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Tras la pelea por los comedores, la Justicia intima al Gobierno por obras paralizadas en barrios populares y asentamientos

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La muerte del Papa opacó novedades negativas en el frente judicial para el Gobierno en un tema caro para Francisco: la urbanización de barrios populares. El juez federal de Pehuajó Héctor Heim le ordenó al Ministerio de Economía que desarrolle un plan dentro de los próximos 20 días para avanzar con las obras en 37 barrios populares y asentamientos del conurbano bonaerense, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.

El fallo obedece a una cautelar presentada por el CELS y por la mesa nacional de barrios populares. El Ministerio de Capital Humano ya había tenido que restablecer la provisión a cerca de 60 comedores populares. El Gobierno, apenas asumió, detuvo obras en los más de 6500 urbanizaciones en el registro nacional de barrios populares (RENABAP).

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En febrero de 2024, el presidente Javier Milei desarmó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se financiaba desde febrero de 2020 -por un decreto de Alberto Fernández- con el 30% del impuesto País. El FISU se creó también por decreto durante los últimos días de la gestión de Mauricio Macri para financiar obras por un lapso de 30 años para cumplir con la ley nacional de barrios populares sancionada en octubre de 2018 con el apoyo unánime de todas las fuerzas del arco político en el Congreso.

El FISU ejecutó partidas por US$ 1200 millones durante la gestión del Frente de Todos, cuando era administrado por Fernanda Miño, una dirigente del espacio de Juan Grabois. La administración mileísta cuestionó el uso de los fondos públicos, pero no denunció a la ex funcionaria. El detalle generó internas puertas adentro de LLA.

En noviembre de 2024, el juez Heim ya había ordenado a la Secretaría de Vivienda que culminara las obras que incluyen desde redes cloacales, de agua, conexiones eléctricas, cordón cuneta, construcción de veredas, un centro comunitario y núcleos húmedos, pero el Ministerio de Economía desoyó la orden judicial.

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Los abogados de la cartera que conduce Luis Caputo intentaron sin éxito que la demanda judicial se tramitara en los juzgados federales de la Capital.

En febrero de este año, el Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda y 96 mil viviendas en construcción distribuidas en todo el país quedaron paralizadas mientras el Gobierno exploraba la posibilidad de traspasar las obras a las provincias.

La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) fue la única dependencia vinculada a las soluciones habitacionales que se salvó de la depuración y pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas.

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La SISU está a cargo de Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia y principal delegado de Karina Milei en el armado político bonaerense. Pareja, en declaraciones públicas, rechazó la supuesta malversación de fondos del FISU durante el anterior gobierno y mantuvo una extensa charla con su antecesora.

«He hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas. Es más, si esta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%», dijo Pareja en febrero sobre la gestión de Miño.

Fuentes oficiales consultadas por Clarín advierten que pretenden ajustarse a derecho, cumplir con el fallo judicial y que las obras de urbanización continuarán siempre y cuando la economía se recupere.

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La parálisis de obras facilitó usurpaciones en loteos con servicios, pérdidas de puestos de trabajo en cooperativas de construcción y la pérdida de millones de pesos invertidos en redes de conexión eléctrica, agua y cloacas a medio terminar.

“No había amenazas de desalojo. Se estaban haciendo veredas, electricidad. El freno de obra genera caos en todos los sentidos. Necesitamos que la Justicia ordene y el Gobierno cumpla con el fallo judicial. Se está perdiendo la obra en proceso”, aseguró Gastón Batara Reyes, del barrio El Bajo, en La Matanza.

Las críticas a la falta de ejecución en barrios populares es transversal. Juan Maquieyra, titular de la Fundación Techo y con pasado en la iniciativa Scholas Ocurrentes que motorizó Francisco, también criticó la parálisis. “Es necesaria la inversión en la base de la pirámide para aguas, cloacas y electricidad para el millón de vecinos que viven en barrios populares. El fondo de integración sociourbana (FISU) que se encargaba de eso está desfinanciado y hay mil obras que se detuvieron y deben continuar”, aclaró a este diario el ex dirigente del PRO.

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Maquieyra participó en junio pasado de un evento para reclamar por la reactivación de obras organizado por la Iglesia. Estuvieron, además, el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea; el titular de Cáritas, Carlos Tissera; y su segundo Gustavo Carrara, que advirtió por el avance narco en los barrios ante la falta de urbanización. “Hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado (…) Es necesaria una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas e hipoteca la vida de niños y adolescentes”, consignó el obispo.

