POLITICA
Preocupación en el Gobierno por las alusiones a Mario Lugones en la causa judicial por el fentanilo adulterado
La semana pasada fue difícil para el oficialismo. En medio de la concatenación de problemas de gestión, con el paro de los prácticos y el desgajamiento de la ley de propiedad privada, la detención de dos exfuncionarias de Anmat debido a las muertes por fentanilo contaminado sumó otro frente en la Casa Rosada. Del expediente judicial surgen alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones, que podrían complicar su situación.
Distintas fuentes de la Casa Rosada consultadas por reconocieron que la tragedia del fentanilo, que ocasionó al menos 90 muertes, es un escándalo latente, mientras avanza el expediente en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Lugones está firme en el cargo y Javier Milei replicó el sábado un tuit suyo sobre la gestión sanitaria. Sin embargo, hay preocupación en el oficialismo por las derivaciones del caso.
“A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, plantearon quienes lo vieron por estos días al ministro, que en agosto de 2025, en una de las pocas entrevistas que dio, se quebró y lloró. “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”, dijo Lugones ese día, respecto de los involucrados en la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedad del detenido Ariel García Furfaro.
Hace una semana, la exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó, dos técnicas de carrera, quedaron presas. La hipótesis de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado. Operó, según los representantes del Ministerio Público Fiscal, un “manto de cobertura estatal”.
A las mujeres las excarcelaron el viernes pasado, tras una caución real de $75 millones que solventaron con inmuebles en garantía. Tal como contó , Mantecón Fumadó dijo que Lugones era informado de las decisiones que se tomaban sobre Ramallo y HLB, y que había promovido el cierre del laboratorio.
La exjefa del Iname fue echada en agosto del año pasado, mientras avanzaba la investigación penal que comenzó en mayo de 2025. Bisio, que estaba frente a la Anmat, fue sostenida por Lugones un tiempo más y presentó la renuncia recién en enero de este año.
El día de la detención de ambas coincidió con la Cena Anual Consenso de Salud 2026, que reunió a personalidades del sector. El arresto de las exfuncionarias no pasó desapercibido para los asistentes. Lugones asistió a la cena y dio un discurso basado en la gestión libertaria del sector.
En el Gobierno aseguraron que no hay ninguna colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias, a las que se “les soltó la mano desde hace tiempo”. Y repitieron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”.
Voces del oficialismo que hablaron con contaron que internamente los avances en el caso no generaron algún escándalo interno o aceleraron medidas drásticas. Tampoco se activaron terminales judiciales respecto del expediente. No obstante, asumieron: “Obvio que genera ruido el tema, sobre todo porque este gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. Hay que ver hasta dónde escala”. Otra fuente expuso: “Es grave para todos en la gestión, pero no le dieron tanta importancia”.
El ministerio, más allá de lo del caso del fentanilo, está atravesado por desinteligencias entre el estratega Santiago Caputo, que maneja políticamente la cartera desde la Argentina, y su socio Rodrigo Lugones, hijo del ministro, que da instrucciones desde España. Además, también sufrió los coletazos por el avance judicial del caso que investiga sobreprecios y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también está bajo la órbita de Salud.
En el kirchnerismo −que se vio salpicado por los negocios de García Furfaro−, esperan que el próximo 19 de agosto -cuando sesione la Cámara de Diputados para tratar proyectos que mandó Milei- se pueda forzar el tratamiento en comisiones de una nueva ley de Anmat. De esta forma, lograrían reinsertar el tema fentanilo en la discusión pública.
Referentes de distintos sectores políticos del arco opositor coinciden en que la Anmat −un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y autárquico− debería tener una ley que regule su día a día. Afirman que hay una serie de grises en las normas de procedimiento de esa dependencia estatal que quedaron expuestas con las muertes por el fentanilo. En el Gobierno, Lugones también impulsa una profunda reforma del área.
“La Anmat, que controla la industria farmacéutica, tiene una estructura débil con salarios bajos. Es un tema complicado”, comenta un dirigente político de experiencia, que también señala los vínculos de las droguerías y laboratorios con el financiamiento de las campañas políticas.
Durante 2025, cuando trascendió el caso en la Argentina, en Diputados funcionó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein. Participaron ahí familiares de las víctimas. Sirvió para darle más exposición al caso y para que los diputados se pusieran en órbita. No obstante, distintas fuentes que hablaron con reconocieron que el contundente triunfo electoral libertario de octubre (la comisión arrancó a funcionar en septiembre) diluyó su presión. Lugones no asistió a esa instancia; remitió preguntas por escrito.
“Al comienzo de la denuncia, los familiares estuvieron en la soledad más horrible”, recordó ante un dirigente, que definió lo ocurrido como “la máxima tragedia sanitaria argentina”, el mismo término que emplearon otros colegas suyos.
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POLITICA
El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV
El Gobierno confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas en las jurisdicciones particulares que el sumo pontífice visitará en el país.
