Columna publicada originalmente en TN por Marcos Novaro

Javier Milei y sus funcionarios recurrieron una vez más a su ya conocido argumento del “principio de revelación” cuando se confirmó que no habría marcha atrás, y la CGT sostendría su medida de protesta de este jueves. “Sindigarcas”, “Faraones”, de todo les dijeron para exponerlos al escarnio público, destacando los costos para la economía, y en particular para los sectores más postergados, que están provocando cada una de las huelgas a las que recurren los gremios, para defender lo que el gobierno entiende son sus “intereses de casta”.

Advirtamos, sin embargo, que la denuncia oficial de ese espíritu corporativo y faccioso vino a continuación de que se frustrara un intento de conciliación, en el que el gobierno invirtió bastantes esfuerzos, por el que hizo sacrificios considerables, que se volvieron en su contra.

Es que de nada sirvió que se moderara, días atrás, el capítulo laboral de la nueva Ley Bases, eliminando, entre otros cambios, la limitación del derecho de huelga en los servicios esenciales. Ni que se dejara fuera de discusión en el Congreso, al menos de momento, el proyecto antibloqueos. Al contrario.

Los gremialistas parecen haber interpretado esos gestos como muestras de debilidad

Tal vez fruto del cambio de clima que, muchos en el peronismo, creen habría disparado la marcha universitaria. Y quisieron aprovechar el momento para pasar a la ofensiva, mostrando la firmeza de su redescubierta vocación combativa, escalando y politizando sus planteos contra los proyectos de ley que pasaron al Senado.

Haciendo, en suma, de la aprobación o no de esos proyectos una prueba de fuerza decisiva: de ella dependería que el gobierno consolide su rumbo y su programa de reformas, o que se empantane y empiece a ceder terreno.

Dejaron entonces bien en claro que el suyo era un “paro político”, dirigido contra esos proyectos y más en general contra el rumbo adoptado por la gestión de gobierno, y no motivado en la situación económica, los salarios o el empleo. Y lanzaron amenazas explícitas contra los senadores que estén considerando la posibilidad de contribuir de una u otra manera a la aprobación del mismo. Recurriendo también a todo el arsenal de amenazas y aprietes violentos a su alcance, para asegurar el mayor acatamiento posible a su medida de fuerza.

Incluso el lunes previo a este segundo paro general, en una suerte de ensayo general de la eficacia que a él podrían proveerle los gremios de la CATT, estos echaron mano de las asambleas en los lugares de trabajo, con las que se suelen disfrazar paros que no se convocan como tales, para suspender el transporte público durante varias horas: los gremios del sector se evitaron así el riesgo de que se llamara a conciliación obligatoria, e impidieron, con la intervención de unos pocos activistas y delegados, que las empresas pudieran operar normalmente.

El capítulo laboral original de la ley bases pretendía, justamente, prohibir ese uso espurio de las asambleas, estableciendo que ellas debían realizarse de modo de no obstaculizar el normal funcionamiento de la actividad empresaria. Pero fue ese uno de los puntos que el gobierno sacrificó ante los gremios para apaciguarlos, y tratar de convencerlos de levantar el paro del 9.

No fue esa, obviamente, una buena estrategia

¿Significa esto que lo que le conviene al gobierno de aquí en más es endurecerse, volver a sus proyectos originales, no negociarlos, e intentar sacarle al sindicalismo todo el poder de fuego posible, también el financiamiento, y desarmar los recursos legales o semilegales con que lo amenaza y extorsiona a las empresas?

Entre la confrontación y una mala estrategia de negociación de las reformas, puede que el presidente y sus colaboradores estén hoy más inclinados que nunca a optar por la primera opción. Y tienen buenos motivos para reaccionar de ese modo: “les tendimos la mano, quisimos negociar y nos contestaron con más paros, más agresiones y su desprecio” podrán argumentar. Pero tal vez no sea esa la vía por la que al gobierno más le convenga avanzar: no debería descartar tan rápido la posibilidad de aprender de la experiencia, y hacer como con el Congreso, reemplazar una negociación improvisada y mal conducida, por una un poco más razonada y calculada.

Porque por más que en lo inmediato la confrontación con el sindicalismo sea para él políticamente rentable, tanto ante la sociedad como en su relación con las demás fuerzas no peronistas, que comparten ampliamente los fines de su política laboral y sindical, lo cierto es que abroquelar al conjunto del gremialismo peronista en su contra, y entregárselo así a la dirigencia kirchnerista, moño de regalo incluido, para que lo utilice como ariete de su hasta ahora alicaída estrategia de oposición dura, sería hacer exactamente lo mismo que se hizo semanas atrás con las universidades, con pésimos resultados: regalar a los adversarios más desafiantes la oportunidad de salir de su aislamiento y relegitimarse ante una sociedad que, en su gran mayoría, quiere cualquier cosa antes que darle la razón, una vez más, a esos personeros del statu quo.

Con el agravante de que, en el caso de una confrontación a cara de perro con el sindicalismo, existirá un riesgo mucho más serio que con las universidades de que se alimente el clima de incertidumbre e inestabilidad, ya suficientemente preocupante de por sí. Porque esos actores no necesitan tener legitimidad para ejercer su poder de daño, tanto sobre la actividad económica como sobre la vida cotidiana del conjunto de la sociedad. Por lo que la “revelación” que hoy festeja el presidente pronto podría volverse en su contra, provocando que lo que los paros “revelen” sea la fragilidad del orden social que él está en condiciones de proveer.

Fue lo que le pasó a Alfonsín en los años ochenta: Milei todavía está a tiempo de aprender, tanto de su propia y corta experiencia en este terreno, como de la de ese presidente que él tanto desprecia, pero que en muchos aspectos, entre otros este, se le parece mucho más de lo que imagina.