Caputo ya recibió dos intimaciones. Ahora tiene 20 días más para cumplir. La decisión de interrumpir las obras en los 37 municipios afecta a 334.000 familias, según los números de la mesa nacional de barrios populares.

Leonel Bazan, del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia económica del CELS, apuntó que si Economía no cumple, pedirá que se apliquen sanciones económicas diarias al ministro. “El Ministerio es el principal obligado. Ante el posible incumplimiento vamos a solicitar sanciones económicas en la cabeza de Luis Caputo hasta tanto se presente el plan para terminar las obras suspendidas”, sentenció.

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Según el monitor de obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, con el FISU se realizaron 1.276 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 5.060 barrios y 338.152 familias.

La estadística fría de los números oficiales también arroja un resultado lapidario: desde que Macri ordenó la realización de un censo de barrios populares en 2016, los asentamientos se multiplicaron y crecieron casi un 50 por ciento: de 4000 hace nueve años, a 6500 en 2025.

Urbanizaciones,Luis Caputo

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A qué hora habla Javier Milei en el Congreso Libertario

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La ciudad de La Plata se prepara para recibir este jueves a Javier Milei en el congreso organizado por La Libertad Avanza (LLA). Este evento no solo representa un encuentro clave para la militancia libertaria, sino que también se considera el puntapié inicial para la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. En dicha elección, el 7 de septiembre, se elegirán 23 senadores, 46 diputados, 1097 concejales y 401 consejeros escolares.

Milei aparecerá en el cierre del Congreso Soledad Aznarez –

El discurso de Javier Milei está programado para el cierre del congreso, que se desarrollará en el centro de convenciones Vonharv, en Gonnet, en los alrededores de La Plata. Si bien no se conoce la hora exacta, se espera que el Presidente tome la palabra por la tarde, una vez concluidas las mesas de debate y las exposiciones de los funcionarios a modo de cierre del Congreso.

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Según fuentes gubernamentales, este congreso tiene un carácter más técnico que de lanzamiento de candidaturas. El objetivo primordial es reunir a dirigentes y militantes para debatir sobre temas cruciales para la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja está a cargo de la organización del evento.

El congreso abordará una amplia gama de temas:

Estos temas fueron seleccionados a partir de una encuesta realizada a 20.000 bonaerenses, quienes identificaron problemas en estas áreas.

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Se espera la participación de unos 1200 dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, quienes llegarán a Gonnet desde las 8 de la mañana. Además del presidente Milei, ministros y funcionarios del gobierno nacional participarán en los debates y exposiciones.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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El PJ se reúne para cerrar la estrategia electoral, pero las diferencias entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner complican un acuerdo

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El Partido Justicialista bonaerense realizará este viernes, a las 12, una reunión con fuerzas políticas aliadas, para empezar a definir la junta electoral para la validación de candidaturas; el sistema de alianzas y el nombre de la lista, y dar el puntapié inicial a la estrategia electoral.

Fueron convocadas las fuerzas políticas que lideran Sergio Massa, Guillermo Moreno, Juan Grabois, Alicia Kirchner y Martín Sabbatella, pero no está incluido el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof. Sin embargo, fue citado el Frente Grande, cuyo referente es Mario Secco, un aliado del gobernador bonaerense.

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El peronismo intenta negociar listas de unidad para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tanto para la del 7 de septiembre como para la del 26 de octubre, pero las diferencias entre Máximo Kirchner y Kicillof complican el acuerdo.

Si bien el gobernador había conversado con Cristina Kirchner la posibilidad de la conformación de listas conjuntas, respetando la representatividad de los intendentes y de los referentes con mayor despliegue territorial, todo quedó en pausa cuando la Corte Suprema confirmó la condena de la expresidenta. El escenario cambió y hay que barajar y dar de nuevo, aseguran.

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El peronismo bonaerense busca rearmarse

Al encuentro de este viernes fueron convocados referentes del Frente Renovador, Principios y valores, Patria grande, Kolina, Nuevo encuentro y el Frente grande.

“Son parte de los partidos aliados que integran UP que, en el marco de la campaña Argentina con Cristina, están organizando y coordinando acciones en territorio, campañas de afiliación y participación”, explicaron.

Por la tarde, tienen previsto otro encuentro con el resto de los partidos aliados. En el kirchnerismo argumentan que el MDF -que cuenta con el apoyo de 42 intendentes bonaerenses- no es un partido político constituido, sino un movimiento. Podría ser parte del segundo encuentro.

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La participación del kicillofismo depende, en parte, de las negociaciones que viene encarando el gobernador con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, designado por Máximo Kirchner como nexo entre ambos espacios.

