El conflicto en el este de la República Democrática del Congo tiene raíces profundas que se remontan a la guerra civil de los años 90, particularmente a la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), un conflicto que involucró a múltiples países africanos y dejó un legado de inestabilidad. La región oriental del país es rica en recursos minerales estratégicos, como oro, coltán y cobre, lo que la ha convertido en un epicentro de disputas entre grupos armados, milicias locales y fuerzas extranjeras. Además, la falta de una gobernanza efectiva y la debilidad del estado han facilitado la proliferación de actores armados que explotan los recursos naturales para financiar sus operaciones.

El M23 emergió en 2012 como una facción disidente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), alegando que el gobierno de la RDC no había cumplido con el acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009. Este acuerdo estipulaba la integración de combatientes del CNDP en el ejército congoleño y la protección de la comunidad tutsi, demandas que, según el M23, fueron ignoradas por Kinshasa. La falta de voluntad política para cumplir estos compromisos y la creciente discriminación hacia la comunidad tutsi en la RDC contribuyeron al resurgimiento del movimiento rebelde.

Desde su fundación, el M23 ha sido percibido como un actor influenciado por intereses externos, particularmente de Ruanda y Uganda, países que han sido acusados de proporcionar apoyo logístico y militar al grupo. La inestabilidad en la región ha estado marcada por una compleja interacción de conflictos locales e intereses geopolíticos, donde tanto los gobiernos vecinos como las potencias extranjeras han intervenido directa o indirectamente en función de sus propios objetivos estratégicos. Esta dinámica ha perpetuado un ciclo de violencia difícil de romper, con la población civil atrapada en medio de la lucha por el control de los territorios ricos en recursos.

Resurgimiento del M23 y la influencia de Ruanda

El resurgimiento del M23 en 2021 se produjo en un contexto de creciente tensión étnica y marginalización de la comunidad tutsi en la RDC. La falta de integración efectiva de las minorías en el aparato estatal y la percepción de inseguridad han sido factores clave en la reactivación del grupo rebelde. Analistas han señalado que este resurgimiento responde a la incapacidad del gobierno de Kinshasa para implementar reformas estructurales que garanticen la estabilidad en la región.

El M23 ha demostrado una notable evolución en sus capacidades militares, operando con tácticas avanzadas y acceso a armamento moderno, lo que ha generado especulación sobre sus fuentes de financiación y apoyo externo. Diversos informes de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han señalado a Ruanda como un actor clave en este conflicto, acusándolo de proporcionar apoyo logístico y militar a los rebeldes. Kigali ha negado reiteradamente estas acusaciones, aunque la evidencia circunstancial, testimonios de desertores y la historia de intervención ruandesa en la RDC refuerzan esta hipótesis.

Actualidad del Conflicto y Escalada de Protestas

A inicios de 2025, el M23 consolidó su control sobre Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, un enclave estratégico para el comercio, la administración y las operaciones humanitarias en la región. La captura de esta ciudad ha exacerbado la crisis humanitaria, con más de un millón de desplazados huyendo hacia campamentos sobrepoblados o buscando refugio en países vecinos. Organismos internacionales han advertido sobre el riesgo de hambruna y el colapso de los servicios básicos en las zonas afectadas.

Rebeldes del M23 con sus armas en Kibumba, en el este de la República Democrática del Congo. (Foto: AP / Moses Sawasawa).

El impacto político también ha sido significativo: la pérdida de Goma ha puesto en evidencia la fragilidad del gobierno central para mantener el control territorial. En respuesta, se han desatado intensas protestas en todo el país, dirigidas contra las autoridades nacionales y la comunidad internacional. Manifestantes han atacado propiedades gubernamentales y embajadas extranjeras, en especial la de Ruanda, vista como un símbolo de la injerencia en el conflicto. Paralelamente, en Kivu del Sur, se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados locales, lo que ha exacerbado la crisis de seguridad y desplazado a miles de personas adicionales, además de las intensas protestas. La respuesta del gobierno ha sido errática, con declaraciones condenatorias y promesas de acción, pero sin medidas concretas que apunten a una resolución efectiva del conflicto.

