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Unión Cívica Radical: Sigue el temblor tras la expulsión de los diputados radilibertarios

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Dejaron de pertenecer al centenario partido de Alem e Yrigoyen los diputados radicales Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, mientras que el legislador Pablo Cervi fue en determinada medida “absuelto” y continuará en las filas radicales. Para gran parte de la militancia, -específicamente de parte de quienes tienen una postura bien opositora a la Casa Rosada– se había criticado la demora de esta resolución que se conoció hace horas.

Sin embargo, también es cierto que desde el comité nacional, que aún preside Martín Lousteau, no se iban a despegar un ápice del protocolo de esta acción disciplinaria que tiene sus formas muy similares a la de un juicio, con las garantías de transparencia y el derecho a la defensa de los legisladores cuestionados.

Y el derecho a la defensa fue lo que más primó en este proceso de disciplina, donde los abogados de los implicados en esta desviación ética utilizaron todas las herramientas y posibilidades que da la carta orgánica y los distintos reglamentos. Esto explica, en parte, la demora que tanto alimentaba la ansiedad de hombres y mujeres de Alem.

La decisión de la expulsión, que causa ahora una creciente polémica interna y pública, se logró por el voto mayoritario de los integrantes del Tribunal de Etica Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, mientras que quien quedó en minoría fue Ricardo Barrios Arrechea. Este votó a favor de la suspensión de la afiliación de los implicados.

De este modo, se abrió un nuevo capítulo en estos días, y esto hace pensar en los intereses de uno y de otro lado que están en juego para las estrategias partidarias tanto del sector más progresista como del más cercano a Balcarce 50.

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En el primer sector, -que protagonizan Martín Lousteau, Federico Storani, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella y Facundo Manes– entienden que la expulsión es una bocanada de aire fresco para el radicalismo en general. Esto es porque -según entienden- se alimenta una imagen que permite transmitir coherencia doctrinaria que, en términos simples, se entiende en votaciones a favor de las mayorías populares como es apoyar a los jubilados y a la educación universitaria, aportando el mayor presupuesto posible.



Martín Lousteau y Facundo Manes.

Además, en este sector concluyen en que las decisiones de este tenor hacen una importante contribución al fortalecimiento de la identidad histórica del radicalismo, a la vez que da un mensaje disciplinador para otros integrantes del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que intenten desviarse groseramente del ideario del partido centenario.

Obviamente que con esta resolución, ganó el sector más progresista y tal vez Lousteau haya tenido una importante manifestación de poder con la rápida convocatoria a este tipo de procesos disciplinarios que, no obstante, no alcanzaría a emparejar con un período de escasas convocatorias al debate y de trabajo en conjunto con las gobernaciones bajo la conducción de la Unión Cívica Radical.

Justamente, desde el sector de los mandatarios provinciales provino el mayor rechazo, por ejemplo, de parte del mendocino, Alfredo Cornejo, quien fue el promotor de una retahila de durísimos conceptos expresados en redes y medios para quien quiera escuchar.

A Cornejo le siguio también el presidente de uno de los bloques radicales en Diputados, Rodrigo De Loredo, quien calificó de “ilegítima” y “arbitraria” la resolución expulsiva.  Esto descorre el velo respecto de la conducta especulativa que tuvo el cordobés cuando demoraba el pedido de separación de las filas del bloque a los Diputados que hoy deben devolver su ficha partidaria.

La disputa que potenció el Tribunal de Etica no sólo es por la Identidad, sino que a ésta viene asociada la táctica, que comprende la elección del camino a transitar hacia las elecciones del año que viene. Es decir, ir por la opción de una UCR en soledad -el esquema de la lista 3 histórica- o la centralidad o acompañamiento periférico en un armado frentista. La pulseada es, por demás, de una fortaleza tal que hace pensar en el fuerte capital simbólico que reluce aún en un partido que puede aportar y mucho para una próxima instancia electoral.

Si bien hoy la UCR orilla un 4 o 5 por ciento de intención de voto, también es cierto que abona a una dimensión de calidad de una suerte de efecto de consenso en el armado que decida integrar.

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En buen romance, el sello oficial de la UCR en un frente progresista o libertario puede inclinar la balanza a la hora de concurrir a las urnas.  Donde ese 4 o 5 por ciento a favor o en contra puede garantizar una victoria para el lado en que se encuentre el partido de Alem. Es por eso que, con la decisión disciplinaria, festejan los progresistas y lamentan aquellos más cercanos a la Casa Rosada.

Sin embargo, con esta novedad disciplinaria,  se abrió un nuevo capítulo en la interna partidaria y posiblemente, en un país donde todo se judicializa, todo se derive en una apelación ante la Justicia Electoral. Se trata de recuperar terreno para un sector, como el del consorcio de los gobernadores radicales, que ya le habían prometido y garantizado a Javier Milei un radicalismo sedado y dispuesto a cumplir órdenes de la Casa Rosada. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Federico Storani, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Facundo Manes, Juan Manuel Casella, Mariano Campero, Rodrigo De Loredo, Martín Arjol, Pablo Cervi, Juan Pedro Tunessi, Luis Cáceres, Alicia Tate, Javier Milei, Ricardo Barrios Arrechea, Luis Picat

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Alberto Fernández se presentó ante el juez Ercolini y debe declarar en indagatoria por violencia de género contra Fabiola Yañez

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Poco antes de lo previsto, Alberto Fernández se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py, ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa donde se lo acusa de haber ejercido violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La indagatoria se celebrará después de un nuevo intento del ex mandatario de postergarla.

El ex presidente de la Nación se encuentra acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez.

La primera fecha se había fijado para el 19 de diciembre pasado, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria.

Como el expediente llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal el camarista Eduardo Farah resolvió confirmar al magistrado del caso, se ordenó que este martes a partir de las 11 de la mañana, bajo la representación de la abogada Silvina Carreira, Fernández deberá declarar.

A menos de 24 horas de tener que declarar, el ex Jefe de Estado presentó un escrito pidiendo la postergación de la indagatoria. El planteo fue rechazado por el juez del caso. En simultáneo, ante la Cámara de Apelaciones, Alberto Fernández en una audiencia unipersonal con el juez Roberto Boico, pidió recusar Ercolini y sostuvo que lo investiga «para vengarse, tiene animosidad hacia mí y me quiere preso».

En esta causa por hechos de violencia de género, el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.

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Los delitos atribuidos

La imputación formulada en su contra refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.

La investigación inició en agosto del año pasado, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez.

El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal federal Ramiro González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.

Esos sucesivos actos de violencia, consideró el fiscal, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.

Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

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