Entre cruces por la figura de Cristina Kirchner y el escándalo cripto que envuelve a Javier Milei, el Senado le dio dictamen al proyecto de Ficha Limpia para que condenados por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatos ni funcionarios.

El texto que viene con media sanción de Diputados obtuvo 11 firmas a favor en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa federal Alejandra Vigo y quedó listo para ser votado en la Cámara Alta la semana que viene. Como es un tema electoral requiere una mayoría especial de 37 votos afirmativos para convertirse en ley.

El kirchnerismo, que sentencia que el proyecto está hecho para proscribir a Cristina Kirchner, no acompaña aunque presentaron un proyecto propio que incorpora más delitos y estipula que para que una persona quede inhabilitada para competir debe haber sentencia firme, algo que pude llevar décadas.

Al igual que en Diputados, el eje de la discusión giró en torno a Cristina Kirchner, aunque en medio del escándalo de la cripto LIBRA, también Milei estuvo en el centro de la escena.

«¿Es chiste? Vamos a tratar este proyecto cuando el Presidente está en todos los portales del país y del mundo por la estafa de la criptomoneda», sentenció la legisladora K, Florencia López.

«No queremos una ley con nombre y apellido, sino una que realmente refleje el sentir de la sociedad. Que se incluyan los delitos de narcotráfico, de integridad sexual, trata de persona, contrabando», apuntó la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien agregó: «La verdad que no se nos va la vida con Ficha Limpia. Si no sale sabemos que la Corte tiene en su escritorio una acordada para firmar».

«No hablamos de ningún dirigente en particular. Cualquiera que tiene dos condenas no puede ser candidato. Parrilli está ahí porque no tiene doble conforme. El día que lo tenga no debería estar ahí», respondió la radical Carolina Losada y recordó que por el tema cripto mañana se va a discutir en la sesión un proyecto impulsado por la UCR para que se cree una comisión investigadora. «Queremos que se llegue a la verdad».

Losada también planteó la posibilidad de mejorar el texto y agregar delitos. Sin embargo, el oficialismo que pidió «no dilatar», no acepta hacer cambios.Lo que significaría que el texto vuelva a Diputados.

El proyecto que llega con media sanción de Diputados mantiene la base del texto original: el impedimento para que personas que tengan una condena, confirmada en segunda instancia, por delitos de corrupción puedan ser candidatas.

Los delitos que puntualiza son: «Cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento».

La fecha de corte para decidir quiénes pueden o no competir quedó fijada por el calendario electoral: no podrá participar de la elección aquel que reciba la condena confirmatoria antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional; es decir 180 días antes de la elección general.

Esa fue una de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista porque el Ejecutivo planteaba como límite el 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

El texto aprobado amplió además el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionarios.

Los condenados por corrupción en segunda instancia «no podrán ser designados como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos».