Luego de duras negociaciones -que siguen en curso- concesiones y marchas atrás, el Gobierno se encamina a lograr su primera sesión en la Cámara de Diputados, el miércoles, para aprobar lo que quedó en pie de la Ley Ómnibus.

Tras retirar el capítulo fiscal del paquete de reformas, el Ejecutivo nacional aceptó más modificaciones y todos los bloques se preparan para una sesión que no se medirá en horas, sino en días. Pese a los cambios y las negociaciones con gobernadores, las bancadas dialoguistas mantienen algunas diferencias. El destino de algunos artículos conflictivos podría terminar resolviéndose en el recinto.

Fue otro lunes cargado de reuniones en el Congreso. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió a diputados y jefes de los distintos bloques opositores, con excepción de Unión por la Patria que, más allá del riesgo latente de sufrir otra fisura, ya decidió su rechazo total. Participaron además de las conversaciones el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi.

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Al mismo tiempo, los bloques opositores, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, mantuvieron reuniones entre sí, en un intento por articular una posición medianamente uniforme.

Pero además, los gobernadores que tienen peso en esas bancadas -y están preocupados ante la posibilidad de que el ajuste fiscal pegue todavía más fuerte en las provincias- mantuvieron su propio encuentro en Buenos Aires con los jefes parlamentarios y con el ministro del interior Guillermo Francos, uno de los más “dialoguistas” del Gobierno, aunque algunos referentes de la oposición dudan del poder de decisión del funcionario para habilitar cambios.

Las negociaciones entre oficialismo y oposición se destrabaron y aceleraron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el viernes pasado el retiro del “capítulo fiscal” del megaproyecto, consciente de que el Gobierno no tenía los votos para aprobar varios puntos clave como la suba de retenciones o la eliminación de la fórmula de jubilación sin tener en cuenta la inflación de los últimos meses.

La Libertad Avanza tomó el modelo del “semáforo” (que habían utilizado antes los bloques opositores, sobre todo la UCR, para definir qué temas acompañarían y cuáles no) y definió qué artículos estaría dispuesto a eliminar para asegurarse la aprobación de la ley, entre ellos, los cambios en el régimen de pesca, biocombustibles e hidrocarburos.

Sorprendió, tanto en los bloques opositores como entre algunos de los mandatarios provinciales, que el Ejecutivo también excluyera del proyecto temas como la moratoria o el blanqueo, que algunos gobernadores pedían “coparticipar”, mientras los principales funcionarios nacionales siguen insistiendo en que, sin el capítulo fiscal, el ajuste será mayor para todos.

Pero, según trasmitieron fuentes opositoras, para destrabar la aprobación de la Ley Ómnibus hubo un compromiso del gobierno nacional de que se coparticipará parte del impuesto PAÍS (posiblemente el 30%, como hasta ahora), considerando la pérdida de ingresos que supuso para los estados provinciales la virtual eliminación del pago del impuesto a las Ganancias. El Gobierno, de manera oficial, difundió el siguiente mensaje al respecto: “La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”.

Los gobernadores sostienen que la decisión del Ejecutivo de excluir el capítulo fiscal del paquete de reformas abrió la posibilidad de negociar, con mayor tranquilidad y con la participación de las provincias, un nuevo pacto fiscal.

Los puntos sin acuerdo

Pero los temas fiscales no eran hasta este lunes y no son los únicos puntos que siguen generando ruido entre los bloques de la oposición dialoguista como la UCR -donde conviven sectores con intenciones de acompañar al Gobierno, otros que lo harán por “responsabilidad institucional” y otros que preferirían que no haya sesión- o HCF (un espacio heterogéneo que conduce Miguel Pichetto, integran ex JxC como Emilio Monzó y Nicolás Massot, la Coalición Cívica, el PJ cordobés y de Florencio Randazzo y el socialismo).

A diferencia del bloque PRO, que pese a las divisiones internas y las diferencias con el proyecto oficialista se encamina finalmente a acompañar sin demasiados conflictos, en los demás bloques no había posición uniforme respecto a qué hacer con una serie de capítulos que el oficialismo se negó a modificar o a retirar.

Así, podría haber problemas con el capítulo que refiere a la privatización generalizada de empresas, las reformas en Ambiente, Cultura, y la modificación del Código Penal, particularmente en lo que refiere a la protesta y la “legítima defensa”.

Pese a que el Ejecutivo redujo la declaración de emergencias de 11 a 7 áreas, parte del radicalismo y HCF rechazaba que se mantenga la delegación de facultades en seguridad, tarifas y energía, así como la posibilidad de que el Gobierno pueda tomar deuda en moneda extranjera sin control del Congreso.

Es decir, si se concreta la sesión, aunque la aprobación en general estaría garantizada, así como la del el grueso de los capítulos, podría haber algunos artículos rechazados durante la votación en particular. Sobre todo si se toma en cuenta que cada artículo tendría de base el voto negativo de un centenar de diputados de UxP, siempre que el bloque del peronismo kirchnerista no sufra mayores quiebres o no tenga demasiadas ausencias.

Una sesión de días con cuarto intermedio

Finalmente, tras dos postergaciones, la sesión fue oficialmente convocada para este miércoles a las 10 de la mañana. Este martes por la tarde, a las 19, se llevará a cabo la reunión de Labor Parlamentaria, de la que deben participar el presidente de la Cámara, las demás autoridades parlamentarias (ya elegidas entre los distintos bloques) y los jefes de todas las bancadas para ordenar cómo será precisamente la sesión.

Entre otras cosas, previendo un debate de al menos 30 horas, se habría acordado que haya cuarto intermedio y dividir la discusión en varios días, como pedía la oposición. Por ejemplo, el miércoles se debatiría desde las 10 hasta las 23, y la sesión volvería a retomarse al otro día, el jueves, a las 9.

Tanto la discusión previa a la votación -es decir, los discursos de los diputados, los cruces, las cuestiones de privilegio-, como la votación en particular en sí misma durarán decenas de horas.

Para comenzar la sesión, el oficialismo y los bloques dialoguistas necesitarán de 129 diputados en sus bancas. No sería necesario tener quorum para retomar la sesión tras un cuarto intermedio, pero sí es necesario que haya quorum a la hora de la votación: esto es, durante toda la votación en particular.

De lo contrario, la votación y la sesión se caen, aunque hubiera sido aprobado el proyecto en “general”. Algunos dirigentes de LLA creen que las interrupciones traen el peligro de diputados que estuvieron al abrir la sesión, luego no regresen para la votación.