Antes de que Manuel Adorni subiera al segundo piso de la Casa Rosada para anunciar la quita de la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner, en el Gobierno sabían que cambiaría el eje de la agenda pública. «Va a ser un día muy divertido«, se jactaban de antemano, aunque sin dar demasiados detalles de la medida que se había gestado. Eran conscientes también que los videos de algunos meses atrás en los que Javier Milei admitía que los haberes de los ex mandatarios eran «derechos adquiridos», y que por lo tanto no podían ser quitados, se viralizarían y serían utilizados por el kirchnerismo para exponer la contradicción y cuestionar al Ejecutivo. Por eso, desde el primer momento se asumió que fue «una decisión política del Presidente» y una «señal para los argentinos» de que «no da todo lo mismo».

Cuentan en Balcarce 50 que en la previa al fallo de Casación Penal, cuando todos los trascendidos coincidían en anticipar que el tribunal confirmaría la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Milei empezó a analizar la idea de avanzar con «una medida ejemplar«, incluso contra los propios argumentos que había dado en el pasado. Lo evaluó con su asesor estrella Santiago Caputo y le pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que le presentara una propuesta para disponer de la baja inmediata de la jubilación que Cristina recibe por haber sido Presidenta.

A instancias del director ejecutivo de la ANSeS, Mariano De los Heros, Pettovello le llevó la propuesta, con el agregado de la quita de la pensión que percibe como viuda de Néstor Kirchner. Lejos de entender que eran erróneos los argumentos jurídicos a los que en mayo apelaba Milei para defender por qué el Gobierno no se metía con los haberes de privilegio de Cristina, en el Gabinete admiten que la decisión «es más política que técnica» y que eventualmente para la judicialización del tema la ex mandataria tiene cómo sostener su derecho.

«Teníamos que darles a los argentinos de bien una señal de que no da todo lo mismo. Puede judicializarlo y ganarlo, pero para eso va a tener que explicar que quiere ganar más que cualquier otro jubilado y encontrar jueces que quieran darles la espalda a la sociedad», explicó una fuente inobjetable al tanto de la decisión del Presidente.

El cálculo que hacen en Casa Rosada asume que al jefe de Estado no lo perjudicará haber sostenido en mayo que no podía quitarle la jubilación a Cristina por tratarse de “un derecho adquirido”. “Se está poniendo del lado de la gente, diciendo que no da todo igual”, afirman. Y suman otro condimento que condicionará a la Justicia y a la ex mandataria: «¿Cómo le van a explicar que el juicio de Cristina lo resuelven rápido cuando hay jubilados que cuando gobernó el kirchnerismo esperaron hasta diez años y la ANSeS apeló en todas las instancias por orden suya, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia?»

Durante la jornada del miércoles, con el menú sobre la mesa, Milei hizo un último repaso con Caputo para evaluar la conveniencia de esta medida. Es que, como contó Clarín, la estrategia era no agitar las aguas con la expectativa de que el fallo de Casación empujara a los K a negociar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte.

En el Gobierno saben que esta decisión puede ser un punto de no retorno con los K y que ese costo político ya está asumido: cuentan que Caputo abrió el juego al radicalismo y confía en poder conseguir voluntades en el bloque de Unión por la Patria a partir de una gestión con los senadores peronistas que responden más a los gobernadores que a Cristina.

Por las dudas, en caso de que esa negociación no prospere, el Gobierno descuenta que tiene un plan B para volver a negociar: el proyecto de “ficha limpia” que impulsa el PRO y que de aprobarse le impediría a Cristina ser candidata el próximo año.