POLITICA
Un funcionario judicial y una exconcejal del Pro fueron detenidos por borrachera y desacato

Un control policial de alcoholemia en la madrugada del viernes en El Palomar derivó en un escándalo que incluyó violencia, insultos y la detención de dos figuras públicas. El subdirector de Técnica Disciplinaria en el ministerio Público Fiscal, Eduardo Otero, y su pareja, la exconcejal del Pro, Patricia Rodríguez, protagonizaron una escena bochornosa tras negarse reiteradamente a realizarse el test de alcoholemia.
El episodio ocurrió en la intersección de Rosetti y Marconi, donde personal policial y de tránsito realizaba un operativo de control. Otero, presuntamente alcoholizado, se negó al test en al menos ocho oportunidades y, junto con Rodríguez, se atrincheró en su auto por más de una hora. La pareja se mostró agresiva con los agentes, insultándolos y resistiéndose a las indicaciones.
Durante el altercado, Otero intentó utilizar su cargo para evitar la detención: “Yo trabajo en el poder judicial”, afirmó, y agregó: “Justamente porque trabajo en una fiscalía no voy a hacerme el test”. Sin embargo, su actitud solo empeoró la situación y ambos terminaron siendo detenidos por desobediencia a la ley y resistencia a la autoridad.

El operativo, que se extendió por casi dos horas, quedó registrado por celulares, disipando cualquier duda sobre la actuación policial. Finalmente, Otero recibió una inhabilitación para conducir por tres meses, una causa por presunción de alcoholemia positiva y otra, la más grave, por desobediencia a la autoridad, al igual que su esposa.
El episodio suma un nuevo escándalo al historial de funcionarios que intentan valerse de sus cargos para eludir responsabilidades, dejando en evidencia el preocupante abuso de poder de algunos sectores del poder judicial y la política. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
El Gobierno avanza con un nuevo plan de retiro voluntario para el personal de un área clave

Mediante una reciente resolución oficial, el Gobierno puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario, que se aplicará sobre el personal que conforma la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este iniciativa forma parte del proceso que bisca reducir la planta permanente del Estado.
La medida establece un marco formal para que los empleados de la ANSES puedan acogerse, por mutuo acuerdo, a la extinción del contrato laboral, denominado en esta oportunidad Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). La decisión surge como parte de las políticas de transformación y modernización del Estado, en línea con las recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda.
Los términos del régimen se conocieron mediante al publicación de la resolución 68/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, el programa alcanza a todos aquellos empleados que tengan al menos dos años de antigüedad.
La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de implementar las acciones necesarias para la operatividad del plan y la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad administrativa del trabajo. Para ello, se faculta a los letrados con poder general de representación judicial para que representen al organismo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El plan fue instrumentado tras un proceso administrativo que incluyó la intervención de diversas áreas técnicas y jurídicas, la evaluación de la factibilidad presupuestaria y la adecuación a la normativa vigente, en especial la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo ANSES N° 305/98 “E”.
El anexo aprobado junto a la resolución establece los parámetros y condiciones que regirán a la hora de acceder al retiro. Dicho documento remarca que la adhesión al RVR es “un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.
Quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.
Además, el personal adherente renuncia a la reincorporación al sector público nacional por cinco años: “El personal que adhiera al presente programa, no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación… por el término de cinco años contados desde la fecha de su baja”, afirma la normativa.
La aceptación implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo. El trabajador que adhiera declara no tener reclamos laborales pendientes y no podrá volver a trabajar en el sector público nacional durante ese periodo. Aquellos que ostenten cargos sindicales deben renunciar a los mismos y a la tutela sindical para acceder al beneficio.

Para adherirse, hay tiempo hasta el 5 de abril próximo y para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la licencia. La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos.
En cuanto al cobro “se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000)” y para los importes superiores a dicha suma “el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas”.
Esta es solo una de las medidas que el Gobierno planea implementar, para profundizar su política de recorte estatal con nuevos despidos en organismos públicos durante el primer trimestre del año. Se prevé que el próximo 21 de marzo será una fecha clave en el calendario del Poder Ejecutivo para implementar la nueva ola de recortes, en la que se estima que al menos 5.000 cargos quedarán vacantes.
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POLITICA
Solo en Off | Santiago Caputo, con sus cargadores listos para combatir el “fuego amigo” libertario

