Activistas, dirigentes, militantes y organizaciones ambientales y ciudadanos se preparan para movilizarse este miércoles 8 de abril frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. La convocatoria está prevista para las 17 en la Plazoleta del Quijote, en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Desde allí partirá una marcha que busca expresar la preocupación por el impacto que tendría la modificación de la normativa sobre el acceso al agua dulce en Argentina.

La jornada fue anunciada en redes sociales bajo el lema “La Ley de Glaciares no se toca”, y contará con una marcha con antorchas, un acto central y un festival artístico hasta la medianoche. Los organizadores advierten que los cambios propuestos ponen en peligro a 7 millones de personas y a 36 cuencas hídricas consideradas vitales para la vida en distintas regiones del país. “Vení con tu antorcha, tu cartel y tus ganas de defender el territorio”, señala el comunicado difundido por referentes ambientales.

El contexto de la movilización se torna más tenso por la inminente votación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, según se informó, ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma. La sesión legislativa será transmitida en vivo en la plaza, donde los manifestantes prevén permanecer hasta que finalice el debate. La protesta se desarrollará mientras crece el clima de confrontación entre sectores que defienden la protección de los recursos naturales y quienes impulsan la flexibilización de la ley para permitir nuevas explotaciones mineras.

La movilización fue respaldada por dirigentes políticos y referentes del ambientalismo. El dirigente Luis Zamora, referente de izquierda, convocó a la ciudadanía a sumarse a la protesta frente al Congreso “para defender los Glaciares, el agua, es decir la vida, frente a los negocios empresarios extractivistas y contaminantes que promueven Milei y sus socios”, según su publicación en redes sociales.

Durante la mañana, la tensión se incrementó luego de una intervención de Greenpeace en el monumento a los Dos Congresos, donde varios activistas escalaron la estructura y desplegaron carteles con las leyendas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. Efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron a los manifestantes y labraron actas contravencionales, aunque los detenidos fueron liberados horas después. Uno de los activistas, desde el lugar, pidió que “los diputados no entreguen el agua de todos”.

Las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una amenaza directa para la disponibilidad de agua potable, al permitir actividades extractivas en zonas actualmente protegidas por la Ley 26.639, vigente desde 2010. Según el documento que se leerá durante la jornada, la modificación implicaría “abrir la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, lo que comprometería el acceso al agua “un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

El reclamo de los manifestantes se centra en la preservación de los glaciares y ambientes periglaciales, considerados reservas estratégicas de agua dulce. “El agua es vida y las reservas de agua dulce son el seguro que tenemos para el futuro”, remarcaron los convocantes en la invitación difundida por redes sociales, donde también se instó a la ciudadanía a no permitir que “Argentina sea el patio trasero del extractivismo global”.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares enfrenta a sectores que promueven la expansión de la actividad minera, bajo el argumento de la necesidad de inversiones y desarrollo económico, con organizaciones que consideran que la protección de los glaciares es indispensable para garantizar el acceso al agua y la vida de millones de personas en el país.

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Un operativo judicial se desarrollaba este miércoles por la tarde en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque, en el marco de la investigación por la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El procedimiento, dispuesto por la fiscalía, buscaba documentación vinculada con la venta original del inmueble.

Según fuentes del caso, se trata de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, orientadas a reconstruir la trazabilidad de la operación. El despliegue se realizó en simultáneo con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

La compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares, es el eje de la causa por la estructura financiera utilizada para cerrar la operación.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares. Cada una aportó el 50% de ese monto.

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La particularidad del acuerdo es que se trató de una hipoteca no bancaria sin interés, con un plazo de devolución de un año. Además, se estableció que, en caso de no cancelar la totalidad del monto en noviembre de 2026, el funcionario deberá restituir el departamento.

En ese sentido, en el expediente se señala que no hubo un préstamo de dinero en efectivo en los términos tradicionales, sino una compraventa con saldo de precio financiado. Este punto fue respaldado por la escribana Nechevenko, quien intervino en la operación.

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“No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó la escribana tras su declaración. También sostuvo que “la operación del inmueble de Caballito fue una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio” y remarcó que se trató de “una operación normal”, sin irregularidades.

Sin embargo, la estructura del acuerdo genera interrogantes en la fiscalía, que analiza la lógica económica de la operación, en particular el beneficio para las acreedoras en un esquema sin interés.

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El exfutbolista Hugo Morales, quien fue el primer propietario del departamento, aportó datos en su testimonio. Según declaró, intentó vender el inmueble durante aproximadamente dos años sin éxito debido a su estado de deterioro. Inicialmente buscaba 250 mil dólares, pero finalmente aceptó una oferta de 200 mil.

Morales indicó que la propuesta fue presentada por “dos chicos” y que el día de la escritura también estaban presentes las dos mujeres que luego figurarían como acreedoras de la hipoteca. Además, señaló que recibió el dinero en efectivo.

Otras operaciones bajo la lupa

La operación de Miró se suma a otras maniobras inmobiliarias bajo análisis en la causa. En noviembre de 2024, Adorni hipotecó un departamento de su propiedad en la calle Asamblea y recibió 100 mil dólares de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio.

Ese acuerdo contempló una tasa de interés del 11% anual y un plazo de devolución de 24 meses. Con ese dinero, su esposa, Julieta Bettina Angeletti, compró una propiedad en el country Indio Cuá por 120 mil dólares.

En noviembre de 2025, el funcionario canceló parcialmente esa deuda con un pago de 30 mil dólares. El saldo restante, de 70 mil, mantiene las condiciones originales y tiene como fecha límite noviembre de 2026.

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En paralelo, la fiscalía avanza con medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas.

El fiscal Pollicita sostuvo que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” de Adorni. En ese marco, fueron citadas a declarar las cuatro mujeres involucradas en las operaciones.

Manuel Adorni