POLITICA
Un avión de Aerolíneas sufrió fuertes turbulencias antes de aterrizar en Aeroparque y fue desviado a Montevideo
El vuelo AR1879 de Aerolíneas Argentinas, que viajaba de Ushuaia a Buenos Aires, sufrió fuertes turbulencias cuando se disponía aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery. La aeronave, cuyo arribo estaba estipulado a las 20.50, volaba mientras regían en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora. El avión, que previamente había viajado desde Aeroparque hacia El Calafate, fue desviado a Montevideo hasta que el clima permita su regreso.
“Pudo haber sido una tragedia”, dijo a LA NACION Leandro, uno de los pasajeros. “Veníamos de Ushuaia. Comenzamos a tener turbulencias muy violentas 20 minutos antes de aterrizar en Aeroparque. Estuvimos a nada de estrellarnos. El piloto pegó un volantazo. Pudimos salir rápidamente de Aeroparque. Estuvimos en turbulencia los 20 minutos siguientes. Nos desviamos y aterrizamos en Montevideo. No sabemos qué va a pasar. Si nos vamos a quedar en Montevideo o no”, contó.
“Cuando se produjo el momento de turbulencia, hubo gritos. El avión parecía que se partía”, recordó Leandro. Mientras tanto, Verónica, otra pasajera, reconstruyó el episodio también en diálogo con este medio: “Salimos de Ushuaia sabiendo que había alerta naranja en Buenos Aires. En pleno proceso de aterrizaje, las turbulencias y la poca visión fueron extremas. Algunos pasajeros sufrieron ataques de pánico, había mucho temor. Parecía que se iba a estrellar. Fue una sensación espantosa”. “El piloto hizo una maniobra de escape, según sus palabras, y aterrizamos en Montevideo. Ahora estamos esperando cómo seguir”, concluyó.
Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, informaron: “La maniobra de escape ocurre cuando el comandante decide abortar una aproximación para garantizar la seguridad del vuelo. Estas maniobras pueden realizarse por condiciones meteorológicas adversas, fallos mecánicos o la presencia de tráfico aéreo en la trayectoria de aterrizaje. En medio de turbulencias, y habiéndose efectuado una maniobra de este tipo, los pasajeros pueden percibir una situación de incomodidad. Sin embargo, es una maniobra de seguridad que forma parte de los protocolos y que se entrena en forma recurrente por los pilotos”.
La perspectiva de Daniel, un tercer pasajero, sobre el percance fue totalmente distinta. “Nos encontrábamos en fase final del aterrizaje. Ya se podían ver las luces del suelo muy de cerca. Y ahí empezó a moverse mucho. El piloto entonces le dio potencia a los motores y empezamos a subir. Se demoraron unos momentos en decirnos qué era lo que pasaba, pero es entendible. Pasaron unos momentos hasta que nos dijeron que nos estábamos desviando en Montevideo”.
Respecto de el clima dentro del aeronave, discrepó con los otros testimonios: “Solo una muchacha norteamericana tuvo un ataque de pánico. Una azafata la calmó y le dieron un asiento cercano al de ellos. El resto de los pasajeros se portó de manera ejemplar”. “Habrá que ver qué pasa ahora. A la tripulación se le vencieron las horas de vuelo (el tiempo máximo de presencia física es de 12 horas). El personal de tierra nos dijo que nos iba a informar”, cerró.
Dos vuelos más tuvieron también que aterrizar en la capital uruguaya (AR 1879 y ZP 818, de Paranair) debido a las condiciones meteorológicas, según supo LA NACION tras la consulta con fuentes de Aerolíneas Argentinas. Está estipulado que, una vez aminore el temporal, los aviones emprendan el retorno hacia Buenos Aires. Por el momento, tanto pasajeros como la tripulación descendieron de la aeronave en territorio uruguayo y se encuentran a la espera de novedades en Migraciones.
POLITICA
Un piloto de vuelos privados es quien facturó el viaje de Adorni de Punta del Este a San Fernando
Un piloto con 25 años de experiencia en el mundo de la aviación es quien facturó el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia de Punta del Este al San Fernando el fin de semana de carnaval.
Se trata de Agustín Issin, de 46 años. Según la factura que la empresa que trasladó a Adorni presentó en la causa penal, Issin compró un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares y uno de ellos fue usado por el jefe de Gabinete. Siempre según la factura, Issin pagó en efectivo.
Issin es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio, la empresa de Eduardo Constantini. Según su página de LinkeIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.
Pese a que en la factura registra un domicilio en Uruguay, Issin es argentino.
Su vinculación con el caso se limita al vuelo de vuelta. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay.
Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes.
Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.
En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.
Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.
