POLITICA
Un cumbre de magistrados de América Latina analiza el aumento de los asesinatos de jueces y fiscales en la región
La asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAN) y el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) comenzarán a analizar desde el domingo en Buenos Aires el aumento de los asesinatos y presiones de jueces y fiscales en América Latina.
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en el 2022 y el del fiscal ecuatoriano César Suárez este año cuando investigaba a grupos de narcos que habían tomado un canal de la televisión pública en Guayaquil, son dos de los casos que motivan esa preocupación.
El encuentro es organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
En un comunicado, las entidades señalaron que “resulta también preocupante en la actualidad para la FLAM los problemas de seguridad que están sufriendo los magistrados de diferentes países de Latinoamérica, los cuales han recibido diferentes tipos de amenazas, o han debido exiliarse para preservar su seguridad personal”. “Y en algunos casos fueron asesinados por cumplir fielmente su misión y no ceder ante las presiones que perseguían vulnerar su independencia y la del Poder Judicial”, agrega.
La Federación Latinoamericana de Magistrados fue fundada en Santiago de Chile en el año 1977 y está integrada por las Asociaciones Nacionales de Magistrados de América: Su miembros son las Asociaciones de Magistrados de la República Argentina; de Brasil; de Bolivia; de Chile; de Costa Rica; de Colombia; de Ecuador, de El Salvador; de Guatemala; de Honduras; de los Estados Unidos Mexicanos; de Panamá; de Paraguay; del Perú; de Puertorrico; Dominicana y del Uruguay.
La Asamblea General, uno de los órganos de la FLAM –junto con el Directorio y el Consejo Consultivo- se reúne anualmente, en fecha y lugar fijados en la anterior reunión
El Directorio de la FLAM está constituido por un presidente, dos vicepresidentes, tres vocales y un secretario general. Sus miembros son elegidos por la asamblea general, con la excepción del secretario general que es designado directamente por el presidente del Directorio. Además, el secretario general cuenta con la asistencia de un secretario administrativo.
El juez Miguel Caminos, integró la junta directiva, llegando a ejercer la presidencia de la federación desde 2010 hasta el año 2012, mientras que la juez María Lilia Gomez Alonso de Diaz cordero, integró la junta directiva como vocal vicepresidenta desde 2019 hasta el año 2020, y continúa al presente participando en forma activa de la vida de la federación. A su vez el juez Marcelo Gallo Tagle. es el actual vicepresidente primero desde 2022 y el juez Alejandro Nobili es el secretario permanente desde el año 2012 hasta el presente. Durante el evento también se reunirá el grupo Iberoamericano de la Unión internacional de Magistrados (UIM) integrado por todos los magistrados miembros de la FLAM a los que se suman además los magistrados de España, Italia y Portugal. Con motivo de este encuentro también estará presente el Sr. Presidente de la UIM, el juez Croata Duro Sessa.
POLITICA
Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara
Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.
Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.
En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.
Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.
En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.
Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.
“Justicia por papá”
El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.
Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.
Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.
En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.
Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.
Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.
POLITICA
Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada
Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.
El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.
Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.
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