La discusión sobre la constitucionalidad del mega DNU o del proyecto de ley son apenas fuegos de artificios que esconden las transformaciones de fondo que se están imponiendo a nuestra economía y a nuestra estructura social. Las políticas económicas implementadas, lejos de combatir la estanflación, la promueven descaradamente.

Más allá de si tendrá éxito o no la dolarización, el objetivo de fondo, que no es otro que impulsar un fabuloso proceso de concentración de la riqueza y extranjerización de nuestros recursos naturales, avanza viento en popa sin que se le presenten escollos de importancia. Ni siquiera el gobierno se preocupa de ocultarlo.

El propio Javier Milei salió a celebrar este domingo el 30 por ciento de inflación que destruye a la clase media y condena a la miseria a las clases populares. Para los críticos, la respuesta es la burla: “No la ven”. 

Más aún. Detrás de cada decisión del mega DNU o de la ley Ómnibus hay un beneficiario. Milei ni siquiera se molesta en ocultarlo, y no tuvo prurito alguno en nombrar a Elon Musk como uno de ellos. Los demás aparecen de forma tácita. Ni siquiera el gobierno tuvo que molestarse en redactarlos, ya que fueron elaborados por los estudios de abogados de las empresas beneficiarias. 

La ofensiva del gobierno sobre toda la legislación laboral existente, para precarizar las condiciones de trabajo y los niveles de ingreso de los trabajadores es una aberración jurídica sin precedente alguno. Lo mismo pasa con el cambio de entidad jurídica para las empresas públicas para facilitar su privatización. 

Detrás de la privatización del Banco Nación hay varios banqueros interesados en el entorno presidencial: desde Eduardo Elzstain (Banco Hipotecario): Juan Nápoli (Banco de Valores); la canciller Diana Mondino y su familia (Banco Roela); el ministro de Economía, Luis Caputo (que viene el Deustesche Bank); o su socio Santiago Bausili (que maneja el Banco Central, con pasado en JP Morgan).

Marcos Galperín (Mercado Libre) se verá beneficiado por la desregulación laboral y por la facultad de que su empresa sirva como entidad de depósito de sueldos, aún sin ser un banco. En el rubro de la medicina prepaga, las empresas -que están cartelizadas- podrán imponer aumentos discrecionales: el estado ya no podrá regular las cuotas. Aquí el gran vencedor es Claudio Belocopitt, de Swiss Medical. 

En relación con los medios de comunicación, Milei avanzó mucho más que Mauricio Macri, y dispuso la eliminación de los límites de licencias de TV y radio a nivel nacional. También anuló la exigencia de vender papel a los diarios: Clarín podrá abastecer sólo a quienes quiera. Como en el caso de las prepagas, el estado no podrá regular tarifas y, por si fuera poco, prohíbe los paros en los medios. Los beneficiarios son obvios.

En el caso de los supermercados, se desreguló su actividad y se suprimió la ley de Etiquetado Frontal. Tampoco habrá cuotas en las góndolas para las empresas no oligopólicas, lo que beneficia directamente también a los grandes consorcios alimenticios.

Las tarjetas de crédito -se destacan aquí Visa y Mastercard- podrán fijar las comisiones y las tasas que deseen, en detrimento de usuarios y comercios. 

Eduardo Elztain, quien ha brindado alojamiento a Milei en el hotel Libertador, de su propiedad, se vio gratificado de distintas maneras. La devaluación benefició sus negocios con la soja; la desregulación de alquileres le favorece enormemente en su condición de ser uno de los principales dueños de edificios y shoppings. Y, por si fuera poco, se le entregó la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

A Elon Musk y su empresa Starlink se preocupó explícitamente de nombrarla como beneficiarios, al eliminar las regulaciones sobre los servicios de internet. También podrá manejar contenidos y es uno de los que está en las gateras para quedarse con ARSAT. Detrás de estos negocios también están el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, Claro y Telefónica. Aunque en este caso abrió las puertas de un conflicto entre los interesados.