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POLITICA
Chubut: la mujer que instaló el portal en una ruta provincial denuncia acoso y amenazas de una comunidad mapuche
Luego de la controversia que generó la instalación de una tranquera metálica en un tramo de la ruta provincial 12, en Chubut, la propietaria de las tierras asegura que actuó con autorización oficial y lo hizo para evitar el robo de ganado y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche por su territorio.
El gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad, aclaró que la mujer actuó a derecho, debido a que la traza atraviesa un campo privado, propiedad de Luciana Zárate y su pareja. La obra quedó trunca y el gobierno suspendió el trámite para expropiar el tramo que ingresa al predio particular.
En diálogo con Infobae, Zárate explicó que antes de colocar el portal metálico tuvo el aval de Vialidad Provincial e incluso la Policía de Chubut tomó conocimiento de la medida. Nadie objetó la decisión, ya que el tramo es de su propiedad y no de uso público.
Sin embargo, el caso tiene un trasfondo aún más grave. Uno de los argumentos para la instalación de la estructura es evitar la sustracción de ganado en pie y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche que reside en la zona, a quienes acusa de hostigamiento y amenazas.
El caso tomó estado público cuando un integrante de una comunidad mapuche, de apellido Millán, registró en videos cuando instalaban el pórtico y denunció que un terrateniente estadounidense compró el campo y ordenó la colocación de una tranquera para cortar el tránsito en la ruta provincial 12.
Zárate desmintió la versión. “Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá, soy yo y mi pareja”, aseguró en diálogo con Infobae.
El origen del conflicto es una disputa anterior con integrantes de una comunidad mapuche que residen en un predio fiscal de las inmediaciones, quienes utilizaban el tramo de pavimento de la ruta provincial 12 –que en realidad pertenece a Zárate- para transitar hacia su territorio.
La tranquera, además del robo de ganado, tenía como objetivo evitar que circulen por allí. “Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves”, expuso la mujer.
Relató un caso en el que integrantes de esa autoproclamada comunidad intentaron enterrarla viva cuando construía una fosa para colocar un guardaganado.
“Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla”, dijo la mujer, en un relato que grafica la grave confrontación que mantiene con quienes aseguran tener derechos ancestrales sobre las tierras.
Aseguró: “Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir. Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos”.
“Se ajusta a derecho”
La dirección de Vialidad Provincial defendió la colocación del pórtico metálico sobre el tramo de la ruta, debido a que la traza se encuentra dentro de una propiedad privada.
Zárate aseguró que el pórtico “se va a quedar donde está”. “Es mi propiedad”, insistió. Y aseguró que “la tranquera está abierta y es posible circular”.
El organismo provincial aclaró que la mujer instaló el pórtico en pleno “ejercicio de un derecho de propiedad, sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.
La carpeta asfáltica que atraviesa el campo privado corresponde a un proyecto vial inconcluso, ejecutado entre los años 2005 y 2009. La obra fue materializada físicamente, aunque el proceso de adquisición de tierras y transferencia a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó.
El sector afectado, según Vialidad Provincial, pertenece legalmente al predio “La Cancha”, aquirido por Zárate a su titular original, Emilia Méndez de Medina, quien colaboró con Vialidad Nacional permitiendo la instalación de los obradores y la ejecución de la cinta asfáltica.
Cuando se concretó la obra, existió un proyecto de convenio para realizar obras de cerramiento por parte de Vialidad Provincial, aunque el mismo nunca fue firmado. Al no formalizarse la cesión, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada.
Vialidad autorizó a Zárate a colocar el pórtico, para evitar la confusión de automovilistas en un desvío, impidiendo además el ingreso de particulares al terreno de la mujer,
“El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima” concluyó Vialidad Provincial, y agregó que, ante esa situación “el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.
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POLITICA
Caso Libra: el fiscal se defendió de las críticas por supuestas demoras en la investigación y filtraciones de documentos
En un comunicado, el fiscal Eduardo Taiano dio precisiones sobre el análisis técnico de los dispositivos secuestrados en la investigación conocida como causa $LIBRA y explicó las medidas adoptadas tras la filtración de documentación privada de los imputados.
En medio de las críticas por presuntas demoras de la investigación, la fiscalía detalló que luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
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Durante ese proceso, profundizó el comunicado, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, aclaró Taiano.
En esa línea, el fiscal aclaró que “el informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.
Por último, en el comunicado emitido se aseguró que “las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.
En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).
También el Presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei.
El fiscal a cargo del caso aseguró que se trata de una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.
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“Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso, en el que se hallan imputadas gran cantidad de personas relacionadas entre sí mediante complejos vínculos informales, que incluyen actividades en el extranjero; y frente a la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar de imposible su cautela posterior», sostuvo el fiscal.
La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales, el viernes 14 de febrero.
Eduardo Taiano, Libra, Justicia
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