Fue sin dudas una semana atípica la que vivió el gobierno de Javier Milei, con medio gabinete fuera del país por el Argentina Week y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación oficial que acompañó al Presidente a ese evento. Tal vez de manera involuntaria, el asesor presidencial Santiago Caputo también estuvo en la mira, pero por otras razones: la embestida contra Adorni incluyó un video en el aeropuerto de San Fernando, para un costoso viaje privado del ministro coordinador a Punta del Este, imágenes que algunas voces atribuyeron a servicios de inteligencia, cuya cúpula responde a su vez al joven asesor. Sin dar señales de nerviosismo, y con sonrisa incluida Caputo llegó el miércoles a la Casa Rosada con un curioso agregado en sus bolsillos: un cargador de pistola vacío, de los que utiliza para sus ya conocidas prácticas de tiro en un club del barrio porteño de San Telmo. Rápidamente, y ante la consulta de quienes se lo cruzaron, Caputo explicó que venía, justamente, de sus prácticas habituales, en un club de la calle Piedras al 700, con el mismo instructor que difundió en 2024 imágenes suyas intentando acertar los blancos en distintos ejercicios. En el terreno político, y cuando arreciaban los cuestionamientos sobre Adorni, Caputo se sumó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros miembros del gabinete del gobierno libertario para defender al jefe de gabinete.
“No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”, escribió el asesor presidencial, mientras uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado bonaerense Agustín Romo, se encargaba de responder al fuego amigo. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, escribió Romo, quien además, y ya que estaba, dedicó sonoros insultos a algunos periodistas que conectaron al Mago del Kremlin y líder de los celestiales con una “operación” contra el jefe de gabinete.
Durante esta semana, el ex presidente Alberto Fernández aprovechó el traspié del jefe de gabinete, Manuel Adorni, para sumarse a las críticas en las redes sociales hacia uno de los funcionarios clave del gobierno libertario, complicado por la presencia de su esposa Bettina Angeletti en la comitiva presidencial. Mucho menos expuestos, varios ex miembros del hoy diluido albertismo saludaron la continuidad de Juan Manuel Olmos, el todoterreno peronista porteño, al frente de la Auditoría General de la Nación.
Dedicado a la construcción de una alternativa peronista para 2027, Olmos sostiene como asesores a Vilma Ibarra, Julio Vitobello y Cecilia Todesca, tres dirigentes que supieron tener protagonismo durante el gobierno de Fernández, complicado en su batalla judicial contra su ex esposa, Fabiola Yañez. “Juan Manuel tiene un equipazo”, dijo sin modestia uno de los miembros del equipo de asesores de la AGN, que hoy funciona con integración completa en sus tareas de control luego de la designación de los representantes del Senado.
Con el gobernador Claudio Vidal en el Argentina Week de Nueva York, la política no dejó de moverse en Santa Cruz. El vicegobernador, Fabián Leguizamón, se distanció tal vez de modo definitivo, luego de que el oficialismo provincial le otorgara la vicepresidencia segunda de la legislatura a Rocío García, nada menos que la ex esposa de Máximo Kirchner. “No combatimos al kirchnerismo para después terminar acordando con él”, braman cerca del vicegobernador, dejando trascender que el mandatario provincial busca profundizar su acercamiento con los herederos políticos de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia.
Luego de faltar a la apertura de sesiones del 1 de marzo (adujo un problema de salud), Leguizamón deja trascender que ya trabaja en una alternativa para 2027, desde la UCR, su partido de origen, hoy desgajado y sin dar con la fórmula para frenar la ola libertaria. Su tarea será difícil: el ex senador y varias veces candidato a gobernador por la UCR Eduardo Costa refuerza su acercamiento a las huestes libertarias.
Entre New York, Santiago de Chile y Madrid, el presidente Javier Milei apenas estuvo apenas unas horas en la Argentina. Pero según cuentan en el Gobierno ya tomó dos decisiones que buscan alegrar a dos de sus socios internacionales. La primera es la extradición de Galvarino Apablaza, el ex guerrillero chileno, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, que se demoró a último momento por disidencias con el Poder Judicial. Guzmán fue uno de los mentores políticos del flamante presidente José Antonio Kast, por lo que en el Gobierno confían en que el trámite se acelere. Además, Milei ya habría dado el visto bueno para acelerar con otra extradición, la del ex guerrillero de las Brigadas Rojas, Leonardo Bertulacci, acusado de participar en el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, a fines de la década del setenta.
Detenido en la Argentina en 2024, y con problemas de salud, Bertulacci sería extraditado próximamente. Una decisión que, esperan, será bienvenida por el gobierno de Giorgia Meloni, presidenta el gobierno italiano y aliada política de Milei.
La semana pasada, y en el mayor de los sigilos, estuvo en Buenos Aires Wim Geerts, embajador de Derechos Humanos de Países Bajos. Activo y discreto, el diplomático neerlandés tuvo una amplia agenda de reuniones en sólo dos días, agenda que incluyó al secretario de Culto, el “celestial” Agustín Caulo, organizaciones como la DAIA en el edificio de la calle Pasteur y ONU mujeres, y el Museo de la Memoria en la ex Esma. Cuentan que una de las incógnitas que Geerts intentó despejar a su paso por Buenos Aires fue la estrepitosa caída de Argentina en el ranking que cada año desarrolla la organización Reporteros sin Fronteras, del puesto 66 en 2024 al 87 en la última medición.
“Es un dato verdaderamente preocupante”, afirmaron desde la delegación de Países Bajos, al tanto de los sucesivos conflictos del gobierno de Milei con los medios de prensa y los periodistas. Cauto, Geerts tuvo una reunión “cordial” con el secretario de Culto, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo en el esquema del oficialismo, aunque nominalmente acata órdenes del canciller Pablo Quirno, encolumnado con la poderosa Karina Milei.
@madorni,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida por Emb. Países Bajos en Argentina (@nl.in.argentina),Jaime Rosemberg,En off,Conforme a,En off,,Sólo en Off. Endeudado y denunciado, Quintela confía en “sus mujeres” para retener La Rioja en 2027,,Solo en off. Se fue el embajador en Italia y ya suenan dos “viejos conocidos” para reemplazarlo,,Solo en off. Massa, entre la playa, la asesoría internacional y la reconstrucción del peronismo
POLITICA
Escala la pelea en el Senado: el oficialismo busca quedarse con comisiones y el kirchnerismo reclama más lugares

