“Esto pasó siempre”, dicen en los pasillos de la Legislatura bonaerense sobre las tarjetas de la corrupción y los empleados fantasmas. Pocos se quieren hacer cargo de una causa que quema como papa caliente, incluido los jueces de la Cámara de Apelaciones que cerraron el expediente y le dieron la libertad a Julio Rigau, alias “Chocolate”. Sin embargo, la fiscalía cree que debe seguir investigándose y encontró una veta para que el caso no se estanque.

Todavía no hay nombres propios y a quién culpar más que al puntero del PJ al que pescaron con 48 tarjetas de débito que no estaban a su nombre, con una bolsa llena de dinero y una libreta con anotaciones. Pero una persona asegura tener “información relevante” para aportar.

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En las últimas horas, Betina Lacki, la fiscal a cargo de la investigación, llamó a declarar a este testigo que podría ser clave. También citó a dar su testimonio a 33 personas que figuran como supuestos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Pero este integrante del peronismo más conservador se presentó voluntariamente en la UFI N°2 de La Plata y se espera que aporte datos importantes para identificar a los legisladores que están detrás de la trama de corrupción. Este hombre, de quien se resguardará su identidad, deberá presentarse el 10 de octubre.

Según pudo saber TN, el testigo cobraba una beca en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Organizar Comunidad”, pero este jueves renunció a ese subsidio. “Cuando uno hace un bien, van a ir a romperlo directo. Por eso la baja de mi beca y también de distintas cosas. Yo me adelanté y les voy a demostrar que siendo joven lucho por una política justa y noble”, aseguró.

Además, señaló que las personas vinculadas a “Chocolate” no solo están dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, sino también responden al Concejo Deliberante de La Plata. Dentro del ala dura del kirchnerismo estarían los nombres relevantes que busca la Justicia, quienes responden y militan la candidatura de Julio Alak en La Plata, y a Federico Otermin (presidente de la Cámara) en Lomas de Zamora. Aunque no se descarta que también participen otros partidos de la oposición, muchos de ellos permanecen en silencio.

Una por una, las medidas que solicitó la fiscalía en la causa “Chocolate”

La fiscal Betina Lacki, en un intento por reflotar la investigación, ordenó una batería de medidas para avanzar con la causa. Esto se dio después que el fiscal general Héctor Vogliolo apelara el sorpresivo cierre de la investigación a través de un fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, sobre quienes ya existen varias denuncias en su contra.

Si bien falta que el Tribunal de Casación resuelva el pedido de impugnación de la nulidad de la causa, la funcionaria entendió que debe seguir adelante y se anticipó en ordenar pericias y testimonios para que el caso no se estanque.

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En total, resolvió realizar 21 medidas. Por un lado, solicitó que se analicen las cámaras de seguridad del Banco Provincia de Avenida 7 y 54, donde “Chocolate” vació las cuentas de los supuestos empleados de la Cámara de Diputados por última vez.

También requirió las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de La Plata, para establecer si el puntero del PJ actuó solo, o si alguna otra persona lo acompañó en el camino hacia el cajero.

En esa misma línea audiovisual, pidió a Artear las imágenes de la entrevista que TN (Somos Buenos) y Telenoche (eltrece) le hicieron al hombre que duerme adentro del Banco, quien radicó la denuncia ante la policía y dijo que vio a Rigau en más de una oportunidad.

Lacki además llamó a declarar como testigo a 33 personas que figuraban en las tarjetas de débito que Rigau tenía en su poder. Todos ellos están obligados a decir la verdad y lo que declaren va a ser tomado como prueba, lo que podría complicar a más de un legislador y político de la esfera bonaerense.

Por otro lado, la fiscal libró de oficio a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que entregue los legajos de todos esos supuestos empleados, con le objetivo de determinar si efectivamente iban a trabajar, o si eran empleados fantasmas. Muchos de ellos pasaron por distintos partidos políticos y la mayoría coincide en que están anotados en un genérico “bloque político”. En ese sentido, Lacki pidió al organismo que explique “a qué refiere” esa categoría.

Las audiencias serán entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre. Todos deberán comparecer en la sede de Fiscalías, en Avenida 7 entre 56 y 57.

Entre las medidas más importantes también se destaca el análisis del celular de Julio Rigau. El teléfono fue secuestrado por la policía de la Bonaerense el mismo día en el que “Chocolate” fue detenido y sigue resguardado por la Justicia.

La fiscal aseguró a TN que el dispositivo será peritado el 11 de octubre, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°15, por parte del Perito Alejandro Leyes. Se trata de un celular Samsung SM-g532. Siempre y cuando la causa no quede anulada. En ese caso, el celular deberá ser entregado a su dueño.

Para Lacki, es importante hacer (cuanto antes) “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato de interés”.

El contraataque de “Chocolate”

La defensa de Julio “Chocolate” Rigau presentó un escrito para solicitar que no periten su celular y para que le devuelvan las tarjetas de débito que le fueron secuestradas.

En el texto dirigido al Juzgado de Garantías Nº1 de La Plata, los defensores del acusado solicitaron la suspensión de las medidas de prueba requeridas por la fiscalía. “Promovemos por la vía incidental, excepción de falta de acción para proseguir con la presente investigación penal”, expresaron.

Para los abogados, estas medidas constituyen “un flagrante alzamiento a la resolución de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías que afrenda garantías constitucionales”.

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“La decisión adoptada y su convalidación, pese a carecer de jurisdicción, atento la ilegalidad y gravedad, es susceptible de enjuiciamiento ante los órganos de la Constitución”, manifestaron, además de hacer reserva de la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia.

Como el fiscal general de Cámara apeló el fallo de Benavides y Villordo, Lacki entendió que la apelación suspende el efecto de la nulidad del caso que velozmente habían dispuesto los camaristas, consideró que no hay que esperar a la decisión de Casación para seguir investigando. Todo esto se resolverá en los próximos días.