POLITICA
Por qué una empresa británica voló de Malvinas a Punta Arenas y cómo es la nueva ruta que el Reino Unido busca abrir con Chile

El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia a través de un comunicado en el que apuntó contra la empresa del Reino Unido, Thales UK Limited, por realizar un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Todo tuvo que ver con un foro empresarial que se desarrolla en la localidad patagónica, con el objetivo de abrir una nueva ruta comercial entre Chile y el archipiélago.
Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, se llevará a cabo el Punta Arenas Business Showroom, un foro que reúne a empresarios chilenos con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC, por sus siglas en inglés). El objetivo era juntar cerca de 80 representantes de firmas oriundas del país trasandino y británicas para explorar nuevas oportunidades comerciales.
De acuerdo a lo que informaron desde la FIDC, el objetivo es consolidar una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Según informó Infobae, se firmó un contrato con la naviera chilena Easter Island Naviera con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima y así poder disputarle el abastecimiento de las islas a Uruguay, que está a 2.000 kilómetros de distancia.

La ruta entre ambas ciudades ya funcionó durante varias décadas, pero se volvió financieramente inviable a principios de los 2000. En 2025, la FIDC detectó potencial suficiente para reactivarla e inició consultas con el sector privado de las islas, navieras trasandinas y el municipio de Punta Arenas, para luego elaborar un informe de antecedentes dirigido a las partes involucradas. La corporación opera como un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno de las islas, con un presupuesto anual de aproximadamente £1.000.000.
Alrededor de 40 representantes del sector privado de las islas participan del evento junto a entre 30 y 40 firmas chilenas. El encuentro de dos días apunta a concretar acuerdos con proveedores y firmar contratos. Según la FIDC, se trataría de la delegación comercial más grande que las islas hayan enviado al exterior. Entre los productos que se contempla transportar desde Punta Arenas figuran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera, materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos, vinos y cervezas.

Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, explicó el origen del proyecto en declaraciones recogidas por el organismo: “La reapertura de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino fue vista como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota. Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. La FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las islas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”.
Easter Island Naviera es una compañía especializada en logística y transporte marítimo que opera principalmente en la ruta Valparaíso-Isla de Pascua. Según la propia empresa, esa especialización en territorios remotos le permitió desarrollar las capacidades necesarias para operar en zonas de alta complejidad, incluyendo la Antártica.

Sin embargo, el vuelo de una aeronave con matrícula del Reino Unido, vinculada a Thales UK Limited, que trasladó integrantes de la delegación isleña a Punta Arenas sin autorización de las autoridades argentinas, derivó en una escalada diplomática inmediata. El presidente Javier Milei ordenó dar inicio a procedimientos sancionatorios contra esa empresa, e instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas del caso, según el comunicado de la Oficina del Presidente difundido este lunes.
La denuncia se produce en el marco de una tensión creciente entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En paralelo al foro en Punta Arenas, el gobierno de Milei intimó a Londres para que frene en un plazo de dos semanas las operaciones de exploración de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas. De no cumplirse ese requerimiento, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El canciller Pablo Quirno advirtió además que las compañías que operen en las islas quedarán excluidas de proyectos estratégicos en territorio argentino, como Vaca Muerta.

Desde Chile, la postura viene siendo bastante ambigua. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó en declaraciones a Radio Polar Magallanes que su país apoya el reclamo de soberanía argentino, aunque aclaró que eso no implica restricciones al comercio. “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, sostuvo el funcionario, que responde al presidente José Antonio Kast. Al referirse al Reino Unido, Barros Tocornal lo calificó como “un país amigo” que “ejerce soberanía” desde hace 200 años, lo que generó rispideces con Buenos Aires.
La cuestión tiene, además, un componente legal complejo. El decreto 256 del gobierno argentino, dictado en febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el derecho de tránsito de cualquier embarcación sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva. Esa contradicción normativa fue señalada por el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, quien alertó sobre los potenciales conflictos que podría traer la nueva ruta.
Mientras tanto, en el plano legislativo, el Congreso de la Nación se prepara para tratar el proyecto de ley de Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones a empresas vinculadas con las islas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer medidas de respuesta ante amenazas “graves e inminentes”.
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POLITICA
El Gobierno posterga el tratamiento del proyecto de Malvinas mientras negocia cambios reclamados desde la oposición y los EE.UU.