Respuesta internacional y esfuerzos diplomáticos

La comunidad internacional ha reaccionado con una mezcla de condenas y esfuerzos diplomáticos limitados. La Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (MONUSCO) ha incrementado su presencia en la zona, aunque su efectividad ha sido ampliamente cuestionada. Estados Unidos y la Unión Europea han emitido declaraciones exigiendo el cese del apoyo al M23 y la retirada de cualquier fuerza extranjera del territorio congoleño, pero sin la imposición de sanciones contundentes.

Organizaciones regionales como la Comunidad de África Oriental han intentado mediar en el conflicto, promoviendo acuerdos de alto el fuego y negociaciones de paz. Sin embargo, estos esfuerzos han sido frágiles y los acuerdos alcanzados han sido violados en múltiples ocasiones. Sudáfrica ha desplegado tropas en apoyo al ejército congoleño, lo que podría aumentar el riesgo de una escalada regional del conflicto.

Consecuencias humanitarias y económicas

Las consecuencias humanitarias en la República Democrática del Congo, que gobierna Félix Tshisekedi, como detalla el informe de Amnistía Internacional, son alarmantes. La violencia armada ha causado la muerte de miles de civiles, con ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo incluso por el ejército nacional. Esta situación ha forzado el desplazamiento interno de casi 7 millones de personas, que buscan refugio dentro del país escapando del conflicto, especialmente en las regiones de Kivu y Ituri.

Además de los desplazamientos, la crisis humanitaria se ve exacerbada por la violencia sexual generalizada, con más de 38 mil casos reportados solo en Kivu del Norte durante el primer trimestre del año 2023. Esto, combinado con la destrucción de infraestructuras, ha limitado severamente el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, empujando a miles de congoleños a huir hacia países vecinos en busca de seguridad, lo que a su vez ha creado desafíos humanitarios a nivel regional.

En el ámbito económico, la explotación ilegal de minerales ha financiado a los grupos armados y perpetuado la guerra, mientras que la población local sigue excluida de los beneficios de estos recursos. Este comercio ilícito de minerales ha fomentado una economía paralela que escapa al control del estado y debilita sus estructuras institucionales. Empresas extranjeras, algunas de ellas con vínculos en mercados globales, han sido señaladas por beneficiarse de la extracción ilegal, lo que perpetúa la inestabilidad y dificulta la recuperación económica del país. Al mismo tiempo, el saqueo y la destrucción de infraestructuras clave han paralizado el desarrollo de la región, agravando la crisis y limitando las oportunidades de reconstrucción a largo plazo.

Conclusión

El conflicto del M23 en la República Democrática del Congo (RDC) representa una confluencia de tensiones étnicas, disputas por el control de recursos estratégicos y una injerencia extranjera persistente, factores que han marcado la inestabilidad crónica de la región. La presunta implicación de Ruanda en el conflicto y la limitada capacidad del gobierno congoleño para restaurar la autoridad estatal han dado lugar a una guerra prolongada, con implicaciones geopolíticas de gran alcance.

Para lograr una solución sostenible en el tiempo, es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las causas estructurales del conflicto, tales como la marginación étnica y la gobernanza deficiente sobre los recursos naturales. Es crucial que la comunidad internacional ejerza una presión más contundente mediante mecanismos de sanciones específicas, supervisión efectiva del comercio de minerales y un apoyo reforzado a los procesos de mediación regional.

Solo un compromiso coordinado entre actores locales, gobiernos vecinos y organismos multilaterales podrá cimentar las bases para una paz duradera en la región de los Grandes Lagos. Mientras tanto, las tensiones persisten, las protestas han llegado a la capital de la RDC y los enfrentamientos en Goma continúan, lo que significa más inestabilidad para el país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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