Una investigación del periodista Manuel Jove en Todo Noticias dejó al descubierto una potencial red de corrupción que utilizaba el hambre de los más necesitados como excusa para desviar fondos a organizaciones políticas y movimientos sociales.

Tras la publicación de este medio, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia en la Justicia ante la presunción de la posibilidad de que hubiera existido incumplimiento de deberes de funcionario público.

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“En línea con la política activa anticorrupción y de transparencia establecida por el gobierno nacional desde diciembre de 2023, el Ministerio de Capital Humano ha llevado a cabo diversas auditorías en las Secretarías y organismos que dependen de él”, detallaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Asimismo, indicaron que “el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, tenía como objetivo garantizar la seguridad alimentaria a los sectores vulnerables, asegurando el acceso a alimentos y prestaciones para merenderos y comedores comunitarios”.

En aquel entonces, ese programa se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Tras una auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), se descubrió que la gestión anterior no realizó los controles correspondientes sobre la mercadería que recibían.

“Después de investigaciones, se pudo relevar solo el 52.3% de los comedores, mientras que el restante 47.7% no pudo ser verificado debido a varias razones, como cierres, datos incorrectos de preinscripción o direcciones inexistentes”, indicaron desde Capital Humano.

Asimismo, en la denuncia destacan los casos como el del supuesto comedor “Gauchito Gil”, que resultó ser un barrio privado, o “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser localizada y los vecinos confirman que nunca funcionó un establecimiento de ese tipo ahí.

La investigación de TN que reveló el escándalo de los comedores fantasma

“Acá nunca funcionó ningún comedor”: la respuesta se repite en distintas casas particulares de barrios vulnerables repartidos por todo el conurbano bonaerense. La Matanza, Quilmes, Berazategui, Ezeiza, Moreno y José C. Paz fueron algunos de los municipios que concentraron la mayor cantidad de estos comedores y merenderos fantasma.

En el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) figuraban, hasta 2023, más de 40 mil centros en todo el país. Sin embargo, menos de 5 mil cumplían “todos los requisitos de inscripción” y fueron dados de alta para recibir asistencia alimentaria del Estado.

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Durante el último año de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los desembolsos de la ahora readaptada área de Desarrollo Social en licitaciones de compras de alimentos para esos comedores superaron los $40 mil millones. Sin embargo, la sorpresa apareció al momento de auditar esos gastos en 2168 espacios: el 54% no existía.

En una recorrida que hizo Telenoche se encontraron todo tipo de casos. Desde direcciones inexistentes o teléfonos de contacto que no corresponden a los titulares del lugar hasta viejos comedores que llevan años sin abrir, pero que seguían en la lista de beneficiarios habituales.

Hay zonas específicas en las que se acumulan los falsos centros comunitarios con distancias mínimas entre sí. Un ejemplo concreto: en Bernal, a metros de la populosa Villa Itatí, apenas cien metros separan a “Tejiendo Redes de Inclusión” y “Soplo de Vida”, sobre la calle Los Andes. Una de las ubicaciones ni siquiera aparece entre la numeración de la cuadra y los vecinos confirman que en esa ahí nunca hubo nada. La otra es la casa de Roberto, un desempleado que no se demora en pensar lo bien que le vendría hoy un comedor en su barrio.

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Cada uno de esos centros, en realidad, responde a alguno de los movimientos sociales que, durante la gestión del Frente de Todos, tuvieron un estrecho vínculo con Desarrollo Social. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, MTE o Pueblos Unidos son los más mencionados por los vecinos cuyos domicilios fueron utilizados sin su consentimiento.

Entre julio y agosto de 2023, durante el período electoral, la cartera entonces a cargo de Victoria Tolosa Paz presentó la Prestación Alimentar Comunidad. Un aporte mensual para centros comunitarios con un formato similar al de la Tarjeta Alimentar, aquella que reciben las familias para la compra exclusiva de elementos de la canasta básica. La actual gestión asegura que no se puso en marcha hasta 2024.

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