POLITICA
Preocupación en el peronismo del interior por la interna entre los Kirchner y Kicillof: “No somos una alternativa”
“Estamos preocupados. Perdemos aceite por todos lados. No logramos armar una alternativa. Los libertarios retoman la iniciativa y nos van a dejar lejos. La realidad es que no somos una opción”. La confesión de la mano derecha de un gobernador peronista reproduce las sensaciones que se anidan en el peronismo del interior del país. La interna entre Axel Kicillof y la familia Kirchner rompe los límites en forma constante y empieza a generar preocupación afuera de la provincia de Buenos Aires.
En cada distrito hay dificultades en la convivencia del peronismo. En algunas más lógicas que otras. No hay realidades color de rosa. En Tucumán, por ejemplo, la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el ex mandatario Juan Manzur pasa por un pésimo momento. En Santa Fe, en cambio, subsisten rispideces, pero se trabaja con el objetivo común de construir la unidad electoral. Pero en Buenos Aires la situación escaló a un ritmo tan vertiginoso que el daño sobre la la fuerza política se agigantó.
La batalla campal de palabras y acusaciones muestra a un peronismo enloquecido, histérico, donde cada sector tiene su estrategia hacia adelante y donde no hay unidad de criterio para acumular fuerzas. En vez de sumar horas articulando una opción electoral diversa y sólida, pierden horas poniendo sobre la mesa los resquemores del pasado e intentando que Axel Kicillof haga lo que no quiere hacer. Y ahí está estancada la discusión. Cada vez con menos matices y más odio.
“Qué necesidad de hacer esto, qué torpeza. Lo que está pasando es un desastre. Necesitamos un peronismo nacional fuerte. Si todo esto es para sacarnos culpas del pasado, nos podemos pasar la vida haciéndolo. ¿A quién le sirve esto? A nadie», se quejó un diputado nacional del norte argentino.
Desde las provincias, el conflicto bonaerense se ve como una discusión lejana para el día a día de la gente y preocupante para la realidad del peronismo en su conjunto. No solo que no ven unidad, sino que tampoco divisan una salida al conflicto interno de poder que tiene el kirchnerismo. Lo único que saben es que las fricciones bonaerenses repercuten en el armado nacional y dificultan la construcción, a esta altura del calendario, de un proyecto electoral.
“Están jugando a cosas distintas. Unos están planteando apostar al poder, que es el sector de Kicillof, mientras que del otro lado están viendo cómo hacen para que en la agenda de Axel sean un elemento central. Es altamente nocivo porque terminan lastimando a la competitividad de todos”, reflexionó un histórico dirigente del peronismo del interior.
Hay una carga fuerte de negatividad en las mirada de los peronistas de las provincias. Lo único que atenúa esas proyecciones es la distancia de tiempo que hay con las elecciones. “Es preferible que esto pase ahora y no el año que viene. El tema es que si esto nos sucede en febrero o marzo del 2027, va a ser difícil la situación”, sostuvo el mismo dirigente, con larga trayectoria en las filas del justicialismo.
Aparecen estas miradas a futuro algunas hipótesis válidas como que Cristina Kirchner, al final del camino, termine generando un acuerdo con Kicillof o que las diferencias se diriman en unas PASO, donde el candidato ganador quede legitimado por los votos. Lo que atormenta a todos es la incapacidad del peronismo para poder ser una oposición sólida, que no quede anclada en las discusiones internas y que no se autoflagele todas las semanas.
“Nos estamos comiendo entre nosotros. Es un peronismo caníbal. Si la tregua no existe, vamos a perder las elecciones. Hoy el peronismo no tiene un candidato que represente a todos”, afirmó un senador nacional del centro del país. Las miradas son diversas en el territorio, pero de norte a sur hay un concepto compartido: la interna está destruyendo al peronismo nacional.
En las provincias miran el fenómeno bonaerense como parte de un cambio de ciclo en el kirchnerismo. Y, al mismo tiempo, aceptan que, cuando lleguen las elecciones locales, cada cual atenderá su juego. En otras palabras, la mayoría de los gobernadores va a desdoblar los comicios provinciales y tratarán de aislarlos de la pelea que atraviesa al justicialismo a nivel nacional. Si cada uno mira su quintita y las peles continúan, entonces el proyecto nacional encontrará limitaciones varias.
Existe en algunos jugadores políticos la idea de que la necesidad de todos de volver al poder va a ser más fuerte que las rencillas internas. Otros creen que el camporismo prefiere jugar a perder y que piensa en una candidatura propia para el 2031. Asumen, en esa proyección, que es imposible que respalden a Kicillof, el principal precandidato que hoy tiene el peronismo.
Una tercera posición pretende que el gobernador bonaerense desarme el conflicto en una reunión con Cristina Kirchner y ponga fin al fuego cruzado. Cada uno tiene sus argumentos, pero todos miran desde afuera. No quieren quedar contamitados por una guerra que sienten que no les pertenece.
En el kicillofismo hay una línea bajada por el Gobernador de no responder los ataques de La Cámpora. En el cristinismo aumentan la presión para que Kicillof visite a CFK y mejore la convivencia interna. La relación se volvió completamente inviable y, por momentos, disparatada. Es un enfrentamiento sin límites claros y sin sentido para las mayorías.
Un gobernador del peronismo fue escueto en la definición de la realidad actual que se vive en el escenario bonaerense: “Están rifando el armado de un proyecto de futuro por la disputa del poder momentáneo”. Incrédulos de lo que están presenciando, en el peronismo de las provincias tratan de convencerse que la interna algún día se frenará. No saben cómo ni cuándo. Solo apuestan al pragmatismo de los actores y al olor a poder que se respire en el inicio del proceso electoral.
POLITICA
Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA
Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.
“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.
Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.
En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.
Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.
Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.
Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.
Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.
Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.
De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.
La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.
“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.
Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.
Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.
En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.
Otras menciones en el acto
El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.
En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.
A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».
reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.
En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.
En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
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“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.
“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.
Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.
En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años
La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.
En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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