La disputa entre Javier Milei y las universidades de Argentina ha generado intensas reacciones en el ámbito académico y político. Mientras desde el gobierno nacional niegan cualquier intención de cierre y aseguran que solo buscan implementar auditorías, el ámbito universitario percibe esta acción como un intento de controlar e incluso intervenir en su autonomía.

En ese marco, REALPOLITIK tuvo acceso a una auditoría interna de 2023 realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la facultad de Derecho, que revela graves irregularidades en el circuito de egresos. Sin dudas, los hallazgos van en consonancia de las preocupaciones en favor de una mayor fiscalización en las casas de estudio, aunque también plantean preguntas sobre la gestión interna.

Observaciones graves 

La auditoría de la casa de estudios que dirige Ricardo Gelpi destaca una serie de observaciones críticas en la administración de la facultad de Derecho (UBA), evidenciando problemas en los procedimientos de pago y en la contabilización de ingresos y egresos. Uno de los principales hallazgos refiere al uso excesivo de un mecanismo de «legítimo abono» para la aprobación de pagos, mecanismo que en teoría debe utilizarse como recurso excepcional.

Sin embargo, la auditoría a la que tuvo acceso este medio concluyó que “la utilización del régimen de legítimo abono en forma reiterada implica la omisión de los controles que tienen como objetivo reducir la discrecionalidad en la selección del proveedor y fortalecer los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia en la gestión”. Este hallazgo revela un posible patrón de discrecionalidad que, según los auditores, “aumenta significativamente el riesgo de abuso de recursos”.

Desorganización 

Otra de las observaciones principales realizadas por el auditor General de la UBA, Oscar Fernández, se relaciona con el manejo contable de devoluciones de aranceles de cursos. Según el informe, las devoluciones se registran como gastos en lugar de imputarse contra la misma cuenta de ingresos, lo que distorsiona la contabilidad y podría dificultar el seguimiento de los fondos.

“Se deberán fortalecer los mecanismos de control, con el fin de que las devoluciones de ingresos se contabilicen por la misma cuenta que fue registrado el mismo”, exige la auditoría, que clasifica el riesgo de esta práctica como “medio”. Ante esta observación, la administración respondió que corregirá la situación para el mes de noviembre, pero la auditoría advierte que “la situación será verificada en próximas auditorías”.

Déficit en las conciliaciones bancarias

Además, la auditoría señala irregularidades en las conciliaciones bancarias, donde se han encontrado débitos sin contabilizar y sin identificación desde períodos previos. Según el informe, esta deficiencia puede llevar a un desfasaje en los saldos contables, afectando la confiabilidad de la información financiera de la institución.

La recomendación de los auditores fue “realizar los ajustes necesarios en las cuentas bancarias a fin de contar con saldos contables confiables”. En su descargo, la facultad de Derecho que dirige Leandro Vergara se comprometió a “proceder con la regularización de los débitos de antigua data sin identificar y/o sin identificación”, pero la auditoría mantuvo su advertencia y el riesgo asociado como “medio”.

Respuestas y opinión del auditor

En su descargo, la administración de la facultad de Derecho mostró disposición a realizar las mejoras sugeridas, aunque la auditoría advierte que será necesario verificar en próximas revisiones si efectivamente se implementaron los cambios.

A diferencia de lo que sucede con los intentos propiciados por el gobierno de Milei, en palabras de los auditores de la UBA, “se nota receptividad y actitud de superación sobre los temas en cuestión”. Sin embargo, el informe concluye que las debilidades en el sistema de control interno “deben ser abordadas de manera urgente para evitar una posible vulneración de los principios de transparencia y rendición de cuentas”.

La facultad de Derecho de la UBA.

La aparición de esta auditoría llega en un momento sensible, en medio de un fuerte conflicto entre el gobierno de Milei y las universidades públicas. Desde el entorno del presidente, se insiste en que el objetivo es garantizar una gestión adecuada de los recursos. Por su parte, representantes de la comunidad universitaria aseguran que las auditorías se están utilizando como un medio para cuestionar la autonomía universitaria y legitimar un recorte en el financiamiento. Por lo pronto, las advertencias de la auditoría interna de la UBA parecieran darle la venia a la gestión libertaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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