En materia energética, Vista, Shell, Pan American Energy, Tecpetrol, Plus Petrol y Exxon son las grandes beneficiarias de la habilitación para la exportación sin límites de lo producido por Vaca Muerta. En este conjunto, las que además abastecen al mercado interno han registrado pingues negocios con la liberación de los precios en surtidor.

Otras ganadoras han sido empresas como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Camuzzi en gas y Pampa Energía, Transener, Edesur y Edenor en electricidad, que se benficiarán con la revisión tarifaria dispuesta en el DNU.

La liberación de las exportaciones de todos los productos, incluidos los agropecuarios, permitirán a las grandes empresas del sector vender toda la producción al exterior o abastecer el mercado interno a precios internacionales. También prohibió que los trabajadores del sector realicen medidas de fuerza.

Las grandes ganadoras son Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM Agro, Aceitera General Deheza, COFCO y Molinos Agro felices. Adicionalmente se prohibieron los paros de los trabajadores de dragado y balizamiento, para garantizar la actividad permanente de los barcos que transportan sus productos.

También se habilitó el saqueo sobre la minería, al suprimirse las leyes y organismos que controlaban la actividad. José Luis Manzano, empresas canadienses y europeas, y Elon Musk son los principales beneficiarios en el caso del litio.

En el rubro azucarero, la empresa Ledesma se lleva la parte del león con la eliminación del régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno. Como en el resto de las actividades, la familia de Carlos Pedro Blaquier podrá exportar su producción sin límites. Hasta ahora el 90 por ciento se colocaba en el mercado interno. 

En el rubro aeronáutico, la política de “cielos abiertos” permitirá que empresas extranjeras hagan vuelos de cabotaje. Aerolineas Argentinas debería abandonar los destinos no rentables para poder competir, y eso dejará aisladas a varias provincias argentinas. Caso contrario, la alternativa será la privatización de la empresa de línea nacional. Eduardo Eurnekián, el jefe de Milei y de varios otros miembros del gobierno, celebra alborozado.

La eliminación de la ley de Tierras suprime las limitaciones a las propiedades en manos de extranjeros y la zona de seguridad de frontera (los 200 kilómetros del límite territorial hacia adentro). Luciano Benetton, Joe Lewis y varios otros podrán ampliar sus dominios sin restricción alguna.

En el caso de los laboratorios, la derogación de la ley 27.113 que declaraba «de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos». De este modo, Bagó, Roemmers y Sigman, entre los más importantes, ya no tendrán competencia del estado.

Lo mismo sucede con la privatización del fútbol, detrás de la cual están Mauricio Macri y capitales árabes, y sobre la cual Milei insiste constantemente, sin que se entienda su necesidad ni su urgencia. Por más que los clubes argentinos se opongan, difícilmente podrán resistir la presión oficial. 

Ciertamente que no son estos todos los negocios ni los beneficiaries del plan de negocios que constituye el programa de gobierno de Javier Milei. Pero sí son una muestra muy clara de sus intenciones y objetivos. El problema es que la oposición -y la política en general- se distrae con los árboles del mega DNU y de la ley ómnibus y no ve el bosque de los derechos adquiridos que generará su aplicación, mientras las instancias judiciales y legislativas siguen su curso. Aún en el caso de que ambos sean rechazados, o cercenados en sus contenidos, el daño ya estará hecho y será terriblemente costoso para la sociedad argentina. Incluso en el caso que muchos auguran de que Milei termine eyectado de la presidencia antes de tiempo, después de haber hecho el trabajo sucio para sus patrones. La historia argentina es terminante: Jorge Rafael Videla y los genocidas fueron presos, mientras que el poder económico que se benefició de sus políticas no sólo quedó impune, sino que obtuvo una estatización de su deuda gracias a Domingo Cavallo, y nadie se atrevió a revisar semejante injusticia.

Por supuesto, la respuesta que merecerán estas reflexiones desde el oficialismo será aquella a la que nos tiene habituados: “No la ven”. Aunque ya la hayamos visto demasiado. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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