La manifestación multisectorial convocada para esta tarde frente a un Congreso vallado comenzó a tomar forma desde pasado el mediodía con la llegada de las primeras expresiones de la sociedad civil, la presencia de trabajadores de la salud, distintos colectivos feministas −que conmemoran los 10 años del Ni Una Menos− y algunos movimientos sociales y sindicales vinculados al peronismo y la izquierda.

Pasadas las 16 horas, las expresiones políticas empezaron a tener mayor protagonismo en el frente de la plaza.

Cada sector planta reclamos propios, pero todos comparten un vehemente rechazo a las “políticas de ajuste” del Gobierno, aludidas con una motosierra en casi todos los carteles de colores que se despliegan frente al edificio parlamentario.

Comparten otro eje: la de hoy, en rigor, es una marcha más de las que jubilados acostumbran a realizar desde hace meses los días miércoles. En esta oportunidad, cuenta con un abanico de reclamos ampliado por otros sectores.

En el primer tramo de la manifestación, cobró especial visibilidad el pedido por la ley de emergencia en discapacidad, uno de los puntos en el temario legislativo que se despliega dentro del Congreso. Un inflable de colores con forma de silla de ruedas ocupó el frente de una plaza poblada hasta cerca de las 15, por trabajadores de la salud, madres con hijos, y varios manifestantes con alguna condición médica.

Luisa, la madre de Román, un joven de 26 años con síndrome de down que, cuenta, “no habla” y la acompaña en su reclamo. “Yo soy tu voz. Su voz ante todo, ante los médicos, ante un cumpleaños, ante hablar con cualquiera”, enfatiza. Denuncia ajustes en el centro donde se atiende su hijo y recortes generales en las prestaciones que recibe.

Con crudeza, relata un episodio reciente con su hijo, a quien encontró “morado” en la bañera. “La obra social me tuvo diciembre, enero y febrero sin medicación. En marzo a mi hijo le agarra un síncope: lo encuentro en la bañera morado, muerto. Dios me lo mandó de vuelta de tanto que lo golpeé”, dice. “Señora, esto pasó porque le faltó la medicación”, cuenta que le explicaron luego.

Como en manifestaciones previas, el edificio parlamentario permanece vallado y rodeado de efectivos de seguridad que forman parte del amplio operativo desplegado. Un tramo de 200 metros de la avenida Callao permanece bloqueado (entre Hipólito Yrigoyen y Mitre), al igual que las dos cuadras de la avenida Rivadavia que corren junto a la Plaza del Congreso.

Por la mañana, desde el Gobierno reafirmaron la vigencia del protocolo antipiquetes con el que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, procura mantener liberada la vía pública en manifestaciones no multitudinarias. Su aplicación tuvo altibajos: fue efectiva para desbloquear calles en manifestaciones menores, pero mostró problemas en protestas de mayor porte.

El capítulo más dramático fue la agresión que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo en la manifestación del 12 de marzo que lo dejó al borde de la muerte en el hospital Ramos Mejía. El martes, el Cuerpo Médico Forense presentó un informe en la causa que investiga el accionar de la fuerza federales en donde se ratifica que las heridas de Grillo fueron “graves y gravísimas”. Coincidió con el alta del fotógrafo del hospital, luego de varias intervenciones.

También tiene protagonismo, por actualidad y presencia en la protesta, el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, afectado por una crisis salarial.

Promediando la tarde, la convocatoria ganó expresividad, se extendió por la plaza con la llegada de nuevas agrupaciones, y tuvo una voz central en el escenario dispuesto de espaldas al Congreso. Nunca alcanzó a convertirse en multitudinaria, como otras convocatorias contra el Gobierno, y por la plaza se pudo transitar entre los manifestantes con cierta libertad.

La gran mayoría de las consignas en la plaza tiene su correlato dentro del recinto, donde se despliega un temario molesto para el oficialismo, que incluye un aumento único en los haberes jubilatorios –por el mes de enero de 2024, comido por la inflación- y una actualización del bono, congelado en 70.000 pesos desde marzo. El capítulo jubilaciones se cierra con el tratamiento de una prórroga en la moratoria previsional, que permite iniciar los trámites jubilatorios sin contar con los 30 años de aportes y venció hace meses.

La manifestación también ganó volumen entrada la tarde con la participación de los golpeados movimientos sociales, con influencia decreciente en el territorio y en las calles, pero con demandas intactas. Libres del Sur, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el FOL, son algunos de los movimientos sociales.

La recomposición de los haberes jubilatorios parece otorgar un sustrato de legitimidad a otras causas: en el último tiempo, la movilización de los jubilados los días miércoles frente al Congreso se convirtió en un espacio que articula reclamos y consignas varias.

La conmemoración de los 10 año del Ni Una Menos, por caso, organizada por distintos colectivos feministas, estaba prevista para este martes, pero se postergó un día para hacerla coincidir con el reclamo amplificado de este miércoles.

“Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos”, es una de las consignas de la marcha que sintetiza el reclamo coral de la plaza. Las dos CTA son algunas de las organizaciones gremiales con presencia frente al Congreso.