El Congreso nacional volverá a ser escenario de un nuevo enfrentamiento político entre el oficialismo y el kirchnerismo, esta vez por la conformación de las comisiones de trabajo en ambas cámaras.
La Libertad Avanza busca consolidar su influencia en el Senado y en la Cámara de Diputados mediante acuerdos con bloques aliados, mientras que el peronismo reclama mayor participación en los espacios de poder legislativo.
La discusión se intensificó en las últimas horas luego de que desde Unión por la Patria cuestionaran la distribución de lugares en las comisiones.
Los jefes de bloque José Mayans en el Senado y Germán Martínez en Diputados sostienen que el kirchnerismo debería tener una representación más amplia en la estructura parlamentaria.
Del lado del oficialismo, en cambio, aseguran que la integración responde a acuerdos políticos alcanzados con otros espacios y a la nueva configuración de fuerzas surgida tras las últimas elecciones.
Cómo quedarán las comisiones en el Senado
En la Cámara alta se prevé que esta semana se constituyan nueve comisiones, que comenzarán a definirse entre el miércoles y el jueves.
Según el esquema que impulsa el oficialismo, cinco quedarán bajo conducción de La Libertad Avanza, mientras que otras tres serán presididas por representantes de la Unión Cívica Radical, uno de los principales aliados parlamentarios del Gobierno.
La restante comisión quedará en manos de la senadora jujeña Carolina Moisés, referente del espacio Convicción Federal y actual vicepresidenta del Senado, quien se distanció del interbloque conducido por Mayans.
Dentro de las presidencias que quedarán en manos del oficialismo aparecen Asuntos Constitucionales, Agricultura, Ganadería y Pesca, Legislación General, Defensa Nacional y Deportes.
En tanto, el radicalismo mantendría el control de Seguridad Interior y Narcotráfico, Turismo y Asuntos Administrativos y Municipales.
Además, durante las sesiones extraordinarias ya se habían definido otras comisiones importantes como Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Penales y Trabajo y Previsión Social.
En paralelo, el interbloque peronista mantuvo conversaciones con la presidenta de la bancada oficialista para definir su participación en las comisiones.
Desde el oficialismo se les informó que contarán con seis vocalías en comisiones integradas por 17 miembros, una decisión que generó cuestionamientos dentro del kirchnerismo.
Sesión clave
El Senado también tiene prevista una sesión este miércoles a las 14 horas, en la que se habilitará el tratamiento de diversos expedientes.
Entre ellos se encuentran ascensos en las Fuerzas Armadas que ya fueron enviados por el Poder Ejecutivo y que deberán pasar por la Comisión de Acuerdos.
También se espera el ingreso formal de algunos pliegos vinculados al Poder Judicial.
Entre los expedientes que llegarán al Senado aparece el del juez Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo mandato está cerca de alcanzar el límite de edad y para quien el Gobierno busca extender su permanencia en el cargo.
Otro de los nombramientos que deberá analizar la Cámara alta es el de la exsenadora neuquina Lucila Crexell, propuesta por el presidente Javier Milei como embajadora argentina en Canadá.
Diputados también define su mapa de poder
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados también avanzan las negociaciones para la integración de 18 comisiones permanentes que tendrán a su cargo el análisis de los distintos proyectos legislativos durante el año parlamentario.
El presidente del cuerpo, Martín Menem, fue autorizado por el recinto para definir la integración de esos espacios.
Dentro de ese esquema, La Libertad Avanza encabezaría cuatro comisiones estratégicas: Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Energía y Combustibles y Discapacidad.
Por su parte, el interbloque Fuerzas por el Cambio, integrado por el PRO, la UCR y el MID, obtendría tres presidencias, mientras que Unión por la Patria mantendría nueve comisiones bajo su control.
Los senadores recibirán un aumento del 11,9% y pasarán a cobrar $11,5 millones
La discusión por la integración de las comisiones anticipa una semana cargada de tensión política en el Congreso.
La disputa no solo define espacios de poder dentro del Parlamento, sino también qué sectores tendrán mayor capacidad para impulsar o bloquear proyectos clave del Gobierno.
El clima político, además, se ve atravesado por otras polémicas recientes, como el debate por el aumento de las dietas de los senadores y las diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a la agenda legislativa para los próximos meses.
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Germán Martínez,José Mayans,La Libertad Avanza,Senado argentino
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