y entonces, luego de pensarlo un rato, le escribió: “Oye, me encanta lo que estoy viendo. Me gustaría ver más”.

La actriz estaba convencida de que esos mensajes funcionaban como los DM de otras redes y que su colega respondería “de inmediato”. Varias horas más tarde. Spelling recibió un mensaje de Richards, pero no era lo que esperaba: la actriz la invitaba a pagar por contenido adicional, y ella decidió hacerlo.

¿Cuánto terminó gastando la estrella para ver el contenido de su colega? “En el transcurso de dos días, unos 400 dólares”, reveló, entre risas. Y agregó, a manera de resumen: “¡No podía parar!”.

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Esa misma semana, su contadora la contactó para informarle sobre los gastos. “En pocas palabras… Me llamó y me dijo con tono solemne: ‘No sé cómo decirte esto’. Yo me asusté y le pregunté qué había pasado. Y ella me respondió: ‘Creo que Dean está buscando chicas en OnlyFans. Lo siento mucho’”.

“Cuando le pregunté cuánto había gastado y me dijo que 452,28 dólares, confesé que había sido yo. Le dije: ‘No sé qué pasó. Gasté todo ese dinero’”.

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Jorge Enríquez: «El nombramiento de jueces por decreto es una decisión de motivaciones ocultas»

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Jorge Enríquez expresó su preocupación por la designación de jueces de la Corte Suprema mediante decreto presidencial, sin la debida aprobación del Congreso. «El mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema por un decreto de gobierno es una decisión de motivaciones realmente ocultas, que atenta contra la prudencia y la razonabilidad institucional», afirmó.

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Asimismo, destacó que la medida «daña la seguridad jurídica», un factor clave para atraer inversiones en el país. «No estamos dando muestra de seguridad jurídica cuando un ministro de la Corte puede ser designado simplemente por decreto», subrayó.

En este sentido, remarcó que la constitución es clara en cuanto a la designación de los jueces de la Corte Suprema: «Los miembros de la Corte los designa el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Hasta que ese acuerdo no se materializa, el nombramiento no es válido».

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La designación de Manuel García Mancilla y la controversia en la Corte Suprema

Enríquez también se refirió a la situación de Manuel García-Mansilla, quien sí asumió su cargo en la Corte Suprema. «Él pudo asumir porque estaba cubriendo una vacante que se había producido durante el receso del Congreso, lo que permitió que su designación por decreto tuviera validez temporal», explicó.

Sin embargo, su voto en contra de la designación del otro juez propuesto por el gobierno generó revuelo. «Muchos dijeron que por solidaridad debía votar a favor, pero cada juez debe actuar con independencia. Hay una diferencia sustancial entre su caso y el del otro candidato, lo que justifica la decisión de la Corte», sostuvo Enríquez.

«El caso de la criptomoneda es un papelón»

Por otro lado, el titular de la Fundación Justa Causa criticó la reciente polémica que involucró al presidente Javier Milei, quien promovió en redes sociales una criptomoneda que luego sufrió un alza abrupta en su cotización. «Es un papelón en todo sentido», sentenció Enríquez.

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«Un presidente de la República no puede promocionar, difundir o publicitar este tipo de activos. Su investidura es tan alta que puede mover la opinión de los mercados», advirtió. Además, consideró que Milei, al presentarse como un experto en economía, «no puede desconocer las consecuencias de sus palabras y acciones en este ámbito».

Enríquez también subrayó la importancia de actuar con responsabilidad en temas financieros. «Si veo algo así, tengo que asesorarme antes de hacer una declaración pública. No se puede actuar de manera impulsiva porque luego quedan dudas y sospechas sobre las intenciones detrás de esos movimientos», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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