El eje de la disputa es que, aunque Kicillof aseguró que no habrá veto para ningún candidato, lo que quieren los 42 intendentes que forman parte de MDF es que quien encabece las listas tenga buena imagen positiva y traccione votos.

Leé también: La Justicia rechazó que los legisladores del PJ puedan visitar sin autorización a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

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Según una encuesta de Synopsis que manejan en la gobernación, el 45% de los votantes de Massa en el balotaje de 2023 expresa su preferencia por Kicillof para que lidere al peronismo tras la condena de Cristina Kirchner. Para Máximo Kirchner queda el último lugar, con menos del 10%.

Esos son los datos que quieren mostrar, pero aunque el gobernador y Otermín ya están en contacto, aún no acordaron fecha de encuentro para que participe el MDF ni el propio Kicillof.

pj bonaerense, PJ, Peronismo

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Elecciones en Formosa: Paoltroni cerró su campaña a caballo y desafió a Insfrán a dejar el poder

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FORMOSA (De una enviada especial).– El senador nacional Francisco Paoltroni, candidato a convencional constituyente en Formosa, cerró hoy su campaña con una postal cargada de simbolismo: montado a caballo, con poncho y botas, se dirigió a la Casa de Gobierno para “notificar” a Gildo Insfrán del fallo de la Corte Suprema que exige revisar la cláusula constitucional que habilita la reelección indefinida en la provincia.

“Una Formosa distinta es imposible con los mismos de siempre”, lanzó Paoltroni, parafraseando a Javier Milei, con quien desembarcó en la política nacional pero de quien se distanció tras la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Frente a sus seguidores, concluyó con un mensaje dirigido a los formoseños: “Está en sus manos que esto cambie. El gobierno de la provincia está notificado. ¡Viva la patria!”.

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Lo acompañaban Agostina Villaggi (UCR), primera candidata a diputada provincial, y Fabián Firman, cabeza de la lista de concejales de su sublema. Todos llegaron a caballo, escoltados por una caravana de autos, motos y vecinos a pie.

El cierre no estuvo exento de tensiones. Al pasar por la avenida 25 de Mayo -arteria central de la capital provincial- algunos transeúntes lo increparon. “Ridículo”, le gritó una mujer. “Atrasan al pueblo con esos caballos”, protestó otra. La escena contrastaba con el decorado oficialista: carteles y carpas azules con el nombre de Insfrán, omnipresente en la ciudad.

El clima de campaña ya había escalado el martes, cuando Villaggi fue atacada por un grupo de mujeres en el barrio Lote 111. La empujaron, la tiraron al piso y la ensuciaron con barro. Hubo forcejeos y gritos. La diputada provincial presentó una denuncia penal. “Estoy esperando que me llame la Justicia para ratificar y ampliar la denuncia. Quiero responsabilizar al concejal Marcelo Sosa (PJ) como autor intelectual”, declaró a . Y agregó: “Necesitamos que la gente se acerque a votar el 29 de junio para terminar con esta tiranía”.

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Antes del acto frente a la gobernación, Paoltroni y Villaggi pasaron por la Municipalidad de Formosa. Allí repitieron el gesto que marcaron en toda su campaña: entregar copias del fallo de la Corte a las intendencias y comisarías locales. La estrategia opositora apunta a “frenar el abuso de poder” de Insfrán.

Desde ese mismo lugar, el senador aprovechó para agitar la interna del Partido Justicialista. “Espero que después de este gran cambio Jorge [Jofré] también pueda postularse a gobernador. Hay que cambiar el artículo 132 de la constitución”, dijo, en alusión al intendente capitalino que inscribió sublemas diferenciados de los del gobernador. Aunque sin ruptura formal, Jofré aspira a suceder a Insfrán, que lleva más de 30 años en el poder y cuya figura todavía impone respeto -y silencio- dentro del peronismo formoseño.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que permite la reelección indefinida de gobernador y vicegobernador. El tribunal sostuvo que esta cláusula vulnera principios esenciales del sistema republicano, como la periodicidad de los mandatos y la alternancia en el poder.

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La Corte advirtió que la permanencia prolongada de una misma figura en el poder distorsiona la competencia electoral, debilita la división de poderes y permite una injerencia excesiva del Ejecutivo en otros órganos de control.

Aunque el fallo invalida la posibilidad de reelección indefinida hacia el futuro, no afecta el actual mandato de Gildo Insfrán, que culmina el 10 de diciembre de 2027. La sentencia, sin embargo, ordena de manera explícita reformar el artículo 132 de la constitución provincial.



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