Los hechos se produjeron en el marco de los controvertidos comicios previstos para el mes de octubre en el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada (UPSRA), donde el octogenario secretario General, Ángel García, podría sufrir una derrota histórica luego de manejar dicha entidad durante mas de cuarenta años.

García viene imponiendo todo tipo de trabas para la realización del acto electoral y, según denuncian sus críticos, permanentemente busca «embarrar la cancha”. Primero lo hizo no autorizando las listas opositoras, luego la Junta Electoral que le responde políticamente se negó a mostrar los padrones. Posteriormente, García intentó realizar las elecciones raudamente, sin dar a conocer los lugares de votación ni los padrones por mesa, por solo citar algunas de las “avivadas» llevadas a cabo. Sin embargo, tanto la Justicia como la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que conduce Julio Cordero, le propinaron revés tras revés hasta que finalmente tuvo que dar marcha atrás con cada una de estas medidas antidemocráticas implementadas.

Ángel García y su Junta Electoral determinaron en la provincia de Buenos Aires lugares de votación para la elección -cuya fecha provisoria es el 8 de octubre-, absolutamente irrisorios, cuando no peligrosos: desde hospitales públicos hasta estaciones de tren, bajo autopistas y terrenos baldíos.

Frente a esta resolución, apoderados de las listas opositoras se presentaron ante la dirección de Seguridad Privada bonaerense y expusieron los hechos relatados, cuestionando los lugares de votación establecidos en esa jurisdicción. La petición fue acogida positivamente por el director del área, Felipe Martínez Garbino, quien el 8 de agosto realizó un informe haciendo lugar al reclamo y el día siguiente transformó esa documentación en resolución, dando de baja los lugares de votación cuestionados. Luego, como corresponde administrativamente, dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

Lo que ocurrió después deja entrever una grosera manipulación del acto electoral, generando todo tipo de suspicacias en torno al rol de la gestión de Axel Kicillof. El 6 de setiembre, el subsecretario de la Seguridad Privada bonaerense, Luis Erro, contradijo en términos ofensivos al director Martínez Garbino y manifestó que las actuaciones de éste solo constituyeron una «mera sugerencia», que no tuvieron en cuenta la ausencia de aspectos formales para su aprobación y que el funcionario no tenía competencia para dictar una resolución, aunque haya sido publicada en el Boletín Oficial. Las expresiones de Erro exponen una grosera impericia y un grave descontrol dentro del ministerio que conduce Javier Alonso, que debiera tener como horizonte principal el de cuidar a todos los ciudadanos.

Más aún si se considera que, tal y como supo este medio, el cambio de posición se produjo tras una reunión entre asesores legales del sector oficialista de la UPSRA y altos funcionarios del ministerio, incluido el propio Erro.

Como si este «sablazo» que Erro arremetió contra su subordinado no fuera suficiente, en la nota donde informa la revocación de la decisión -dirigida a Ángel García, como secretario General de UPSRA- le agradece «su buena y efectiva colaboración histórica con esta subsecretaría».

La actuación de Erro constituye una cuestionable complicidad del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en favor de García. Pues en apenas días, pasó de impugnar y dar de baja mesas de votación en lugares insólitos, a habilitarlas de nuevo, y, sin ponerse colorado, agradecerle al octogenario sindicalista por su relación con dicha cartera. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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