En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.
Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.
Tanto los aliados como la oposición más dura exigen modificaciones para darle su respaldo. De los ocho capítulos que componen el proyecto, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas.
Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de contemplar la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión.
Los reparos llegaron desde Estados Unidos. Según pudo saber , empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Reclaman que se delimite con mayor precisión su alcance a la hora de determinar qué firmas podrían ser punibles.
La semana pasada, desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habían deslizado la intención de acelerar el dictamen del proyecto e incluso evaluaban incorporarlo a la sesión maratónica de este miércoles. Pero los ecos de los reclamos opositores y norteamericanos hicieron que esa posibilidad se desmoronara el fin de semana.
La nueva realidad se impuso pese a que las espadas legislativas del riojano −el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la diputada Silvana Giudici− seguían concentradas en ultimar las modificaciones para llevar una nueva versión del texto al plenario de comisiones de mañana.
La señal llegó este mediodía: el debate en comisiones se postergó hasta el 27 de octubre. Hay quienes atribuyen la demora a un pedido de la Casa Rosada, que ya estaría al tanto de las dudas en Washington. Mientras tanto, esta semana desembarcarán en el país el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Resta saber si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.
En los pasillos del Congreso, los libertarios buscaron bajarle el tono a la cuestión Malvinas. Alegaron que no había motivos para apurar los tiempos, especialmente ante la extensa agenda de la sesión de este miércoles, que podría prolongarse hasta 40 horas si se sumara el proyecto. Aseguran que su tratamiento puede esperar hasta la próxima semana.
En cualquier caso, hay quienes admiten que todavía no estarían garantizados los respaldos necesarios. “Hay un par de temas que quedaron pendientes de discutir y estaban muy finos los números para el dictamen”, señaló una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones. No está claro si entre esos puntos figuran las objeciones del empresariado norteamericano.
“No nos dijeron nada”, indicó otra fuente libertaria, que descartó que Bornoroni, Menem y Giudici hubieran recibido algún planteo desde Washington o estuvieran al tanto de las inquietudes canalizadas en Casa Rosada.
Por su parte, Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que se incluirá en una sesión distinta de la prevista para noviembre, dedicada al debate del Presupuesto. En esa convocatoria también se sumarían las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, ambos proyectos con media sanción del Senado.
Este último representa un guiño a los aliados, especialmente a Córdoba y Santa Fe, dos de sus promotoras, tal como publicó . Es que en ambas provincias conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.
Modificaciones en la Ley Malvinas
En el ínterin, los libertarios seguirán trabajando en la letra chica del proyecto de defensa de la soberanía nacional, aunque aseguran que varias modificaciones ya estarían resueltas.
Entre ellos, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.
Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, aquel referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.
La disposición no pasó inadvertida entre propios y ajenos, ante el temor de que pudiera utilizarse como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de combatir a “agentes extranjeros”. Constitucionalistas también alertaron sobre las consecuencias de incorporar un tipo penal “tan amplio” y señalaron que la figura podría rozar la “censura previa”.
No es la única concesión que los libertarios están dispuestos a hacer a sus aliados de Pro y la UCR. Entre los ajustes más significativos figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso al Consejo de Seguridad Nacional.
Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados, se prevé la creación de una comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.
Persiste la duda sobre si los cambios serán suficientes para conseguir el respaldo de los bloques de centro, como Provincias Unidas, que en las últimas votaciones en el recinto dejó expuestas sus diferencias internas. El peronismo, por su parte, ya dejó en claro que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y reclamó su tratamiento por separado.
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POLITICA
Causa Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner pidieron no asistir de forma presencial al juicio que comienza el viernes

Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitaron este lunes al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no asistir de manera presencial a las audiencias del juicio de la causa Los Sauces, donde están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.
El inicio del debate oral y público está fijado para este viernes a las 10 de la mañana, mientras las partes aguardan la decisión de la Cámara de Casación que debe resolver si unifica la causa con el expediente Hotesur y se realiza un solo juicio.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, resolvió anteriormente que el juicio se realice exclusivamente de forma presencial.
Por el momento, el debate por Los Sauces avanza de manera independiente y está previsto que comience este viernes. Se trata del primer juicio en materia de corrupción en el que Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados, señalado como organizador de una asociación ilícita para blanquear fondos. La expresidenta figura procesada como jefa de esa asociación.
El expediente de Los Sauces investiga operaciones de la inmobiliaria familiar que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la acusación, esas empresas representaron la mayor parte de la facturación de una sociedad que no contaba con sede comercial y que, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.
El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
Según la investigación, entre 2012 y 2017 pagó alrededor de 1,7 millones de dólares pero una tasación judicial posterior ubicó el valor de mercado cerca de la mitad o menos de lo pactado.
Cómo será el juicio
El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.
Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos.

El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.
En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso.
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POLITICA
Javier Milei viajó hasta España, pero no compartiría foto con el candidato de la ultraderecha

La amistad entre Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, comenzó mucho antes de que el libertario accediera a la Presidencia. Pero incluso con la agenda recargada que asumió al desembarcar en la Casa Rosada, cada vez que el argentino puso un pie en Madrid, o el español en Buenos Aires, siempre hubo tiempo para un encuentro y una foto.
Esta vez podría ser la excepción. Apenas conocido el llamado adelantado a elecciones, para el 29 de noviembre, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la Casa Rosada anunció un nuevo viaje de Milei a Madrid, el tercero en lo que va del año.
La escueta agenda presidencial, que se conoció varios días después del anuncio del viaje, este domingo por la tarde, dejó en evidencia que el disparador del vuelo fue el llamado a elecciones y la oportunidad que se le abría a Milei para predicar en contra del líder del PSOE y en favor de Abascal, una constante en cada periplo ibérico.
Sin embargo, este lunes trascendió que la ajustada agenda de campaña de Abascal le impediría la foto con Milei. Y que así se lo comunicó por teléfono el propio líder de Vox al libertario.
El presidente argentino, indicaron desde el partido derechista, se reuniría este miércoles en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación, Jorge Martín Frías.
Y agregaron: “Santiago Abascal continuará ese mismo miércoles con su agenda de campaña electoral del 29N, que le llevará a La Coruña y Avilés, tal y como le ha trasladado al presidente argentino durante una conversación telefónica mantenida antes de su viaje a España”.
Como dio cuenta este domingo , analistas consultados coinciden en que la irrupción de Milei tendrá impacto en la campaña electoral española, pero alertaron sobre un posible efecto adverso. “El viaje de Milei impacta sobre todo en el voto progresista que le teme a un gobierno de extrema derecha. La foto de Abascal con Milei será otra señal de alarma que los movilizará. Si yo fuese Abascal, le diría a Milei: ‘Te espero el 30 de noviembre encantado, pero ahora quédate en Buenos Aires’”, explica Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y experta en campañas electorales.
César Calderón, director de la consultora Red Lines, está convencido de que la llegada de Milei en este momento es “un regalo” para Sánchez. “Al PSOE le regalan un enemigo exterior con motosierra. Cada foto de Milei con Abascal es un spot gratuito para Sánchez. Le permite decir: esto es lo que viene. Además, la injerencia extranjera en campaña tiende a provocar rechazo aquí, incluso entre votantes que no sienten ninguna simpatía por Sánchez”, asegura.
El propio Sánchez tomó nota de la llegada de Milei. “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar. Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes”, escribió el viernes el presidente español en su cuenta de la red social X.
Milei mantiene un histórico enfrentamiento con Sánchez desde su primera visita a España, por eso, ninguno de sus viajes fue organizado como visita de Estado.
La ajustada agenda de Abascal (comunicó actos en Ponferrada, La Coruña, Avilés, Burgos, Menorca, Palma de Mallorca e Ibiza entre el 20 y 23 de octubre) podría hacer imposible la foto sobre la que alertan los analistas. O evitarla.
Tampoco hay señales de que Milei pueda reunirse con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y máximo candidato en las próximas elecciones. De hecho, ni siquiera se conocen.
La agenda de Milei sí tiene previsto un encuentro privado con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del PP en la capital española, que no es candidata en los próximos comicios.
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