Uno de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, que entregaba casi totalmente su sueldo para financiar la política, admitió firmar un acuerdo de juicio abreviado para recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en el caso “Chocolate” Rigau, mientras que los cabecillas de la maniobra se exponen a penas que llegan a los 6 años de prisión.

Se trata del caso por el que estaba preso el puntero del PJ Julio Rigau, que fue detenido sacando dinero de cajeros automáticos platenses cobrando el sueldo de unas 50 personas que figuraban como empleados de la Legislatura bonaerense.

Parte de esos sueldos eran entregados al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura bonaerense.

La causa ya está elevada a juicio oral y público ante el tribunal oral criminal 5 de La Plata integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.

Antes del juicio, la fiscal Viviana Arturi convocó a los acusados a una audiencia realizada por Zoom en la que ofreció la posibilidad de que se sometan a juicio abreviado. Participó de esa audiencia la querella a cargo de Poder Ciudadano.

La idea es reducir la cantidad de imputados que sean juzgados, ya que entre los funcionarios y los “ñoquis” ya son más de cincuenta.

En el caso de Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, la fiscalía adelantó que iba a pedir una pena de seis años y cuatro meses en las actuales condiciones de detención. En el caso de su hijo Facundo, exconcejal, la pena era de 4 años y 3 meses, con las mismas condiciones, dijeron a fuentes que asistieron al encuentro.

A Julio “Chocolate” Rigau, el “tarjetero”, le caben 5 años y 6 meses y a los dueños de las tarjetas de débito del Banco Provincia -exempleados “fantasma” o “ñoquis”-, tres años en suspenso.

Hay casi 50 exempleados “fantasma” o “ñoquis” acusados. Uno de ellos, Antonio Rodríguez, admitió -mediante su letrado, ya que el acusado no estaba presente- el juicio abreviado. Por lo tanto, aceptó un acuerdo para declararse culpable a cambio de una sentencia acordada con la fiscalía, de tres años en suspenso.

El resto de los acusados exploró la posibilidad de que les sea aceptada una “probation”. Se trata de otro instituto o solución alternativa a la pena de prisión que prevé la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La fiscalía lo rechazó.

En cambio, otros acusados pidieron que se estime el monto del daño supuestamente causado, para juntar dinero y pagarlo a manera de reparación integral y con eso dar por cerrada la causa penal.

Tras esta audiencia, el tribunal fijó otra para el 30 de abril con su presencia donde se escucharán las propuestas y las soluciones a las que lleguen los acusados con la fiscalía y se debatirán las cuestiones preliminares al juicio.

El objetivo de la audiencia de hoy fue que la fiscalía manifestara la pretensión.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada.

El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.

Los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.

Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.

Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” a Claudio Albini.

La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aún por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.

La Legislatura bonaerense completó una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .

El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos policiales en 15 clubes de fútbol, entre ellos San Lorenzo, Racing e Independiente, para pedir oficialmente sus contratos y convenios, algunos de sponsoreo, con la financiera cercana a la AFA Sur Finanzas, ante la sospecha de que son instrumentos usados para el lavado de dinero.

El juez, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos operadas a través de falsos o irregulares contratos de sponsoreo.

Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo.

Por eso la fiscal y el juez decidieron encargar un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas. El juzgado libró una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa donde se investiga si Sur Finanzas habría facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas.

La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina fue a buscar los documentos a los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas.

También fueron a Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y a Brown de Adrogué. El objetivo central de los investigadores es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.

Por eso los policías buscaron las actas de comisiones directivas, para constatar quiénes y cómo aprobaron los contratos con Sur Finanzas; los préstamos y manejos de cheques, como también la documentación vinculada a descuentos de cheques canalizados por Sur Finanzas, libros contables de los clubes, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club.

Según pudo saber , especialmente los policías se centraron en los contratos y comprobantes de pago, originales, anexos y las constancias de transferencias bancarias o recibos que demuestren que los pagos pautados por sponsoreo se realizaron.

La sospecha subyacente es que estos convenios podrían haber sido una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes. La idea es que se usaron los contratos para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.

Para corroborarlo, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de todos estos clubes.

En este peritaje patrimonial, los expertos deben informar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables.

De comprobarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas quedaría complicada en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA investigados por su posible participación en las maniobras.

Armella ya citó a prestar indagatoria a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices acusados de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación que llevan adelante con Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.

Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los tribunales de Lomas de Zamora.