La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.
Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita.
En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país. La medida busca facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización del operativo religioso.
Respecto del financiamiento, se estableció que cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a sus propios eventos, por lo que los gastos no recaerán exclusivamente en las arcas nacionales sino que se distribuirán entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad.
Por su parte, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, habló sobre que están necesitando 20 mil voluntarios para que “puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. Y añadió: “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse. Tienen que hacerlo a través de acreditaciones.episcopado.org”.
Noticia en desarrollo
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La fiscalía investiga la versión de Adorni sobre la compraventa de bitcoins con la que justificó su patrimonio
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la versión que dio ayer Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, sobre la compraventa de bitcoins con la que pretende justificar su crecimiento patrimonial y conseguir que se cierre la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Esta mañana, como primera medida, Pollicita le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de chequear, paso a paso, las operaciones con criptomonedas que dijo haber hecho Adorni. Busca constatar la veracidad de las compras y ventas informadas, y averiguar si hay rastros de que, como él dice, era el dueño de las billeteras virtuales al momento de esas transacciones.
Aunque el relato incluye aspectos poco verosímiles, para la fiscalía eso no basta para pedir de inmediato la indagatoria de Adorni y es preciso chequear en detalle su versión sobre cómo se enriqueció.
Este lunes, el exfuncionario presentó un escrito de “justificación de bienes” en el que sostuvo que no hizo su dinero durante su paso por la función pública, sino antes, pese a que fue estando en el Gobierno que, sin vender ninguno de sus bienes, se compró un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en el country Indio Cuá, reformó integralmente ese inmueble, viajó con su familia y realizó gastos que no se condecían con sus ingresos declarados ni parecen estar justificados por la actividad profesional de su mujer, Bettina Angeletti, que se presentaba como coaching ontológica.
Para explicar este nuevo patrimonio, Adorni recurrió a supuestas inversiones secretas. Declaró que entre 2014 y 2017 destinó a comprar bitcoins unos US$200.000 que había ahorrado con su mujer y que nunca había declarado. Dijo que, como resultado de esas operaciones -según él, hechas con desconocidos y en lugares públicos-, pasó a tener US$591.544, dinero que atesoró en su casa, en efectivo, durante seis años en los que él y su mujer “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran” y guardarlos para sus hijos. Y alegó que, ya con él como funcionario, decidieron que gastarían la mayor parte de ese dinero para estar más seguros.
El problema central de este relato es que Adorni sostiene que todo se hizo en mercados informales, fuera de cualquier entidad financiera, con desconocidos, sin intermediarios y en negro. Como prueba de que esos bitcoins que dice haber comprado y vendido efectivamente fueron suyos, ofreció un acta de un escribano público que constató que Adorni tiene las claves para acceder a esas billeteras virtuales. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero como el acta es de septiembre de este año, lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.
Según la defensa, esta explicación, el acta y los registros de las operaciones son suficientes para explicar el nuevo patrimonio de Adorni y, en todo caso, deberá el fiscal demostrar que el acusado miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ que se le impuso a Adorni no importa una inversión de la carga de la prueba” y rige el principio “in dubio pro reo”, que impone que, en caso de duda, hay que estar a favor del acusado.
Pollicita dio inicio ahora a una instancia de revisión de lo presentado por Adorni con especialistas en delitos económicos y expertos en criptomonedas. El proceso prevé que, si la fiscalía entiende que el exfuncionario no dio una explicación suficiente del nuevo patrimonio que exhibió como funcionario, le pida al juez —en este caso, Ariel Lijo— que lo cite a declarar en indagatoria como acusado de enriquecimiento ilícito.
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POLITICA
Karina Milei encabeza un nuevo encuentro con la Conferencia Episcopal por la visita del papa León XIV
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezan este martes una nueva reunión con autoridades de la Iglesia para avanzar en los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
El encuentro, programado para las 17 en el Ministerio de Seguridad, cuenta con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.
Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.
Entre las incógnitas todavía a resolver en el encuentro de este martes, el Gobierno debe definir si habrá asueto o feriado en los distritos que recorrerá el Papa.
El canciller Pablo Quirno señaló este lunes en diálogo con TN que el Gobierno evalúa esa posibilidad, aunque acotada a las localidades donde el sumo pontífice tenga actividades: “Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibrio entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”. En la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el funcionario se había expresado de manera similar: “Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser”.
En esa oportunidad, el propio Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, presentaron la agenda completa de la visita. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.
El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.
“Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia”, aseguró Quirno. El funcionario remarcó también que no existen “diferencias fundamentales” entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.
Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como “un punto de llegada y de partida” para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea “un encuentro de hermanos”.
La reunión de hoy en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa.
La agenda de León XIV en la Argentina
La agenda confirmada por el Vaticano comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue a Aeroparque procedente de Montevideo y sea recibido con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.
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